La delincuencia ha existido siempre y se ha considerado un problema social marginal. Se deriva de la natural ambición humana de pretender tener más, aún a costa de quitárselo a otras personas. Sin embargo, siempre el estado, -a partir de las leyes que respaldan el orden jurídico-, se ha encargado de disuadir a los delincuentes utilizando el poder coercitivo del castigo corporal, representado por la privación de la libertad.
Quien infringe la ley siempre ha estado consciente de haber realizado una acción moralmente reprobable y merecedora de un castigo.
Sin embargo, en estos últimos cinco años, -de este gobierno-, ha habido un giro moral de consecuencias insospechadas.
Desde que se iniciaron las mañaneras estas se han convertido en el púlpito donde se señala y juzga a los malos ciudadanos y se absuelve a quienes el presidente protege, sin más argumentación que el criterio personal del primer mandatario, convertido en el último juez de la nación, quien de forma omnipotente se ha apropiado de la autoridad de exonerar conductas moralmente cuestionables, dando al denunciado su aval moral personal y cubriéndolo con su manto protector. Así ha sucedido con todas las denuncias en contra de gente cercana a la casa presidencial, que han sido evidenciadas en las mañaneras por algunos periodistas.
Sin embargo, la insidia que forma parte de la trasnochada ideología de la “lucha de clases”, -que inicia con la victimización de unos para culpar a la sociedad de los agravios de quienes se sientan vulnerados-, ha terminado por generar una confusión moral que absuelve a quienes delinquen, dando el significado de una reivindicación social el acto de arrebatar su patrimonio o pertenencias, a quienes tenemos al lado.
En el colmo de la victimización se ha justificado el robo como consecuencia de una justa reivindicación de la pobreza.
De este modo, el pillaje posterior a la devastación del huracán Otis sobre Acapulco, se pretendió justificar, como una consecuencia del hambre y la desesperación de quienes perdieron sus propiedades, no obstante que el pillaje se hubiese cometido sobre tiendas departamentales de las cuales las turbas enardecidas robaron televisiones, laptops, videojuegos, dispositivos telefónicos y muchos objetos valiosos que no se relacionan con la sobrevivencia. En este contexto la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez absolvió a quienes participaron de los saqueos declarando que “yo no le llamo robar, sino cohesión social”.
De este modo vemos que la descomposición moral de la sociedad, -acelerada a partir de la justificación del latrocinio con argumentos ideológicos que justifican la lucha de clases y la confrontación-, está incrementando la violencia y también la delincuencia.
Continuamente nacen grupos delictivos locales que pretenden aprovechar el vacío de autoridad y poder que proyecta públicamente este gobierno.
Además, ante la oportunidad que brinda la confusión moral que campea por el país, vemos que grupos de la delincuencia organizada realizan sus propias campañas de vinculación social con las comunidades cercanas y realizan actos de filantropía, -como entrega de despensas, juguetes o medicinas, por citar algunas-, que luego son difundidas en redes sociales para proyectar públicamente una imagen de solidaridad social, estilo Robin Hood. De este modo estos grupos se convierten en el brazo reivindicador del pueblo frente a las oligarquías, no obstante que los afectados por sus acciones sean siempre el sector más vulnerable de la población.
Además, desgastando desde el Poder Ejecutivo la autoridad moral del Poder Judicial, -que siempre ha sido el último bastión del orden social-, sobreviene el caos que hoy impera en muchas regiones de nuestro país.
Sin embargo, utilizando la estrategia de victimización, -a la que siempre recurre el presidente-, este y sus subordinados siempre niegan lo que es evidente: el país se les está yendo de las manos, frente a su indiferencia e indolencia. No ven lo que no les conviene ver, porque reconocerlo significaría aceptar su fracaso y ello podría tener consecuencias electorales.
Irónicamente nuestro gobierno junto con Chile pidió a la Corte Penal Internacional, -ubicada en La Haya-, que investigue posibles crímenes de guerra cometidos en la Franja de Gaza. Sin embargo, ignora los crímenes que diariamente suceden en nuestro país a partir del acoso sistemático de grupos de la delincuencia organizada en contra de comunidades enteras, a las que expulsan de sus tierras, incluso utilizando drones con explosivos.
Ni la violencia ni la delincuencia nacieron con este gobierno. Sin embargo, la descomposición moral de la sociedad, -que estimula que comunidades enteras protejan a los cárteles-, así como esta nueva cultura de reivindicación social que impulsa las actividades delincuenciales y la violencia, sí nacen de la confusión moral derivada de la cotidiana promoción de la confrontación, así como de la victimización de un importante sector de la sociedad. Este fenómeno social nace a partir de la actitud provocadora de este gobierno, que promueve la postura ideológica denominada “lucha de clases”, que considera que robar no es un delito, sino reivindicación social.
UN PERVERSO LEGADO
Una mentalidad “cuentachiles” disfrazada de austeridad está dejando un legado de descuido de nuestra infraestructura de servicios públicos, que no reciben mantenimiento por falta de presupuesto, así como la construcción de obra pública que se realiza con la mentalidad de “lo más barato”, y no lo que garantice calidad y durabilidad.
De este modo hemos visto cómo se acumulan accidentes en obras públicas, -unos que reciben gran difusión por su significación-, como el Metro de la Ciudad de México y ahora el colapso de un tramo del tren elevado de la Ciudad de México a Toluca, y seguramente otros de los que no nos enteramos.
El deterioro de la infraestructura pública será uno de los “vicios ocultos” que serán el triste legado de este gobierno.
EL SEÑOR DE LAS PREGUNTAS
Ante la visita del presidente Ernesto Zedillo el presidente López Obrador recurrió a su más exitosa estrategia: juzgar la actuación de sus antecesores llenándolos de preguntas, para así desviar la atención pública de los graves problemas que está dejando a su sucesora en el cargo, sea cual fuere.
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