Todo indica que se ha llegado a un acuerdo en principio con relación al texto del T-MEC. Seguimos sin conocer el texto y nuestra única guía son las migajas de información que nos comparte Cancillería (que no cuenta con facultades para negociar tratados comerciales) y el Senado.
A continuación, unos breves comentarios a lo que ha trascendido sobre el alcance de la modificación. El canciller informó que 90% del texto del T-MEC no está sujeto a discusión y que lo negociado se reflejará en un “adendum” y que en ese tiene “varias líneas rojas”. Cualquiera que sea su nombre, el hecho es que el T-MEC se reabrió y no es posible discernir dónde se encuentran o cuáles son las “líneas rojas”.
El canciller habló de cinco grandes rubros: laboral, solución de controversias, ambiental, reglas de origen de acero y aluminio, y medicamentos biotecnológicos.
En materia laboral mucho se ha señalado, como si fuera un mantra, que sería inaceptable permitir que vengan inspectores a revisar a nuestro país el cumplimiento de leyes laborales. Sin embargo, se nos olvida que autoridades de Estados Unidos (de México y Canadá) tienen la facultad de inspeccionar en el otro país el cumplimiento en materia de reglas de origen, antidumping y normas sanitarias y fitosanitarias. Incluso en este último rubro autoridades de Estados Unidos “viven” en México para verificar que el aguacate que se exporta a Estados Unidos está libre de plagas.
Por ello, no resulta nada clara la obsesión por no permitir este tipo de inspecciones que actualmente se dan en otras materias. Incluso se perdió una oportunidad para contar con una herramienta para verificar el cabal cumplimiento de leyes laborales de Estados Unidos que se aplican a nuestros paisanos.
Por otro lado, se ha señalado que a cambio de esto “se ofreció” que este tema quedara incluido en el capítulo de solución de controversias. Sin embargo, se desconoce en qué contexto del procedimiento de solución de controversias se otorgará a Estados Unidos el derecho a realizar este tipo de inspecciones.
Se habla incluso de que el capítulo de solución de controversias tendrá algún procedimiento especial o facilitará a la parte demandante iniciar controversias laborales. Al respecto, el problema del capítulo laboral es más profundo que un derecho a inspección que amerita un análisis exhaustivo. Basta por ahora decir que pareciera que las demandas demócratas facilitarán sustancialmente la presentación de casos laborales.
Resulta sorprendente que a cambio de esto México no haya pedido ya sea que se previera un mecanismo especial para amenazas contra elevación de aranceles o se estableciera una prohibición para el uso de aranceles para temas ajenos a los comerciales, i.e. migración o narcotráfico.
En materia ambiental, la explicación que se dio es que México tiene una posición más avanzada que EU, por ejemplo, en cambio climático, por lo que no se tuvo el mayor reparo en aceptar lo que se puso en la mesa, ya que también se obligaría a la contraparte.
En materia de acero y aluminio, México ya había aceptado compromisos sustantivos con respecto a las reglas de origen. Estados Unidos incluyó un tema que responde más al interés de su industria acerera que a demandas del partido demócrata. Se trata de una modificación sustancial al paquete de origen acordado que cambia la determinación de lo que se considerará como un bien originario.
A simple vista, este cambio de última hora no tuvo en cuenta consideraciones técnicas de proveeduría o de integración regional. Ello podría implicar que algunas acereras mexicanas no puedan ser proveedores de la industria automotriz por carecer de la infraestructura necesaria para iniciar sus procesos productivos a partir de la fundición.
En cuanto a procedimiento legislativo, sorprende que el canciller señale que nunca se había hecho un ejercicio informativo así con el Senado en ninguna negociación de esa envergadura, y el senador
Monreal lo califique como un ejercicio inédito del Ejecutivo Federal el haber informado a la Cámara Alta.
Se ignora que existe la Ley sobre la Aprobación de Tratados Internacionales en Materia Económica, promulgada desde 2004, con objeto de reglamentar las facultades constitucionales del Senado de requerir información al Ejecutivo Federal sobre la negociación, celebración y aprobación de tratados comerciales. Al amparo de esas obligaciones, es que el Ejecutivo lleva informando de sus procesos negociadores y compareciendo ante el Senado para aclarar dudas. Parece haberse olvidado que no sólo el T-MEC sino otros procesos, como Alianza del Pacífico y la modernización del TLC México-UE, han contado con un acompañamiento de senadores.
Lo que más sorprende es la manera en que se ha “vendido” esta renegociación. Se ha hecho creer que fue exitosa simplemente porque el canciller y su “negociador”, así lo determinaron. No hubo un verdadero diálogo técnico y político sobre el alcance de la misma. Sin conocer los textos es difícil hacer un juicio definitivo. Lo que hoy se sabe es que se negoció sin facultades, de manera apresurada, con gran opacidad y sin acompañamiento técnico. Al final, queda por verse si las “líneas rojas” no nos llevan a caminos intransitables.
Profesor Titular. Facultad de Derecho. UNAM. Exjuez del Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio.
