Lo que hoy están haciendo las bancadas de MORENA y sus aliados, -como parte dominante del Poder Legislativo-, aplastando groseramente a la oposición aprovechando su mayoría calificada, es preparar el camino a un modelo de gobierno autoritario.
La esencia de la democracia exige el equilibrio entre los Tres Poderes de la Unión para evitar la concentración de poder en uno solo. Ese es el espíritu de nuestra Constitución.
Por ello reviste tanta importancia el modo apresurado, atropellado y opaco de realizar un cambio tan determinante para el futuro del país, como lo es la reforma judicial.
Ni siquiera podríamos decir que pronto solo habrá dos poderes autónomos trabajando coordinadamente: Legislativo y Ejecutivo. Más bien el legislativo se ha sobredimensionado como nunca antes, para convertirse en el instrumento de control de Andrés Manuel López Obrador.
Es evidente que la bancada morenista responde a sus instrucciones, sin modificar ni una coma. La llegada de Andrés Manuel López Beltrán a la secretaría general de MORENA, -donde está el poder real del partido-, confirma esto.
Si dentro de la bancada de MORENA y sus aliados prevaleciese el respeto a la tan cacareada “libertad de conciencia” que deben tener los legisladores, significaría que tanto el Poder Legislativo, -como el Poder Ejecutivo-, estarían colaborando en equilibrio y en igualdad de circunstancias, pero no es así.
Si en uso de la “libertad de conciencia” un legislador de la 4T discrepase de las instrucciones de ”quien manda en el partido”, de inmediato sería calificado como traidor, sería escarnecido y además castigado. Por tanto, esto muestra, -no una conducta democrática ni republicana-, sino dictatorial, pero disfrazada.
La intolerancia radical y enfermiza frente a cualquier intento de desafiar los designios del caudillo ponen en evidencia este nuevo espíritu que campea por todo el territorio nacional donde gobierna MORENA. Parece haber una actitud defensiva.
La prisa por aprobar las enmiendas constitucionales, -pasando por encima de la oposición de forma denigrante-, lo deja claro. Hay un tono visceral y caprichoso en la forma en que hoy se conducen los legisladores y quienes los “pastorean”.
El desacato frente a los amparos interpuestos desde el Poder Judicial, es muy grave. Interponer ante un tribunal colegiado un simple recurso jurídico para que resolviese si la jueza Nancy Juárez tiene o no facultades para lo que ordenó, hubiese resultado la respuesta correcta. Sin embargo, desacatar una suspensión judicial que simplemente pretende impedir la publicación en el Diario Oficial de la Federación, reviste una grave falta de respeto a nuestro sistema jurídico, que puede tener implicaciones judiciales.
Que la presidenta pida permiso al Poder Legislativo para desacatar la orden judicial no le exime de responsabilidades. El Poder Legislativo no puede invadir funciones constitucionales reservadas por nuestro marco jurídico sólo para el Poder Judicial.
La respuesta colegiada del Congreso de la Unión en apoyo a la presidenta para que desacate una resolución judicial no es más que un acto de gran simbolismo democrático de cara al pueblo, pero sin autoridad jurídica.
Mientras los jueces, magistrados y ministros sigan en sus cargos y no sean relevados por otros funcionarios, siguen y seguirán teniendo autoridad moral para emitir órdenes judiciales que cuentan con todo el peso y respaldo de la ley.
Cuando en una democracia algún juez, -magistrado o ministro de la SCJN-, se equivoca, existen recursos jurídicos de tipo constitucional para reaccionar, -pero todo dentro de la ley-, privilegiando así el estado de derecho.
El desacato y la actitud de quienes hoy gobiernan frente al Poder Judicial refleja que dan por sentado que esos funcionarios ya no tienen ninguna autoridad constitucional, como si fuesen unos advenedizos que se toman atribuciones ilegales.
Además, las amenazas para exigir a la Judicatura Federal que los castigue exhiben los valores que prevalecen hoy dentro de la 4T, o sea, la sumisión absoluta ante un cacicazgo que actúa desde las sombras pero que ejerce poder real a través de un complejo entramado que dejó armado antes de dejar la presidencia de la república.
La pregunta que flota en el aire es: ¿por qué tanta prisa por someter de forma indelicada, ofensiva y grosera a uno de los tres poderes constitucionales?
Es evidente que se pretende nulificar su autoridad sometiéndolo al escarnio público, calificando a todos los jueces de corruptos, sin distinciones ni excepción.
Es legítimo plantear la necesidad de una reforma judicial, que sin duda es necesaria para ofrecer justicia de verdad al pueblo de México. Sin embargo, la forma burda y rápida como se está instrumentando, -sin tiempos para el análisis profundo y la reflexión-, genera suspicacias.
La enmienda denominada “supremacía Constitucional” que pretende impedir que ningún recurso judicial pueda afectar la instrumentación de la reforma, exhibe intolerancia y soberbia.
La prisa imprudente lleva a la improvisación. Sin embargo, el estilo agresivo de llevarla a cabo genera sospechas. El intento de sometimiento total, absoluto y de facto del Poder Judicial pareciera responder a la búsqueda urgente de un blindaje frente a probables escenarios de peligro que en el futuro pudiesen surgir del exterior. Por ello se pretende asegurar el control interno de todo el sistema judicial.
Hoy son simples especulaciones. Sin embargo, el tiempo aclarará todas nuestras dudas.
El artículo primero de la constitución
El intento de cambiar el artículo primero de nuestra Constitución, relativo al respeto a los “derechos humanos” y a la aceptación constitucional de honrar los tratados internacionales que México haya firmado con los organismos de los que forma parte, es una llamada de alerta.
Esto quiere decir que la 4T pretende desconocer los postulados de los organismos multinacionales a los que pertenece nuestro país, para así evitar interferencias en el manejo interno, que es lo que han hecho Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Recordemos la llamada de atención que nos hicieron varios de estos organismos internacionales respecto a la aberración jurídica que representa la “prisión preventiva oficiosa”, que permite encarcelar a cualquier ciudadano por faltas que en los países civilizados se juzgan en libertad cuando el indiciado no es peligroso ni puede huir del país. Sin embargo, el gobierno de la 4T desoyó estas recomendaciones de buena fe. Aún así esta medida violatoria de derechos humanos se sigue aplicando.
A final de cuentas esta aberración jurídica de modificar el artículo primero y dejar de cumplir los compromisos internacionales, fue desechada por el Congreso. Sin embargo, el simple intento ya es preocupante, pues habla del proyecto de país que nuestros legisladores del bloque mayoritario visualizan y a donde quieren llevarnos.
La controversia sigue
Definitivamente este es un momento en el que para salvar al “Estado de Derecho”, -que es fundamental para mantener a México dentro de la democracia-, se debe llevar a cabo un análisis concienzudo respecto de las atribuciones de los dos poderes que hoy están en pugna a partir de la reforma judicial.
Efectivamente al Poder Legislativo le asiste el derecho a realizar cambios constitucionales. Sin embargo, es muy importante escuchar a conciencia la visión de la SCJN y tratar de comprender a fondo las implicaciones de una reforma judicial mal aplicada.
En entrevista con Azucena Uresti el ministro Javier Laynez Potisek definió que ''si la Corte determina que la reforma no es constitucional porque es violatoria de derechos humanos y de la separación de poderes, en ese momento dejaría de tener validez la reforma''.
No se puede soslayar que los derechos humanos son los pilares de cualquier consideración jurídica en cualquier parte del mundo. Sin embargo, esta reforma está pisoteando con violencia innecesaria los derechos de todos los que forman parte del Poder Judicial, incluyendo también a jueces, magistrados y ministros que construyeron una seguridad de vida a partir de la “carrera judicial”.
No es lo mismo un cargo de representación popular, -como lo es el ámbito legislativo-, que es temporal, pues tiene vigencia sólo durante la encomienda legislativa otorgada por la ciudadanía, que una carrera profesional que se convierte en un modo de vida.
Definitivamente la prisa por cerrar avasalladoramente esta reforma, -pasando por encima de la oposición legislativa a la que se ha ignorado-, rompe con los equilibrios que persigue el modelo tripartita del Estado Mexicano.
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