El reciente descubrimiento de una red de huachicol fiscal que involucra a funcionarios de la Armada de México, -cercanos al ámbito del anterior Secretario de Marina-, comprueba que las ambiciones humanas no tienen límites y las oportunidades son las que corrompen.
La corrupción es un conflicto humano de impacto universal, que florece donde se den las oportunidades de obtener beneficios personales por medios ilícitos y existan altas posibilidades de alcanzar impunidad.
Sin embargo, en casi todo el mundo los países altamente desarrollados, -entre los que debemos incluir a México-, han logrado controlar la corrupción, -y cuando ésto sucede-, se vuelve un gran escándalo que invariablemente tiene graves consecuencias para los infractores.
No es cierto que los mexicanos seamos genéticamente corruptos, -como nos han hecho creer nuestros gobernantes-, sino que tenemos un sistema social, político y judicial que no sólo lo tolera, -sino que lo estimula-, generando impunidad.
La realidad es que nunca, -pero nunca-, ha existido en México la voluntad política de combatir a fondo este cáncer social, y las campañas en contra de la corrupción han sido siempre pura demagogia, como queda de manifiesto con hechos la campaña presidencial de López Obrador, sustentada en promesas de combate a la corrupción.
Un ejemplo muy exitoso del combate a la corrupción lo tenemos en el caso de Singapur, considerado en 2021 como el tercer país menos corrupto del mundo, superando a la mayoría de los países europeos. Hasta hace 50 años éste era un pequeño país de Asia dedicado a la operación portuaria, sumido en la corrupción, donde florecían el contrabando, el narcotráfico y la prostitución, -lo cual tenía a ese pequeño país sumido en la pobreza-, hasta que llegó al poder Lee Kwan Yew, quien hizo de la ética su obsesión. Abogado formado en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, hizo aplicar la ley sin excepciones, -con castigos ejemplares-, obsesionado por la corrupción.
Muchos otros ejemplos de éxito existen, pero en todos se da la misma variable: instituciones fuertes, independientes del Poder Ejecutivo y con capacidad para señalar y denunciar actos de corrupción ante las autoridades judiciales.
Además, un Poder Judicial incorruptible, -sin vinculaciones ni intereses políticos-, conformado por jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte con gran experiencia y un nivel de conocimientos jurídicos de excelencia, que han logrado estar en sus cargos como resultado de una meritoria carrera judicial.
Fundamental para alcanzar este objetivo es una educación de calidad, sustentada en valores morales, responsabilidad social y conciencia ciudadana.
Sin embargo, todo esto nos lo destruyó el obradorato, que con su reforma judicial populista descontroló a todo el sistema de impartición de justicia, aunque no hayamos visto aún sus consecuencias. Que dinamitó todo un sistema de instituciones independientes y autónomas, cuyo objetivo era trasparentar las actividades gubernamentales para evidenciar la corrupción, -cuando surgiese-, y así poder combatirla. Y convirtió a nuestro sistema educativo en un sistema de formación ideológica que no educa al alumno para asumir retos y progresar social y económicamente, sino para ser manipulado con mitos que favorecen y justifican la permanencia indefinida de la 4T en el poder.
Antes del 2018 no vivíamos en un país perfecto, pero teníamos las herramientas para iniciar el largo camino hacia la búsqueda de soluciones. Sólo esperábamos la llegada del estadista que con firme voluntad política y compromiso social iniciase el proceso de “deconstrucción” para después construir un mejor país. Sin embargo, llegó un populista que destruyó el trabajo de casi tres décadas de esfuerzo profesional de muchos funcionarios de alto nivel intelectual, -y “ofreciendo espejitos para obtener el voto”-, nos dejó improvisación, destrucción y un futuro incierto.
Sin embargo, esta embestida contra el huachicol que está encabezando Omar García Harfuch con el apoyo de las Fuerzas Armadas resulta esperanzador por una parte, y por otra comprueba lo importante y necesarias que son las instituciones fuertes y autónomas.
Hoy las dos instituciones más sólidas que nos quedan después del huracán destructivo del obradorato son las Fuerzas Armadas. La SEMAR y la SEDENA siguen siendo las instituciones confiables que casi todos los mexicanos respetan, no obstante que algunos de sus miembros hayan traicionado los valores castrenses. Además, tradicionalmente, -aún siendo parte del Poder Ejecutivo-, se comportan con cierta independencia organizacional y autonomía, aunque respeten la autoridad de su comandante supremo, esto es la presidenta de la república.
El desarrollo de este caso que implica la posible existencia de una red de tráfico de influencias dentro de la “Armada de México” para operar este delito denominado “huachicol fiscal”, pondrá a prueba la voluntad política de este gobierno.
Llevarlo hasta sus últimas consecuencias dará un importante mensaje al pueblo de México.
Libertad de prensa y rendición de cuentas
La “rendición de cuentas”, -fundamental para combatir la corrupción-, sólo puede darse en un contexto de libertad de prensa absoluta en relación con la administración pública y la política.
Sin embargo, vemos que cualquier cuestionamiento a cualquier funcionario público puede llevar como consecuencia una demanda con un alto costo económico para el periodista es un atentado contra la libertad de prensa.
La sentencia de un juez que condenó a Loret de Mola a pagar 200 millones de pesos a Pío López Obrador por un supuesto daño moral al dar a conocer los videos donde recibía dinero para financiar la campaña de su hermano, no es sino una amenaza a todo el gremio periodístico para reprimir las denuncias de corrupción. Aunque él no sea funcionario público y no tenga cargo político, participaba de la campaña política de su hermano, según se desprende de los videos.
Además el mismo juez condenó a Latinus, -la empresa periodística-, a pagar también otros 200 millones de pesos, con lo cual quizá pretenden quebrar financieramente a este medio de comunicación.
La opacidad
La opacidad cada vez mayor en la asignación directa de contratos de obra pública o compras gubernamentales, -como ha sucedido en este régimen de la 4T-, donde los contratos casi ya no se someten a concurso público, sino que se entregan a los amigos, crece.
Además, la práctica hoy común e ilegal de “reservar” la información financiera de obras icónicas del gobierno, -evitando así la fiscalización ciudadana y de la prensa bajo el infantil argumento de “seguridad nacional”-, fortalece la impunidad y ésta estimula la corrupción.
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