“La reforma judicial es insuficiente y será necesaria otra, sustantiva, para sanar y mejorar al sistema de justicia”, estima el ministro electo Hugo Aguilar Ortiz, próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Al reflexionar con esta columna sobre la gestión que iniciará el próximo primero de septiembre junto con las otras ocho personas electas para conformar el pleno del máximo tribunal del país conforme a su ya aprobado rediseño, Aguilar Ortiz rechaza ser parte del régimen, “de una élite política o judicial”; niega llegar condicionado al cargo porque nadie lo impuso, “ni el gobierno ni algún grupo de poder”; y promete que el desempeño y resoluciones de la nueva Corte desmentirán a quienes hoy aseguran que la reforma judicial aniquiló a ese poder, destruyó la democracia e instauró el autoritarismo.
Anuncia también que el reconocimiento del carácter pluricultural del país, sustentado originalmente en sus pueblos indígenas, es la clave para cambiar un sistema que “ha fallado a favor de los de arriba”, que se cobija en el supuesto cumplimiento irrestricto de la norma, sin abrir la posibilidad de que esa obligación se equilibre con resoluciones que hagan justicia.
Pone el ejemplo, muy sencillo y comprensibles del campesino que casa un conejo en los límites de su comunidad que es, a la vez, una zona natural protegida. Al hacerlo comete un delito, viola la norma, pero él no lo ve así, él está resolviendo la comida de ese día para su familia. Si se aplica la norma a rajatabla, el campesino irá a la cárcel y se privará a su familia de quien aporta el sustento diario. Es hí donde entra la búsqueda de un equilibrio entre la ley y la justicia, sin que esto quiera decir necesariamente que no se castigará a los que talan montes de esa zona natural protegida.
“Únicamente aplicar la ley no puede ser la función del juez, él tiene que resolver con sensibilidad, criterio, visión pluricultural, de otra forma podría dejársele la función a la inteligencia artificial”, señala el presidente electo de la Corte tras advertir que “este país no aguanta más que se siga impartiendo justicia con visión homogénea”, acumulando una deuda que no es retórica, que es real y que tiene al sistema a punto del colapso.
Hugo Aguilar Ortiz llega apresurado a su oficina privada de la colonia Anzures de la CDMX para atender la cita con este columnista. Sus facciones realzan su origen mixteco, del que se muestra muy orgulloso, lo que en la campaña electoral lo llevó a promoverse como el “candidato indígena”. Su baja estatura física contrasta con la altura moral que sugieren una mirada transparente y una narrativa fluida que deja entrever sólidos conocimiento del derecho.
A sus 52 años, con una hija que es abogada por la UAM y un hijo ingeniero civil por el Poli, Aguilar Ortiz anuncia que recorrerá el país cada domingo (“los domingos son míos”, dice) y propiciará sesiones itinerantes de la Corte. “No salir a campo lleva a resoluciones que no son congruentes con la realidad por desconocimiento de esta”, explica.
Cuenta que esa fue la misma estrategia que empleó en una campaña que asegura él pagó con sus ahorros, que tuvo el apoyo de las comunidades, pero sin dinero de por medio y que lo llevó a recorrer veinte estados en una camioneta en la que varias veces pernoctó.
El ministro electo para presidente de la Corte no oculta su buen humor al referirse a señalamientos “clasistas” y “racistas” que aseguran que usa zapatos Salvatore Ferragamo. Levanta la pierna derecha, muestra y dice: “son unos tristes Flexi”, y suelta una carcajada.
Esto da lugar a recordar el comentario que hizo anteriormente de que no usaría toga. Aclaro que, en acuerdo con sus pares ministras y ministros, decidió que sí lo hará, pero con referentes artesanales de Tlaxiaco, su pueblo.
Insiste, sin embargo, en marcar diferencias con los prejuicios discriminatorios como, por ejemplo, el del uso de huaraches. ¿En qué se diferencian con otros calzados? “Usarlos es tan digno como usar cualquier otro calzado”, dice Aguilar Ortiz para rematar: “Es más, un día iré a la Corte con huaraches”.
Instantáneas:
1. NEPOTISMO Y ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO. En el municipio de Acapulco no les interesa el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a combatir el nepotismo. Por el contrario, la presidenta municipal morenista, Abelina López, proclamó, sin empacho alguno, como “el orgullo de su nepotismo” (López Portillo dixit) a quien se dice es su pareja, Leticia Lozano Zavala quién además de ser la alcaldesa suplente (para mantener el control de las arcas municipales cuando Abelina se vaya a la campaña de 2027), fue designada secretaria general del ayuntamiento de Acapulco, el segundo cargo en importancia del municipio. En el periodo anterior, Lozano Zavala fue la secretaria del Bienestar y Desarrollo Ciudadano, lo que la perfiló hacia algún cargo futuro de elección. En la nómina de Acapulco están como subsecretaria de Administración Araceli Lozano Zavala, hermana de la secretaria general del ayuntamiento, así como Hugo Lozano Hernández, sobrino de la presidenta municipal suplente y quien fuera dos años director del Comisión de Agua Potable y Alcantarillado local donde actualmente es el encargado del área comercial. Abelina López y la familia Lozano se han hecho de muchas propiedades, por lo que sería importante que aclararan el origen de los recursos con los que fueron adquiridas porque podría ser enriquecimiento ilícito, algo contrario a los principios que Morena tanto pregona. Las propiedades inmobiliarias de Abelina y los López fueron adquiridas en su mayoría durante el periodo en que han formado parte del gobierno municipal de Acapulco. De acuerdo con el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del puerto, Abelina López tiene su casa en la unidad habitacional Los Órganos en San Agustín, un departamento en el condominio denominado conjunto habitacional La Huerta, edificio Mango y un terreno de 240 metros cuadrados en la Unidad Habitacional Taxco, mientras que Leticia Lozano Zavala posee una casa en el conjunto condominal Las Gaviotas III, en la colonia Llano Largo. Los otros parientes tienen casas, departamentos y terrenos.
2. EL FUNCIONARIO INCÓMODO DE DELFINA. Siguen los problemas para Ariel Juárez Rodríguez, el aún director de la Junta de Caminos de Estado de México. Y es que el exalcalde de Cuautitlán va de un escándalo a otro. Recientemente salió a la luz información que revela como Juárez Rodríguez ha conformado una red de allegados, a los que tiene ubicados en posiciones clave. La principal sería María Teresa Ruiz Pérez, quien ocupa la Dirección de Administración de la dependencia mexiquense, desde donde se controlan todas las contrataciones. “La jefa”, como es conocida desde que laboraba en el gobierno de Cuautitlán, controla las licitaciones realizadas por la Junta de Caminos, en donde han resultado ganadoras las mismas empresas que fueron contratistas en aquel municipio. Tres razones sociales son las que han sido beneficiadas con el mayor número de contratos: Construcciones y Electrificaciones El Llano, Construcciones y Electrificaciones Peñón Viejo y Construcciones y Electrificaciones Sagro, todas ellas creadas ante el notario público Armando Mastachi, el 22 de agosto de 2018. El organismo parece ya una empresa familiar pues un hermano de “La jefa”, el hasta hace poco presidente del Sistema Anticorrupción de Cuautitlán, León Walter Ruiz Pérez, ocupa ahora la dirección jurídica de la Junta de Caminos mexiquense. La presión para la gobernadora es cada vez es mayor en este caso que incluso ya llegó a la conferencia mañanera donde la presidenta Sheinbaum ya pidió que se investigara y aclarara el manejo de los recursos en esa dependencia.
3. LÍOS DE EVASORES. En tiempos en que hace falta certidumbre en torno al sistema financiero mexicano, no abona la situación del presidente de Bursamétrica, Ernesto O’Farril Santoscoy, sobre quien existe la sospecha de eludir controles tributarios a través de empresas facturadoras simuladas. O’Farril generó ingresos por 12.9 millones de pesos entre 2017 y 2022, provenientes de ese tipo de empresas. Y mientras en el primero de esos años declaró 1.4 millones de pesos a través de Optimización Dolga, empresa facturadora, un año después declaró al SAT un total de 9.83 millones de pesos por concepto de sueldos y salarios de parte de la empresa Sófocles Servicios y Administración. Las luces rojas se encienden cuando las fechas de constitución de ambas empresas coinciden, además de que no pueden mostrar localización física. Debiera alertarse por presunta evasión cuando en un año, las transacciones con esas empresas representaron más de 60 por ciento de los ingresos del financiero. Es un foco de atención para los órganos reguladores y fiscalizadores.
4. PREDIAL PARA LAS ALCALDÍAS. Mensaje potente de la alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, en la presentación del Atlas Cuauhtémoc con el que se busca darle un nuevo enfoque al espacio público y al crecimiento urbano de una de las alcaldías con más retos en la CDMX. Pero lo que llamó más la atención es que en su mensaje pidió les dejaran a los alcaldes capitalinos lo recaudado por el pago del predial, a fin de que den mejores resultados. De paso, culpó a Morena, que durante muchos años ha gobernado la capital mexicana, por no haber detenido un problema que hoy es una bomba: la gentrificación. Por cierto, ya pronto se mejorarán el Parque España, el Parque México y el Abasolo, entre otros, como parte de los trabajos que marca el Atlas Cuauhtémoc.
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
