Pocas obras literarias han logrado plasmar con tanta profundidad la dualidad del ser humano como Guerra y paz de León Tolstói. Esta novela explora, a través de sus personajes, la complejidad de las decisiones humanas en tiempos en los que prevalece la incesante búsqueda de la paz y, al mismo tiempo, del sentido de la vida.
La historia nos confronta con su naturaleza cíclica y la inevitabilidad de la transformación. Los personajes se ven inmersos en eventos que moldean sus destinos y reflejan las tensiones de su tiempo. Por lo mismo, es también una reflexión sobre la resiliencia del espíritu humano y su capacidad para encontrar esperanza en medio del caos.
En este contexto, la búsqueda de la paz adquiere un matiz contemporáneo, ya que este es uno de los temas prioritarios para la Cuarta Transformación. Por ello, hace unos días, la presidenta Claudia Sheinbaum envió a la Cámara de Diputados dos iniciativas clave para transformar nuestro sistema de seguridad: la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ambas buscan modernizar y fortalecer a las instituciones, pero además son congruentes con la Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030, basada en la construcción de la paz, y están diseñadas para responder a las necesidades reales del país. Con ellas se aspira a dar un golpe de timón en cómo se concibe y opera la seguridad en México.
La iniciativa de Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública plantea una reingeniería institucional profunda. Sus objetivos son claros: mejorar la eficiencia y coordinación entre los tres órdenes de gobierno, fortalecer la profesionalización de los cuerpos de seguridad y garantizar la transparencia en el uso de recursos federales.
Algunos puntos clave de la propuesta son la obligatoriedad de compartir información entre instituciones; la creación de un registro nacional de personas usuarias de telefonía móvil —con respeto a los derechos humanos—, para hacer frente a delitos como secuestro y extorsión, y la regulación de los Centros de Comando y Control.
Además, busca optimizar el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Pública, permitiendo sesiones remotas y conjuntas para mejorar la coordinación interinstitucional. Esta medida no sólo agiliza la toma de decisiones, sino que reduce los márgenes de error y discrecionalidad.
Asimismo, se reconoce formalmente a la Guardia Nacional como parte integral del Sistema y se prevé la creación de una política nacional de acreditación y certificación para las instituciones de seguridad pública.
También se amplía la regulación de los fondos de ayuda federal, garantizando mecanismos de supervisión más estrictos; todo ello con el propósito de que los recursos se utilicen con eficiencia y en beneficio directo de la población.
Por otro lado, la iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública busca interconectar los sistemas de inteligencia de los tres órdenes de gobierno e incluso del sector privado, permitiendo una investigación más efectiva de los delitos. Esto incluye la integración de bases de datos en seguridad pública y privada, mediante convenios de colaboración con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Esta interconexión permitirá la interacción en tiempo real entre autoridades, fortaleciendo así la capacidad de respuesta. Asimismo, se establecen principios como el federalismo cooperativo, la protección de derechos humanos y el uso de herramientas tecnológicas y científicas para la seguridad.
También se fijan plazos claros para la implementación de esas medidas, asegurando que no se queden en el papel. Esto es un paso hacia la modernización de nuestras instituciones, mediante la cual la tecnología se pone al servicio de la seguridad ciudadana.
La determinación de nuestra mandataria de impulsar estas iniciativas de avanzada —que en días próximos discutiremos y analizaremos con total responsabilidad y determinación en la Cámara de Diputados— refleja su compromiso inquebrantable con la seguridad y el bienestar del pueblo de México.
En un momento en que algunas voces conservadoras apuestan por la injerencia extranjera, la titular del Ejecutivo federal ha trazado una ruta distinta, al fortalecer la Estrategia Nacional de Seguridad. Por ello será recordada como la Presidenta de la Paz, porque entiende que esta no se construye con violencia, sino con justicia social y desarrollo.
Respaldada por los programas sociales que buscan atender de raíz los problemas que generan la violencia, la Estrategia demuestra que no es una mera declaración de intenciones, sino una hoja de ruta clara y concreta para lograr un México con paz duradera y prosperidad compartida.
Estas iniciativas se proponen pacificar al país con inteligencia, coordinación y visión de futuro. En el Poder Legislativo respaldamos con convicción plena esa visión, porque en esta nueva etapa, la paz no es una aspiración lejana, sino la misión de un Gobierno emanado de un movimiento social profundamente comprometido con el pueblo.
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