La mayoría de las encuestas de opinión señala una tendencia clara: la doctora Claudia Sheinbaum Pardo será la primera mujer que gobernará México.
Esta propensión, como en todos los casos en que la diferencia entre el primer lugar y el segundo es, cuando menos, de veinte puntos, es ya irreversible. Por ello, en un escenario ideal, tanto ganadores como perdedores tendrán que actuar con altura de miras y anteponer el proceso de democratización a cualquier interés personal.
Lamentablemente, quienes desde ahora se sienten derrotados están maquinando una estrategia perversa para empañar no solamente el triunfo de un movimiento, sino el proceso democrático de todo un país, y lo hacen a través de dos argumentos débiles y falibles.
El primero tiene que ver con el intento de posicionar en la conciencia colectiva la inminencia de un fraude a la elección del próximo 2 de junio, que se daría a través de un hackeo o la caída del sistema del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP).
El segundo está directamente relacionado con el uso político del proceso de erradicación de la inseguridad, pues, a pesar de que el mapa de riesgos de instalación de casillas recae en el Instituto Nacional Electoral (INE), una fracción opositora busca presentar su propio análisis, realizado, por cierto, de manera privada, partidista y sesgada.
Resulta paradójico, para no decir hipócrita, que quienes han buscado erigirse como paladines y defensores del propio INE sean ahora los que buscan interferir de manera directa en las funciones de este, e incluso poner en tela de juicio su capacidad para llevar a cabo estos comicios. Sin embargo, un breve análisis del génesis del Instituto y del proceso de democratización en el país facilita el entendimiento de lo que está sucediendo en este último tramo del proceso electoral.
Cuando un régimen hegemónico o autoritario empieza a perder control y credibilidad, suele optar por “atarse las manos”, delegando el desarrollo y los resultados electorales en cuerpos independientes, siempre y cuando piense que el triunfo le seguirá favoreciendo, tal y como sucedió en México después de 1988.
Fue así como en 1990 nació el Instituto Federal Electoral (IFE), derivado de la desconfianza que tanto la ciudadanía como la oposición tenían en el sistema político mexicano. Sin embargo, el organismo se convirtió de inmediato en parte del mismo sistema, pues el régimen en el poder podía asegurar su control total. Poco a poco, a través de la resistencia y la lucha de la oposición política, que buscaba combatir la aún existente hegemonía, el sistema electoral mexicano fue evolucionando.
Pese a ello, en 2006 no se logró evitar el fraude electoral. Al contrario, se reafirmó que existían mecanismos para mantener el cascarón vacío de nuestra supuesta democracia y que la maquinaria seguía bajo el control de quienes la crearon. Aún así, se puso en tela de juicio el actuar de las autoridades electorales, que fueron situadas más directamente bajo el escrutinio público.
Posteriormente, en 2012, cuando el Movimiento Regeneración Nacional (hoy, partido MORENA) se conformó como asociación civil, la lucha se intensificó, al cumplirse uno de los axiomas fundamentales para la democratización en cualquier país: la existencia de un grupo de oposición capaz de desafiar de manera exitosa a cualquier autocracia.
Así, tras décadas de lucha, en las cuales la desconfianza en las propias instituciones fue uno de los principales acicates, en repetidas ocasiones el sistema democrático mexicano demostró un importante grado de madurez. Y aunque al interior de las autoridades electorales perviven intereses políticos, es una realidad que el instrumento creado por los otrora dueños de los comicios ha impulsado un sistema electoral que difícilmente podría ser vulnerado, ni por un fraude ni por un ataque cibernético.
En estos momentos del proceso, el material electoral es custodiado de manera permanente y con transparencia. El día de la jornada de votación, 32 mil observadores, provenientes de 45 países, verificarán que no se violente ninguna norma. El PREP, que no es vinculante, ha sido catalogado por los propios consejeros y científicos a cargo de desarrollarlo como “libre de fraudes”, estableciendo que sería ocioso pensar en un hackeo, ya que no tiene ninguna determinación legal en los resultados finales.
En algunos estados, y en conjunto con las mesas para la construcción de paz, el INE está valorando si existen riesgos en la instalación de alguna casilla. Y respecto a las recientes sobrecargas presentadas en el sistema eléctrico, consejeros del Instituto explicaron que se cuenta con fuentes de energía alterna para evitar cualquier incidente al respecto.
A pesar de tan grandes avances y como sacado de un libro de realismo mágico, quienes solían recurrir a las trapacerías electorales y defenderlas a través de las fachadas que ellos mismos crearon, ahora, frente a otra derrota anunciada, quieren hacer creer que el fantasma del fraude sigue presente, cuando en realidad nuestra tarea y objetivo es y será desterrarlo para siempre.
No cabe duda de que el viejo adagio también se cumple en política: el león cree que todos son de su condición.
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