El lamentable asesinato de Giovanni López se da en el contexto de la pandemia por COVID-19 que ha llevado a las autoridades de todo el mundo a tomar decisiones complicadas frente a la rápida evolución de la crisis, evidenciando la importancia y el peso que la actuación de los gobernantes tiene en el rumbo de las vidas de quienes integran las sociedades. Ser depositario de la soberanía popular es una de las tareas más delicadas, y en tiempos de contingencia se convierte en una labor de la cual depende el éxito o el fracaso de los países.
Por ello, siempre he sostenido que la persona servidora pública que ocupa posiciones de alto nivel tiene que actuar con tres características: con serenidad, con honestidad y con prudencia. En tal virtud, y ante la actual coyuntura generada por la COVID-19 y el homicidio de Giovanni López, lo más recomendable es que no se profundicen las diferencias, que no se genere mayor confrontación, que no se alimente la polarización, porque ello podría provocar mayor encono y llevarnos a un punto en el que el divisionismo sea tan agudo que no haya forma de retornar.
No hay duda de que, durante décadas, las estructuras y las herramientas con que cuentan los gobiernos de las entidades federativas se debilitaron, como consecuencia inmediata del saqueo que tenía lugar. Entre otros, los fondos federales diseñados para apoyar el fortalecimiento y la capacitación de las fuerzas de policía locales eran gastados de manera incorrecta, desprotegiendo la integridad de los elementos policiales y generando vicios profundos que ocasionaron que fueran rebasadas las capacidades institucionales de las corporaciones.
Sólo por mencionar un ejemplo, en 2018 se registraron en México 153,414 policías municipales. De este total, solamente el 11.29 por ciento había sido capacitado en materia de prevención del delito; el 20 por ciento, en derechos humanos y garantías individuales, y el 14 por ciento, en el uso legítimo de la fuerza. A nivel estatal, si bien las corporaciones policiacas presentan niveles de capacitación más elevados, aún se encuentran por debajo de lo que se debería aspirar. De los 217,767 elementos que conformaban el personal destinado a funciones de seguridad pública a nivel estatal, solamente el 53 por ciento había recibido algún tipo de capacitación.
Ésta es una realidad a lo largo del país, una deformación que se ha venido gestando con el tiempo y que desgraciadamente da lugar a sucesos tan lamentables como el asesinato del joven habitante de Ixtlahuacán de los Membrillos. Es importante que este caso sea investigado y que se deslinden responsabilidades, pues la respuesta de la población ha sido salir a manifestarse para exigir que este acto no quede impune, y así se abre la posibilidad de que un problema local de abuso de autoridad se pueda extender aún más de lo que hoy ya estamos presenciando.
Hasta el momento se han registrado protestas en la Ciudad de México, San Luis Potosí y Jalisco. En cada una de estas entidades, la intensidad de las expresiones ha variado, al igual que las reacciones de las autoridades. Es importante tener presente que este tipo de manifestaciones siempre se dan de manera inesperada, pues surgen de la irritación y de la indignación social de las personas, cuyo derecho a manifestarse y a expresarse debe ser respetado y protegido. Por ello, la coerción o el inicio de carpetas de investigación contra quienes salieron a protestar, difícilmente podrá dar cauce al justificado reclamo social. Lo recomendable es, entonces, buscar caminos de entendimiento racional, de colaboración y de apoyo recíproco.
En este sentido, resulta afortunado y prudente que las autoridades del estado de Jalisco hayan reconocido los errores cometidos por la policía local para contener las manifestaciones, denominándolas acciones irresponsables y brutales. El país enfrenta momentos difíciles a causa de la COVID-19 y bajo este contexto es fundamental escuchar las recomendaciones de instancias internacionales, como la ONU, la cual ha advertido que, en tiempos de miedo y pánico, algunas naciones pueden caer en la tentación de recurrir a medidas restrictivas y punitivas, como criminalizar a las personas que ignoren las restricciones, lo cual puede tener efectos altamente nocivos.
La polarización en un cambio de régimen es entendible, pero la violencia será siempre condenable, y el resultado será solamente la generación de más violencia. El asesinato de Giovanni López tiene que ser investigado, y las manifestaciones que exigen justicia, respetadas, pues son la base de cualquier democracia que aspire a ser funcional y a verdaderamente representar la voluntad popular. A nadie conviene caer en las prácticas que la pandemia que nos azota está haciendo resurgir: la división, el encono y la mezquindad. La unidad tiene que estar por encima de los impulsos personales de las autoridades, que no deben perder de vista los valores que han de guiar su actuación.
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