La historia de la civilización es la historia del aprovechamiento de formas cada vez más eficientes de energía: desde la fuerza animal, los molinos de agua y de viento, las calderas de vapor, hasta los motores de combustión interna, las turbinas de ciclo combinado y los reactores nucleares —que eventualmente se convertirán en mini-reactores—, la humanidad ha progresado a la par de las formas de energía que ha sabido aprovechar. Este proceso se aceleró a partir de la primera Revolución Industrial.

A partir del Siglo XX, los hidrocarburos se convirtieron en la forma más eficiente de almacenar, transportar y explotar la energía: el diésel, la gasolina y el gas son tres hidrocarburos utilizados por miles de millones de personas y miles de industrias alrededor del mundo.

Por cierto, el hecho de que la energía sea “limpia” o “sucia”, es otra discusión. Las personas con mayor nivel de ingresos pueden darse el lujo de preferir energías limpias, pero la gente pobre siempre va a preferir las energías más baratas.

Dado que el consumo de energía por parte de las familias y las empresas es relativamente estable, y no responde proporcionalmente a cambios en precios — —, un aumento en el costo de estos insumos se traduce en un menor bienestar para las familias y menores beneficios para las industrias.

Para muchos economistas, un incremento en el precio de un producto cuya demanda es inelástica tiene efectos similares a un incremento en impuestos porque disminuye el ingreso disponible.

Podemos concluir entonces que el costo de la energía es fundamental para determinar el desarrollo y bienestar de un país.

En la mente de algunos políticos la energía debe ser gratuita, pero en la realidad, la energía cuesta mucho . Por ejemplo, en el caso de las gasolinas implica: (1) extraer crudo, muchas veces de grandes profundidades del océano; (2) transportarlo a través de buques-tanque u oleoductos; (3) refinarlo y (4) llevar el producto final a miles de estaciones de servicio. Todo este largo y complejo proceso tiene costos muy elevados.

Además de este costo natural de producción y transporte, los gobiernos alrededor del mundo utilizan la energía como una fuente de ingresos al cobrar altos impuestos por su consumo —en México este impuesto se llama IEPS a combustibles y representa alrededor del 30% del costo final al consumidor, con lo que el precio por litro al consumidor final se incrementa de 17 a 22 pesos.

Entonces, ¿en qué consiste el “estímulo fiscal” o “subsidio al precio”? En realidad, no es un subsidio sino una reducción en el impuesto. En teoría esto cuesta al erario más o menos 200 mil millones de pesos por año. ¿Y cómo va a compensar el gobierno esta caída en la recaudación? Naturalmente, de las ventas de petróleo crudo al extranjero ya que la mezcla mexicana ha aumentado su precio en 40% en lo que va de 2022, a 100 dólares el barril.

Sin embargo, en términos de políticas públicas, no incrementar el precio de las gasolinas a su nivel natural conlleva graves riesgos:

(1)    Atenta contra la lógica económica y el buen funcionamiento de los mercados:  el precio representa una señal de relativa escasez o abundancia. Al subsidiar el precio de algún bien, se genera un exceso de demanda y, por lo tanto, mayor escasez relativa. Ignorar las señales del mercado nunca acaba bien ya que genera mercados negros y otros incentivos perversos. 

 

(2)    Genera anomalías: como cuando la gente de San Diego cruza la frontera para cargar su tanque en Tijuana, generando largas filas en las estaciones de servicio y en los cruces fronterizos. Esto beneficia sólo a unos cuantos contra el resto de la población. 

 

Hay que destacar también, que la energía hoy tiene un mayor costo por la absurda guerra entre Rusia y Ucrania y una política de suprimir la producción de hidrocarburos para favorecer energías que no siempre son más limpias. Y esto afecta en mayor o menor medida a todo el mundo.

(3)    Costos de oportunidad: los enormes recursos que se desvían para financiar el subsidio podrían tener mayores beneficios sociales aplicados de manera distinta, como por ejemplo pagar parte de la abultada deuda del gobierno federal o en transferencias en efectivo dirigidas a los grupos más vulnerables de la población, que no necesariamente son los automovilistas. 

En conclusión, utilizar criterios políticos para determinar un fenómeno que es totalmente económico, tiene altos costos sociales porque la lógica económica siempre gana.

A nadie nos gusta pagar más dinero para llenar el tanque de gasolina, pero bajar el precio de los productos energéticos por decreto siempre es más riesgoso porque se genera un exceso de demanda, y por lo tanto mayor escasez relativa, y se utilizan recursos públicos que pueden tener otros usos con un mayor bienestar para la población. Nunca conviene establecer precios por decreto.

En general, debemos celebrar una reducción de impuestos, como el IEPS, pero ahora enfrentaremos un déficit que no conviene cubrir con los excedentes por la exportación del petróleo dado el lamentable estado de las finanzas de PEMEX. No seguir las señales del mercado a la larga genera graves riesgos económicos.

Presidente y Fundador de Grupo Salinas 
 

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