Del respeto a la ley depende que todas y todos podamos vivir en libertad e igualdad. Por ello, cuando unas cuantas personas —al amparo de las autoridades— llevan a cabo comportamientos que se encuentran prohibidos, nos alejamos del ideal de sociedad al que debemos aspirar. Así sucedió en México por décadas. Nuestras leyes eran diseñadas para favorecer a una minoría, o bien, simplemente eran ignoradas por quienes se beneficiaron de la unión entre el poder económico y el poder político. Un claro ejemplo de esto es la evolución y el desarrollo del outsourcing en nuestro país.
Internacionalmente, el outsourcing o subcontratación se concibió como un vehículo para ayudar al desarrollo de los negocios, bajo la lógica de que éstos pueden identificar la parte de su proceso que podría ser desempeñado de manera más eficiente o efectiva por un tercero, que es contratado para tal efecto, permitiendo que la firma contratante se enfoque en su función principal, lo cual aumentaría la productividad y, a la larga, el crecimiento económico de los países.
En el papel esto tiene sentido, pues al contratar a una firma especializada para realizar una tarea específica, la calidad del trabajo mejora y los costos se reducen. En la práctica, especialmente en nuestro país, los resultados han sido otros. El outsourcing pasó de ser una figura para ayudar al aumento de la productividad, a otra, mediante la cual algunas empresas evaden sus responsabilidades con el erario, con los sistemas de seguridad social y, sobre todo, con miles de trabajadoras y trabajadores.
Con el pretexto de la necesidad de personal especializado y amparadas por la legislación vigente, miles de empresas en México utilizan el outsourcing para disminuir su carga fiscal, para no otorgarles seguridad social a sus colaboradores o para no repartir utilidades. Esto tiene diversas consecuencias negativas.
Las empresas que simulan la subcontratación y que más precisamente funcionan como facilitadoras de la explotación laboral, si bien llegan a otorgar salarios adecuados, éstos se cotizan con montos disminuidos ante el Seguro Social, afectando los cálculos de jubilación de las y los trabajadores. Además, se da un efecto perverso de sustitución efectiva del patrón, con la eliminación del vínculo obrero-patronal, facilitando que al empleado se le niegue el acceso a su participación en las utilidades de la empresa. Finalmente, las personas subcontratadas no podrán generar antigüedad en la compañía, al no tener una relación legal con la misma.
Es preciso generar los cambios necesarios para asegurar que la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Seguro Social se reflejen en políticas laborales más justas. Defender y resarcir los derechos de las y los trabajadores es una de las prioridades de esta legislatura en el Congreso de la Unión, así lo certifica la aprobación de la reforma laboral. De igual manera, el combate a prácticas defraudadoras y corruptas por parte de algunos empresarios ha formado parte primordial de la agenda legislativa. Sin embargo, este tipo de reformas requiere de un amplio debate, por diversas razones.
La figura del outsourcing ha cobrado mucha importancia en México. Alrededor de 8 millonesde empleos se encuentran bajo este esquema, por lo tanto, las reformas no pueden ser dogmáticas y destructivas. Tenemos que encontrar un punto medio para regular correctamente esta figura y, al mismo tiempo, no afectar a esos millones de trabajadoras y trabajadores.
Además, no se debe satanizar al empresariado. Se tiene que sancionar a quienes no respeten los derechos laborales y que engañan al Estado, pero no a los negocios que necesitan utilizar esta figura para asegurar que sus empresas funcionen.
Por ello, en el Senado de la República se realizará un proceso de Parlamento abierto, a fin de escuchar a todas las partes involucradas: al sector laboral y al empresarial, a sindicatos e incluso a empresas dedicadas a la subcontratación. Estos procesos de análisis antes no existían, las legislaciones se imponían. Ahora, con base en la racionalidad, vamos a construir un consenso que proteja a las y los trabajadores y que, al mismo tiempo, permita que la figura del outsourcing cumpla con lo objetivos para los que fue diseñada.
Los gobiernos de izquierda, como parte de su naturaleza plural, tienen que asegurar la ampliación de derechos para todos los sectores, y por ello no podemos excluir a nadie en el diseño de nación que estamos implementando. Esto implica evitar posicionarnos en los extremos dogmáticos que por tanto tiempo han impedido que logremos un entendimiento común.
Hoy, atendiendo a todas las voces, lograremos construir normas que procuren justicia y dignidad en el trato a trabajadores y trabajadoras, que sancionen a empresas que operan por encima de la ley, pero no a quienes están comprometidos con el desarrollo del país, teniendo en mente que los derechos no se pueden subcontratar, como se hizo en el pasado.
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