Por Romualdo López Zárate
Recientemente, el 15 de abril, se publicó el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025-2030. A más tardar en octubre de este año se conocerán, entre otros, el Programa Sectorial de Educación Superior, el Programa Especial en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación, derivados del PND y el Programa Nacional de Educación Superior (PNES) señalado en la Ley General de Educación Superior (LGES) (Art. 56).
Las referencias a la educación superior y al desarrollo de la investigación son , al igual que el Plan del sexenio anterior, muy breves y no ofrecen una guía para atender siquiera los 3 compromisos para el segundo piso de la transformación (p. 17), y cumplir los cuatro indicadores contemplados.
En efecto, el compromiso 32 es crear 300mil nuevos espacios para la educación superior con lo cual la cobertura bruta de escolarización en la educación superior se incrementaría de 43.8% registrada en 2023 a 55% para 2030. (Indicador 2.2).
El compromiso 33 es lograr que México se convierta en una potencia tecnológica y de innovación y el indicador elegido es incrementar, de forma muy modesta, la proporción de patentes otorgadas a titulares mexicanos de 13.41% registradas en 2023 a 14% en 2030 (Indicador 2.4). Se establece un indicador específico para los investigadores de alto nivel en el área de salud, también con un incremento bajo, pasar de 52.6 % en 2023 a 53% en 2030.
Para alcanzar el compromiso 33 se establece en el 34 la formulación de un Programa de Desarrollo Tecnológico y de Innovación. En el Objetivo 4 del Eje Transversal 2 referido a la Innovación Pública para el desarrollo tecnológico nacional se precisa el alcance: “Impulsar la investigación colaborativa, el desarrollo tecnológico y la innovación en sectores estratégicos con el objetivo de convertir a México en una potencia científica y tecnológica con soberanía.” El indicador seleccionado se queda muy corto con respecto al objetivo pues sólo se refiere al índice de resultados tecnológicos que se incrementará del 0.19 registrado en 2023 al 0.25 para 2030.
Como se puede observar, hay la expectativa de que los tres Programas a desarrollar en los próximos meses incluyan objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y metas globales, no sólo para lograr los compromisos e indicadores del PND sino para subsanar otros aspectos. Por ejemplo: los desencuentros entre las universidades y el extinto CONACYT, las equívocas descalificaciones del anterior presidente para el trabajo formativo y de investigación del conjunto de universidades autónomas, el desdén por cumplir con los compromisos presupuestales establecidos expresamente en la LGES, uno de los cuales es “establecer un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficientes para la obligatoriedad, de manera gradual, de los servicios de educación superior, así como la plurianualidad de su infraestructura” (LGES, art. 64, 2021)
Existe la esperanza de que la actual administración formule un PNES que sea oportuno.( El anterior se dio a conocer pocos meses antes de la terminación del sexenio); que de continuidad a los objetivos, planteamientos y compromisos establecidos en la LGES; que ofrezca opciones para superar los efectos nefastos de algunas de las políticas “neoliberales” que privaron durante 30 años pero que desafortunadamente no ofrece una propuesta integrada y consensuada. Que se ocupe, por ejemplo, de ofrecer explicaciones convincentes para crear nuevas modalidades de educación superior; que recupere en sus nuevas instituciones características propias de las universidades autónomas como la libertad de cátedra e investigación, el gobierno colegiado, el derecho de los trabajadores a formar sindicatos, la información pública y oportuna de su quehacer, el recambio pautado de autoridades para superar la presunción de imprescindibilidad de una persona.
Un programa que enfatice que la pretensión de hacer del país una potencia tecnológica y de innovación, necesariamente, requiere del concurso de las universidades autónomas. Pues, son ellas el espacio privilegiado para crear y recrear el conocimiento, son ellas las que ofrecen la mayor parte de programas de formación doctoral del país, son las que reúnen a la mayor parte de investigadores nacionales de segundo y tercer nivel y de los eméritos. Hacerlas a un lado es un despropósito.
La gestión del actual gobierno en los pocos meses de su ejercicio da muestras de dejar atrás una confrontación estéril entre las universidades y el poder ejecutivo. Hay, en el nombramiento de la titular de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación una esperanza fundada de trabajo colaborativo, creativo, cercano con las instituciones de educación superior. El nombramiento del exrector de la Universidad de Guadalajara como Subsecretario de Educación Superior parece superar la descalificación del anterior ejecutivo contra un personaje conspicuo de la U de G y abre expectativas de entendimiento, colaboración y trabajo conjunto con todas las instituciones de educación superior y particularmente con las universidades autónomas.
Hay vientos favorables de cambio para bien de nuestros jóvenes, de nuestros investigadores, de nuestras instituciones, de nuestro país.
