Provocación

La decisión del senador Enrique Inzunza, -el segundo de la lista de los diez extraditables solicitados por Estados Unidos-, de deslindarse de MORENA y retornar a sus actividades en el Senado exactamente cuando a Rubén Rocha Moya se le presionó para que volviese a pedir licencia como gobernador, tiene todo el sello de una provocación en contra de la colaboración que se está dando entre los gobiernos de México y Estados Unidos.

La duda que asoma es si el senador Inzunza lo hizo como una decisión personal o cuenta con el respaldo de algún, -o algunos-, poderes fácticos lo suficientemente fuertes como para confrontar a la presidenta de la república.

Enfrentar abiertamente y de modo personal a un presidente no parece ser una opción sensata para un político experimentado y con larga trayectoria como lo es Inzunza. Por tanto, la pregunta que queda en el aire es… -¿cuál de los poderes fácticos que hoy juegan en el entorno político de México le respalda de modo tan contundente?

¿Será el señor de Palenque? … ¿O los duros de MORENA constituidos ya en grupo de poder dentro del partido? … ¿O será un poderoso grupo de la delincuencia organizada? O quizá la mezcla de todos éstos, unidos por un mismo objetivo que sería tomar el control absoluto.

Quien sea el actor político que con actitud beligerante respalda a Inzunza, representa un riesgo de gobernabilidad para la presidenta y para México, pues parece ser que la apuesta está orientada a provocar una ruptura definitiva con Estados Unidos.

La carta de Andy dirigida al presidente Trump evidentemente llevaba ese objetivo… detonar el conflicto y evitar la colaboración entre los dos gobiernos. Sin embargo, ésto fue desactivado por el equipo de la presidenta Sheinbaum. El secretario García Harfuch participó en la reunión de la DEA, en Argentina, del 18 al 20 de agosto pasado, y el canciller mexicano Roberto Velasco se reunió con Marco Rubio, -el canciller norteamericano-, el pasado martes 25, en Washington.

Sin embargo, podría considerarse el regreso del gobernador Rocha Moya como la segunda provocación, que ameritó un ejercicio de autoridad presidencial.

Es precisamente el Congreso el terreno “pantanoso” donde aún no se puede asegurar a ciencia cierta hacia dónde se inclinan las lealtades de la bancada morenista: ya sea hacia el expresidente López Obrador, o hacia la presidenta Sheinbaum.

Eso no se sabrá hasta que la presidenta ponga a prueba a cada uno de los legisladores de su partido.

Sin embargo, es muy evidente que salvo un pequeño grupo de legisladores morenistas del denominado Grupo Tabasco, -que son incondicionales del expresidente López Obrador-, el resto de ellos responderá al pragmatismo realista propio de nuestra idiosincrasia, -y frente a un contexto de definición de lealtades-, éstos optarán por alinearse con la presidenta Sheinbaum.

Es la tibieza con la que se respondió a aquella frase provocadora del gobernador Rocha Moya, -cuando al difundiese públicamente la lista de políticos vinculados con la delincuencia organizada, -que envió el gobierno norteamericano-, amenazó: “Si caigo yo caemos todos”-, la que provocó públicamente la percepción de vulnerabilidad, o hasta de complicidad gubernamental.

La “falta de pruebas” y la protección a “nuestra soberanía” se convirtieron, -ante la opinión pública-, en los indicadores de complicidad. Se interpretó públicamente como el temor de que estando en poder de la justicia norteamericana Rocha Moya comprometiese a figuras destacadas de la 4T para lograr beneficios en su condena.

Parece ser que los tiempos por venir serán de definiciones y quizá ello libere a la presidenta de la “camisa de fuerza” que parece estar limitando sus decisiones de gobierno.

CRISIS DE DERECHOS HUMANOS

Después de haber idealizado a la justicia norteamericana, un baño de realidad nos muestra la crisis de derechos humanos de la política migratoria del gobierno de Estados Unidos.

Además de los abusos del ICE, -durante las detenciones-, ahora vemos que las deportaciones de migrantes son a terceros países alejados del propio de cada quien, dejando a los expulsados en condiciones de vulnerabilidad, sin documentos ni dinero para regresar al lado de sus familias en su país de origen. Y la comunidad internacional no se manifiesta frente a esta crisis de derechos humanos.

Muchos de los deportados ya tenían una vida hecha en ese país, casados con norteamericanas, con hijos norteamericanos, con propiedades inmobiliarias, e incluso negocios y pequeñas empresas por lo que son contribuyentes cumplidos ante el fisco. Son despojados del fruto de su esfuerzo y trabajo de años, -pues aunque la propiedad no se pierde con la expulsión-, el disfrute de los bienes y la calidad de vida que proporcionan sí. Además, desde el punto de vista humanitario se destruyen familias estables.

UN DELITO EN EXPANSIÓN

El despojo de propiedades inmobiliarias es un grave delito que afecta a la gente más vulnerable del país. Se calcula que el 40 % de los despojos urbanos se realiza en contra de adultos mayores, con el contubernio de abogados, notarios y autoridades.

Cada vez más se dan testimonios de despojos de parcelas y propiedades rurales en contra de comunidades indígenas y gente vulnerable.

El bajo riesgo para quienes lo practican lo hace rentable.

Hay sectores que piden el endurecimiento de las penas en contra de quienes practican este delito, para que el costo con prisión de hasta 30 años lo frene.

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