No es por impericia ni estupidez que a cinco años de la tragedia de Iguala el caso siga pendiente. La explicación frente a la tardanza radica en la magnitud de la red de complicidades que este caso exhibe, todavía con impunidad.
Para el gobierno de Enrique Peña Nieto hubo prisa en refutar la consigna de las marchas que gritaban “fue el Estado,” porque sus operarios traían prisa en el cuerpo para minimizar la desaparición de los 43 normalistas.
Sin embargo, a cinco años de la tragedia no es posible esconder la magnitud de la red criminal responsable de ese episodio. La flecha que surcó aquella noche del 26 de septiembre de 2014 arrojó luz sobre una maraña que vincula a las autoridades de varios municipios, al gobierno estatal, a funcionarios federales, al Ejército, a empresas transportistas privadas, a funcionarios de la Procuraduría General de la República, a muchos periodistas, a líderes de opinión, a una organización criminal cuyo mando radicaba en los Estados Unidos y también a agentes del gobierno de ese país.
Después de un lustro de investigaciones, hay evidencia sobre cada tramo perteneciente a esta extensa conspiración criminal: policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Mezcala participaron en el operativo de desaparición forzada. Ellas contaron presumiblemente con el apoyo de presidentes municipales, entre ellos José Luis Abarca de Iguala y Cesar Miguel Peñalosa Santana, de Cocula.
Se sumaron al operativo para recuperar los autobuses de pasajeros cargados de heroína, la policía del estado de Guerrero, la policía ministerial adscrita a la PGR y también la Policía Federal.
Cabe sospechar que, igualmente, al menos por omisión, las Fuerzas Armadas fueron cómplices de lo sucedido.
En el presente es irrefutable que la red mafiosa no se detuvo en Guerrero. Pero, para ocultar la dimensión de las complicidades, la Procuraduría de Jesús Murillo Káram y también la Agencia de Investigación Criminal, a cargo de Tomás Zerón, obstruyeron las investigaciones a partir de una teoría falsa del caso y un cierre prematuro de las pesquisas.
Son esas autoridades las principales responsables de que hoy estén libres decenas de presuntos implicados en el caso Ayotzinapa. La obtención de confesiones por medio de la tortura, así como la pobreza de la evidencia científica presentada ante los jueces, pudieron haber sido, desde el principio, estrategias bien maquinadas para liberar a los perpetradores y así evitar que se convirtieran en delatores.
Porque se trata de una red criminal que supera las fronteras del país, hoy sabemos que las verdaderas cabezas de la organización responsable de la tragedia de Ayotiznapa radican en los Estados Unidos. E, igual y como está sucediendo con sus contrapartes mexicanas, allá también los jueces tienen contemplado liberar a la cúspide de la pirámide.
Así como Murillo y Zerón ocultaron información, la DEA y los tribunales de Chicago escondieron material clave relacionado, no solo con la desaparición de los normalistas, sino aquella referente a la estructura, los movimientos y la dimensión de la red gobernada por Pablo Vega, desde Illinois.
Resulta evidente que el patrón utilizado para proteger a la organización Guerreros Unidos es tan recurrente en Iguala como en Chicago.
Para las autoridades de ambos países la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa fue lo de menos. La cuestión todo el tiempo ha sido minimizar, ante la opinión pública, el tamaño del gigante criminal.
Vale insistir que esta estrategia ha contado con aliados muy leales desde los medios de comunicación, quienes, todavía hoy, abrazan las peores mentiras con una necedad tan sospechosa como exaltada.
Si, como dice el refrán, las escaleras se barren de arriba hacia abajo, la verdad en el caso Ayotzinapa podría ser revelada solamente si se lograse explicar por qué el gobierno de los Estados Unidos ha guardado con sospechoso celo información clave a propósito de las cabezas de la organización criminal dirigida por Pablo Vega, y más que todo, sobre sus contrapartes mexicanas.
En el mismo sentido tendría que resolverse otra parte de la ecuación: la compulsiva obsesión de los titulares de la antigua PGR, en particular de la SIEDO, por encubrir información relativa a los Guerreros Unidos, a su modus operandi y a las autoridades que, por decenas, se hallan en la nómina de esa empresa criminal.
La invención de la mentira sobre los jóvenes cremados en el basurero de Cocula se realizó con un propósito deliberado: mantener la macro red criminal intacta, después de la tragedia de Ayotzinapa.
ZOOM: Cabe que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador logre descubrir el paradero de los normalistas de Ayotzinapa. Eso permitiría obtener justicia. Sin embargo, el principio de no repetición obliga a desenmascarar a todos y cada uno de los cómplices de la red más importante de tráfico de heroína que todavía hoy cruza desde México hacia los Estados Unidos.
