Por Sarahi Marín Aldana
En Metztitlán, Hidalgo, las lluvias recientes causadas por el huracán Priscilla dejaron más de 5,500 hectáreas afectadas y alrededor de 2,800 productoras y productores en espera de un apoyo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural Hidalgo (2025)[1]. Sin embargo, el problema va más allá del desastre natural, la preocupación actual es el reflejo de una política agrícola desestructurada centrada en la caridad pública y no en la reconstrucción económica del campo.
En este municipio, como en muchos otros de la región, la principal fuente de sustento económico es la agricultura, pero también el espejo más claro del abandono histórico que sufren miles de comunidades rurales. El 14 de octubre del presente año, agricultores de Tamaulipas, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Michoacán, Querétaro, Guerrero y Morelos se movilizaron tomando varias casetas con el fin de ser escuchados exigiendo precios justos y denunciando un sistema donde la ganancia se concentra en los intermediarios, mientras los productores apenas sobreviven (La Jornada, 2025)[2]
El reclamo es legítimo; los precios actuales del maíz y otros granos no cubren los costos de producción que incluyen maquinaria, combustible, semillas, fertilizantes, insecticidas, salarios, transporte, entre otros recursos. Ante ello, la población está cansada del discurso oficial del gobierno que solo se limita a la entrega de semillas, fertilizante, pero eso no soluciona el problema estructural, lo que realmente es necesario es una política agrícola integral que contemple créditos accesibles sin burocracia, precios de garantía reales, infraestructura productiva y una comercialización transparente que devuelva al campo su rentabilidad.
Si el campo se mide solo por lo que se siembra y no por lo que se gana, seguirá siendo una actividad de sobrevivencia, no de desarrollo. Es preciso que el Gobierno de México considere la consolidación del campo como una inversión, y no solo como un gasto, de esta manera puede ser, efectivamente, un motor de desarrollo económico y social, capaz de generar empleo, arraigo y seguridad alimentaria.
Los pobladores exigen condiciones justas para producir y vivir de su trabajo. El gobierno estatal y federal tiene en Metztitlán una oportunidad de demostrar que aprendieron la lección, que no bastan las ayudas asistenciales ni las visitas mediáticas.
La verdadera ayuda será garantizar precios justos, infraestructura estable y acompañamiento técnico y financiero sostenido. Solo así, cuando vuelva a llover, lo que crezca no será la desesperación, sino la esperanza.
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