El diferendo entre los ministros de la Segunda Sala de la SCJN y la ministra Batres al pedirle a ella que se abstuviera de participar en el caso de Ricardo Salinas Pliego, deja claro la existencia de profundas diferencias profesionales entre quienes hasta hoy conforman el Poder Judicial Federal y los que vendrán a sustituirlos, como es el caso de la ministra Batres.
Hasta la ministra Yasmín Esquivel se solidarizó con sus compañeros en su moción a la ministra Batres.
Este caso, aderezado por la prensa como un desplante de la ministra Batres, -quien abandonó el recinto donde trabajaban, dejando pendientes de revisar aún otros 30 casos diferentes-, nos alerta de un grave aspecto que afectará la calidad de la impartición de justicia y es la existencia de una “cultura jurídica” en los juzgadores.
Esta cultura jurídica está conformada por valores, percepción, visión, compromiso y otros factores que ayudan a tomar las decisiones más justas posibles.
La ministra Batres no entiende que un juzgador debe estar abierto a analizar sin prejuicios el caso que se le ha asignado, revisando pruebas de la fiscalía y también de la defensa del inculpado, pues cuando el juzgador inicialmente ya tiene formado un criterio, se está cerrando a otorgar al inculpado su derecho a un juicio justo.
Ella, como ciudadana, -antes de ser ministra-, ya había manifestado públicamente su animadversión por Ricardo Salinas Pliego a través de mensajes en Twitter, hoy “X”, lo cual evidencia que ahora como juzgadora no sería imparcial y por ello debiese abstenerse de participar en la resolución de la SCJN.
No se puede juzgar con “prejuicios” que ya definen un criterio. Ella hoy ya no es un ciudadano común, sino que tiene la investidura y las responsabilidades de un impartidor de justicia y ello le compromete a cuidar su “imparcialidad” como el más valioso capital moral de un juzgador.
Evidentemente, antes de que iniciara el proceso de análisis de la Segunda Sala de la SCJN ella ya ha mostrado que tiene un veredicto y ello afecta su compromiso con la imparcialidad.
La cultura jurídica se adquiere como parte de un proceso de formación profesional que se construye a lo largo de los años. Por eso, ante la expectativa de que llegarán como juzgadores, -con cargos relevantes-, quienes no pasaron por ese proceso formativo, se vuelven peligrosos, pues sustituirán los juicios, por validaciones subjetivas de lo “que diga el pueblo”.
Espeluznante insensibilidad
Las declaraciones irrespetuosas y cantinflescas de Fernández Noroña respecto a los 400 pares de tenis encontrados en el Rancho Izaguirre causaron indignación. Sin embargo, es muy preocupante la fría insensibilidad con que las autoridades federales, se refieren a ese trágico descubrimiento. Sus declaraciones reflejan más el deseo de minimizar la tragedia, que el compromiso por evitar que sigan existiendo este tipo instalaciones.
Hay temas sensibles que no deben tratarse sin imprimirles un toque emocional y solidario con los familiares de las víctimas. Los temas económicos y de política internacional efectivamente deben enfrentarse con la cabeza fría, pero cuando hay tragedias humanas de por medio, hay que ir con el corazón por delante.
Para quienes gobiernan y para los políticos en general, las víctimas mortales son simples números y estadísticas y eso ha sucedido desde los “gobiernos neoliberales” hasta los actuales de “la 4T”. Se ha deshumanizado la tragedia que viven miles y miles de familias mexicanas.
La fiscalía de Jalisco dice que no encontraron infraestructura de hornos crematorios… ¿Cómo los esperaban… digitales… de marca prestigiada?...
Por supuesto que son artesanales, como ya fueron descritos por quienes los vieron, y lo peor es que sirven para lo mismo… reducir a cenizas un cuerpo humano, donde hubo una vida arrebatada con sadismo por un criminal.
Empiezan a surgir indicios de que la Guardia Nacional desde hace varios años reportó a la SEDENA la existencia actividades criminales en Rancho Izaguirre, pero no hubo seguimiento. ¿Cuántas vidas se podrían haber salvado? ¿No habría que empezar por investigar tantas omisiones gubernamentales que hicieron posible que este lugar siguiese operando hasta ahora? ¿La FGR no estaba enterada desde entonces?
Sin embargo, es una canallada frente a las tragedias humanas de las víctimas y sus familiares, -y una falta de respeto-, que las autoridades hayan organizado un “tour” por el Rancho Izaguirre después de haber retirado las evidencias y hayan maquillado el lugar, como lo denunciaron las “madres buscadoras”.
La insensibilidad gubernamental es ofensiva.
¿Y la sororidad?
Frente al acoso que sufren las “madres buscadoras” por parte de criminales y funcionarios públicos, sería de esperar que las mujeres que hoy están en el poder hubieran salido a blindarlas. Sin embargo, no se ha visto esa sororidad.
Ni la “ministra del pueblo”, ni las otras ministras de la SCJN, ni magistradas ni juezas. Ni las diputadas, ni las senadoras, ni la secretaria de gobernación, ni la presidenta de MORENA. Todas las mujeres que están en el Poder Ejecutivo, se han mantenido al margen.
Sólo algunos casos esporádicos de mujeres con liderazgo de opinión como Lilly Téllez les han manifestado públicamente su apoyo.
Las han dejado solas, pues a partir de haber descubierto el Rancho Izaguirre a estas valientes mujeres los delincuentes las están acosando con amenazas, y desde el gobierno las descalifican con sutiles intentos de desacreditarlas para cortar el escándalo de los hallazgos.
¿Y la sororidad?
Justicia “entre amigos”
La noticia de que la jueza Hernández Mijangos resolvió que el ex rector de la UNAM Enrique Graue y el ex director de la FES Aragón, Fernando Macedo, debían pagar una compensación de quince millones de pesos cada uno a la maestra Martha Rodríguez, -quien fue la directora de la tesis de licenciatura de la ministra Yasmín Esquivel-, para resarcir el daño moral que le provocaron con sus declaraciones durante la controversia del posible plagio de la tesis de la ministra Esquivel, es preocupante.
Esto nos refleja el nuevo estilo de impartir justicia “entre amigos”. Cuando el poder judicial sea renovado con funcionarios afines a la 4T, esto puede convertirse en la “espada de Damocles” sobre la cabeza de quienes hacen periodismo.
La rapidez con que se “impartió justicia” evidentemente se deriva de las influencias de quienes son los protagonistas que promovieron esta demanda.
Sin embargo, grave es descubrir, -que, a partir de ahora, con la nueva reforma judicial y la renovación de jueces, magistrados y ministros, que llegarán al cargo comprometidos con la 4T-, la censura se llevará a cabo a través de la afectación patrimonial de los demandados, lo cual seguramente podrá generar buenos negocios.
La subjetividad de la interpretación del daño moral abre espacios a la corrupción y a la extorsión. Se hace necesario legislar para acotar los parámetros que definan cuando realmente se ha causado daño moral y bajo
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