Jean Bodin, uno de los pioneros del pensamiento político moderno, afirmaba que la soberanía “es el poder absoluto y perpetuo de una República”. Concebía a la soberanía como la autoridad máxima e indivisible dentro de un Estado, una fuerza que asegura el orden interno y protege al país de influencias externas. Para él, la soberanía no podía ser compartida ni limitada por actores externos, ya que esto pondría en riesgo la estabilidad y la autonomía.
Este principio, arraigado en el pensamiento político, subraya la necesidad de un Gobierno fuerte, que garantice que las decisiones fundamentales de la nación sean tomadas de manera independiente. Y es precisamente en este contexto que la soberanía se erige no como una palabra, sino como el escudo que protege a las naciones de la subordinación económica, política o cultural.
La propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum de reformar los artículos 19 y 40 constitucionales encarna la idea anterior. Con una visión de largo plazo, nuestra mandataria tomó una decisión histórica que garantiza que el poder político permanezca plenamente en manos mexicanas y que nuestra nación no quede vulnerable ante ningún tipo de presiones externas.
Esta reforma responde a los desafíos que enfrentamos actualmente, consolidando con ello nuestra independencia y enviando un mensaje claro al mundo: la soberanía mexicana es el alma de la República, y la vamos a defender con unidad y con firmeza.
Con 327 votos a favor, en la Cámara de Diputados aprobamos en lo particular esta reforma constitucional que fortalece la soberanía nacional y protege a México de cualquier intromisión extranjera. Es un hecho de enorme trascendencia histórica, que refleja el compromiso de la Cuarta Transformación con la independencia y autodeterminación de nuestro país.
Sin embargo, durante el debate previo a la aprobación del dictamen, algunas voces opositoras intentaron descalificar la iniciativa con argumentos endebles, manipulaciones y tergiversaciones que sólo evidenciaron pobreza de análisis y falta de compromiso con el interés nacional.
De ahí la importancia de subrayar la magnitud de la reforma. Se trata de la tercera modificación al artículo 40 desde la incorporación de éste en la Constitución de 1824. Establece la voluntad del pueblo mexicano de constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal, compuesta por estados libres y soberanos.
La primera modificación agregó el carácter laico de nuestra república, y la segunda incluyó a la Ciudad de México como parte de la Federación. Ahora, con esta tercera reforma, se establecen con claridad los límites a cualquier acto de intromisión extranjera en los asuntos internos de México.
El nuevo texto constitucional deja claro que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o actos externos que vulneren la integridad, independencia y soberanía de la nación.
Además, se rechaza, de manera categórica, cualquier golpe de Estado, injerencia en elecciones o violación del territorio nacional, ya sea por tierra, mar, aire o espacio. Asimismo, se prohíbe expresamente la intervención en investigaciones o persecuciones sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano.
Este es un escudo constitucional sin precedentes. Ningún otro titular del Poder Ejecutivo en la historia moderna del país había impulsado una reforma de tal magnitud para blindar nuestra soberanía. Con lucidez y valentía, la Presidenta tomó una decisión crucial que garantiza que el futuro de la nación sea decidido por las y los mexicanos, sin injerencismos externos.
Por otro lado, el artículo 19 también se fortalece con la reforma, al ampliar el catálogo de actos ilícitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Así, establece que las personas nacionales o extranjeras involucradas en delitos de terrorismo y fabricación, distribución y traslado ilegal de armas en territorio nacional estarán sujetas a ese tipo de detención precautoria.
No podemos permitir que queden impunes quienes, de manera clandestina, introducen armas a México, poniendo en riesgo la paz de nuestra gente, como sucedió con el tristemente célebre operativo Rápido y Furioso, implementado durante el sexenio calderonista.
Esta reforma es una decisión política basada en la defensa del interés nacional y en la necesidad de fortalecer nuestro orden jurídico para hacer frente a los desafíos actuales. La historia nos ha demostrado que cuando las naciones renuncian a su soberanía o la debilitan quedan a merced de intereses ajenos, y México no cometerá ese error.
Es momento de que todos los sectores comprendan la trascendencia de esta reforma y se unan en torno a nuestra Presidenta. No es una cuestión partidista ni ideológica, sino de interés nacional. Nuestra soberanía no es negociable ni debe ser moneda de cambio en disputas políticas o económicas.
Tenemos una Jefa de Estado con la determinación y la capacidad de defender lo que nos pertenece, y estoy seguro de que la historia recordará esta reforma como un precedente en la consolidación de nuestra independencia y como el momento en que, como pueblo, reafirmamos el derecho a decidir nuestro propio destino.
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