Hoy tendrá lugar la conversación pendiente entre Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, y el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Es público que hay una diferencia política de fondo y también que el desencuentro tiene como escenario muy posible la renuncia del secretario.
Una serie de decisiones presidenciales han venido subordinando la responsabilidad del funcionario a los mandos militares.
La construcción del aeropuerto de Santa Lucía fue encomendada al Ejército, lo mismo que un tramo importante del Tren Maya. Más recientemente, el mandatario anunció que la administración de los puertos y las aduanas del país también pasarían a manos de las Fuerzas Armadas.
Esta pugna confronta a los poderes civil y militar y, al parecer, Jiménez Espriú no está dispuesto a convertirse en un empleado menor de las secretarías de la Defensa y la Marina.
El viernes de la semana pasada López Obrador anunció, desde el puerto de Manzanillo, que, para combatir la corrupción, el tráfico de drogas y el trasiego de armas lo mejor era retirar a los funcionarios civiles de sus cargos.
Tiene razón el secretario al preguntarse sobre su situación dentro del gabinete. El anuncio arrojó una nube densa de desconfianza política sobre su cabeza. Si, ante los ojos presidenciales, el poder civil –encabezado por él– no sirve para gobernar los 116 puertos y el principal aeropuerto del país, ¿para qué permanecer en el cargo?
En revancha, López Obrador ha demostrado tener fe inquebrantable en las Fuerzas Armadas. Ningún otro presidente les había entregado tantas responsabilidades. Supone que la disciplina castrense es un antídoto perfecto contra los peores males del país. Y sin embargo la evidencia pone en tela de juicio esta convicción.
Los dos puertos más penetrados por el crimen organizado durante la administración de Enrique Peña Nieto fueron administrados por altos mandos de la Marina. En junio de 2016 el Contralmirante Alejandro Miranda Oceguera fue nombrado Director General de la Administración Portuaria Integral (API) de Manzanillo, Colima, quien a su vez sustituyó al Vicealmirante Jorge Rubén Bustos Espino.
Coincidió la gestión de Miranda Oceguera con el más horroroso infierno de violencia que haya enfrentado la región. Colima pasó de ser uno de los estados más seguros, para ocupar el primer lugar en homicidios dolosos.
Esta violencia se explica por la disputa feroz entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, sobre todo por el control de Manzanillo, municipio que concentró más del 40% de las muertes violentas porque se trata de un punto estratégico global en la ruta de la droga y las armas.
Jiménez Espriú podría preguntarle a su jefe porqué cree que la medicina militar sí va a servir en esta ocasión. No fue cierto que, con el Contralmirante Miranda Oceguera, ni con el Vicealmirante Bustos Espino, hayan mejorado las cosas. De hecho, empeoraron. En la misma época también fue nombrado, como director del puerto de Lázaro Cárdenas, el Almirante Jorge Luis Cruz Ballado. Se trata de otro punto estratégico en la misma ruta criminal, en pugna por las distintas organizaciones delictivas que operan en las costas del Pacífico.
El artículo 129 de la Constitución mexicana previene contra la decisión anunciada por el Presidente. Dice claramente que en tiempos de paz “ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar”.
Por tanto, no puede ponerse al Ejército ni a la Marina a administrar puertos y aduanas sin violar la Carta Magna. La opción de nombrar a militares “con licencia” para darle la vuelta al mandato constitucional ha dado pésimos resultados. Los datos no mienten.
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Estos deberían ser los términos de la conversación convenida para el día de hoy entre el presidente y el secretario. Sin embargo, cabe temer que la decisión de meter a la Marina y la Defensa a controlar los puertos sea irreversible, y por tanto también la renuncia del funcionario.
