En menos de 30 días, las y los mexicanos seremos testigos y protagonistas de un proceso histórico que marcará un antes y un después en la cultura democrática y la vida electoral de la República y sus entidades federativas.
A partir del 30 de marzo y hasta el 28 de mayo de 2025, la ciudadanía tendrá la oportunidad de conocer, reflexionar y, finalmente, elegir democráticamente a quienes ocuparán 881 cargos dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF), entre aproximadamente 4,224 aspirantes. Los cargos en elección incluyen 9 Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 Magistraturas para la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 Magistraturas para las Salas Regionales del TEPJF, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 Magistraturas de Circuito y 386 Juzgadores de Distrito.
En el caso de Baja California, la ciudadanía votará por 5 Ministras y 4 Ministros para la SCJN, 3 Magistradas y 2 Magistrados para el Tribunal de Disciplina Judicial y 2 Magistraturas para la Sala Superior del TEPJF. Como parte de la primera circunscripción electoral, en Baja California también se elegirán 3 Magistraturas para la Sala Regional Guadalajara del TEPJF. A nivel de Circuito Judicial, se votará por 14 Magistraturas de Circuito y 17 plazas de Jueces y Juezas de Distrito, correspondientes al 15º Circuito Judicial. En total, los bajacalifornianos elegiremos 50 cargos en esta primera elección del Poder Judicial de la Federación.
Este proceso electoral inédito tiene como objetivo que la ciudadanía participe directamente en la selección de quienes impartirán justicia en el país, lo que representa una transformación profunda en la forma en que se designan a los operadores del PJF. Sin embargo, también plantea retos significativos.
Uno de los aspectos más particulares de esta elección es que las campañas de los candidatos serán financiadas exclusivamente con recursos propios. Tanto el financiamiento público como el privado están prohibidos, al igual que la compra de espacios en medios de comunicación y la participación de partidos políticos en la promoción de candidaturas. Estas restricciones buscan garantizar la independencia del proceso y evitar influencias externas, aunque también plantean un desafío para los aspirantes, quienes deberán recurrir a estrategias de comunicación innovadoras para llegar a la ciudadanía.
Para garantizar la equidad y legalidad del proceso, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha establecido diversas regulaciones y medidas de seguridad. Entre las infracciones que las candidaturas deben evitar se encuentran la compra de publicidad en medios de comunicación, el uso indebido de recursos públicos y la realización de actos anticipados de campaña. Las sanciones por incumplir estas normas pueden incluir multas económicas e incluso la pérdida del registro como candidato o candidata. La prohibición de la participación de partidos políticos en las campañas busca reforzar la imparcialidad del proceso, aunque deja en el aire la interrogante sobre cómo los aspirantes lograrán posicionarse ante la ciudadanía sin el respaldo de estructuras partidarias o financiamiento institucionalizado.
La construcción de un Poder Judicial sólido e independiente es fundamental para la garantía del Estado de Derecho. Cualquier reforma en su estructura debe estar orientada a fortalecer su legitimidad y su capacidad para impartir justicia de manera objetiva y eficaz. La elección de jueces y magistrados por voto popular abre una nueva etapa en la vida democrática de México. Queda por verse si esta innovación fortalecerá la justicia o si, por el contrario, generará nuevos desafíos que deberán ser corregidos en el futuro.
