La presencia de nuestro embajador en Venezuela, en la toma de protesta del presidente espurio Nicolás Maduro, pone en evidencia el reconocimiento de México a la legitimidad de las elecciones que hoy se sabe fueron violentadas, con represión a los opositores. Además, nunca justificó Maduro su triunfo en las actas.
El argumento que se utiliza para apapachar a Maduro en Venezuela, a Ortega en Nicaragua y seguir apoyando la dictadura de Díaz Canel en Cuba, es la Doctrina Estrada, que plantea que México no interviene en problemáticas de otros países.
La doctrina Estrada tiene casi 100 años, pues fue publicada el 27 de septiembre de 1930 y lleva el nombre de su autor, Genaro Estrada, en ese momento secretario de relaciones exteriores de México como parte del gabinete del presidente Pascual Ortiz Rubio. Dice esta doctrina que México ni legitima, ni desconoce a gobiernos extranjeros.
Sin embargo, con todo y la Doctrina Estrada, -recién adoptada-, siendo presidente el general Lázaro Cárdenas, México no reconoció al gobierno de Francisco Franco, -jefe del Estado Español-, instaurado al final de la Guerra Civil Española y rompió relaciones con ese país desde 1939 y hasta el 28 de marzo de 1977, en que se restablecieron después de la muerte de Franco.
Y además, durante el derrocamiento del presidente de Chile Salvador Allende, -logrado a través del golpe de estado del general Augusto Pinochet, consumado el 11 de septiembre de 1973-, el presidente Echeverría rompió relaciones con el gobierno de Chile al convertirse éste en una dictadura. Lo mismo hizo cuando los militares tomaron el poder en Argentina a través de un golpe de estado, -el 24 de marzo de 1976-, y derrocaron a la presidenta María Estela Martínez, viuda de Perón.
Los casos anteriores ponen en evidencia que la Doctrina Estrada ha sido un comodín al que se ha recurrido siempre, cuando el gobierno mexicano en turno pretende respaldar a una dictadura amiga, como las tres que actualmente son protegidas por el Foro de Sao Paulo: Venezuela, Nicaragua y Cuba, o desconocer a un gobierno incómodo.
Por tanto, la represión en contra de la sociedad venezolana, así como de la nicaragüense, -durante las recientes elecciones efectuadas en 2024-, ha sido solapada por la 4T.
El arresto de la líder opositora venezolana María Corina Machado, -aunque haya sido por corto tiempo y después liberada-, es una afrenta a la democracia que no se debe minimizar, pues detrás de ella se estima que ese gobierno espurio mantiene en prisión a casi 2000 opositores.
Más allá de las declaraciones institucionales de rechazo a la detención de líderes opositores, debe haber una actitud firme, pues la presencia de nuestro embajador Leopoldo de Gyvés de la Cruz, en la investidura de Maduro implica el reconocimiento a la legitimidad de estas elecciones que ya han sido cuestionadas y rechazadas por los países democráticos.
En ridículo quedó México frente a la comunidad internacional cuando un gobierno que día tras día habla de democracia, -como lo hace hoy la presidenta Sheinbaum-, se abstuvo de respaldar las exigencias de los presidentes Luiz Inacio Lula da Silva, de Brasil, Gustavo Petro, de Colombia y Gabriel Boric, de Chile, -que siendo parte del Foro de Sao Pulo-, exigieron a Nicolás Maduro presentar las actas que respaldaran su triunfo, lo cual éste nunca hizo.
Si México se hubiese solidarizado con estos tres países, quizá la historia de Venezuela se estaría construyendo de forma diferente.
No se puede hablar de democracia y apapachar a los dictadores. Hoy es tiempo de definiciones.
LA MINISTRA RADICAL
La ministra de la SCJN, -Lenia Batres-, exige la renuncia de los integrantes del Comité de Evaluación del PJF, -porque según ella argumenta-, se excedieron en sus facultades al suspender la selección de candidatos para la elección judicial.
La ministra con esta declaración pone en evidencia el talante antidemocrático y autoritario de quienes como ella no saben aceptar que en las democracias se negocia y a veces se gana y otras se pierde.
Amenazar con la destitución a quien en pleno ejercicio de las funciones que corresponden a su cargo, toma una decisión, -sólo porque su postura es contraria a la 4T-, es inaudito.
DEMAGOGIA
La anexión de Canadá, Groenlandia y el Canal de Panamá a los Estados Unidos, -como lo anuncia Donald Trump-, es un tema imposible de realizar.
Estados Unidos es un país de instituciones y un asunto tan disparatado seguramente llevaría a discusiones legislativas donde participan políticos experimentados, que lo último que aprobarían es abrir nuevos conflictos en un mundo tan inestable y problemático como el de hoy. Con tantos problemas que resolver, difícilmente abrirían un nuevo frente.
Seguramente estas ocurrencias simplemente responden a una estrategia para abrir negociaciones hasta hoy desconocidas, pero que seguramente ya han sido visualizadas por Donald Trump.
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