Por: Dinorah Miller
Desde finales del siglo pasado, el sistema de educación superior en México ha experimentado un crecimiento significativo. Este proceso incrementó la tasa de escolarización, amplió la cobertura y diversificó la oferta educativa, permitiendo que una base social más amplia participe en este nivel formativo. Este avance es crucial, para promover la movilidad social, reducir desigualdades y fortalecer el desarrollo económico del país. En este contexto, Claudia Sheinbaum ha reafirmado su compromiso con la expansión institucional y de cobertura en el sector educativo mediante la creación de 330,000 nuevos espacios en instituciones como la Universidad Rosario Castellanos (UCR), la Universidad de la Salud (UNISA), la Universidad para el Bienestar Benito Juárez (UBBJ), el Tecnológico Nacional de México (TecNM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Aunque el acceso a la educación superior sigue siendo una prioridad, un aspecto que merece especial atención, es la orientación hacia el egreso, subrayando la vinculación entre la formación terciaria y el sistema productivo. Este tema se plantea como un desafío clave en el siglo XXI, ya que busca fortalecer la conexión entre el sistema educativo y el mercado laboral para garantizar una transición más efectiva de los egresados hacia el empleo.
En su documento 100 Puntos de Nuestro Proyecto de Nación, Sheinbaum propone estrategias que aprovechen las capacidades profesionales y técnicas existentes, al tiempo que alinean los perfiles de egresados con las demandas laborales. La meta es responder a los cambios del entorno productivo mediante un ecosistema que fomente la colaboración entre gobierno, academia y sector privado. Esto se logrará a través de un marco institucional que facilite la cooperación y el desarrollo de talento con las necesidades del mercado.
Algunas iniciativas coinciden con la Ley General de Educación Superior, que prioriza alianzas con sectores productivos, fortalecimiento de capacidades tecnológicas, certificación de competencias mediante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), y modelos educativos flexibles para la colaboración universidad-empresa-gobierno. Además, los Foros de Vinculación del gobierno previo generaron documentos como el Marco General para la Educación Dual en México y el Marco General de Emprendimiento Asociativo para la Educación Superior en México. El primero subraya la importancia de modernizar la educación dual para sectores como economía social, agropecuario y tecnología, priorizando el bienestar comunitario. El segundo replantea el emprendimiento como un proceso educativo y social centrado en la innovación colectiva y la colaboración, más allá de la creación de empresas individuales.
No obstante, esta orientación deja sin mención problemas críticos como la segmentación laboral y educativa. En el ámbito educativo, persisten desigualdades en infraestructura, calidad de enseñanza y experiencias escolares, agravadas por las precarias condiciones laborales del profesorado. Cerca del 70% de los docentes de nivel superior enfrenta contratos temporales o de tiempo parcial, sin estabilidad ni prestaciones, ¿cómo formar para el empleo cuando los mismos docentes están precarizados? Además, se omiten las dinámicas regionales que perpetúan desigualdades estructurales en los mercados laborales, limitando la inserción de los egresados. Fortalecer la vinculación entre educación y empleo es relevante, pero abordar las desigualdades estructurales es crucial para evitar un enfoque simplista y adecuacionista.
