Trámites detenidos, inspecciones a modo y decisiones tomadas más por influencias que por criterios técnicos han convertido a la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), a contrapelo de su razón de ser, en un grave factor de riesgo para la seguridad operativa de gasoductos y terminales de almacenamiento y distribución de hidrocarburos del país, y ante eventuales accidentes, en amenaza para su seguridad ambiental, denuncian empresarios del sector energético.
La ASEA, organismo desconcentrado de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) debería ser una de las instituciones más técnicas, independientes y sobrias del gobierno federal, pero desde octubre del año pasado, cuando Armando Ocampo Zambrano asumió la dirección ejecutiva, la agencia empezó a ganar reflectores, no precisamente por buenas razones.
Ocampo Zambrano no es un novato en el desempeño de cargos públicos inclusive en situaciones de crisis. Fue, por ejemplo, comisionado de Atención a Víctimas del gobierno de la CDMX cuando ocurrió el trágico desplome de un tramo elevado de la Línea 12 del Metro en mayo de 2021. Posiblemente recuerde usted que a él se le adjudicó haber presionado a algunas de las víctimas de aquel accidente que dejó 25 muertos y 38 lesionados, para que firmaran convenios de reparación de daños con las empresas constructoras antes de iniciar acciones legales. Salió del cargo en medio de denuncias públicas, malestar social y reclamos de abogados.
A los pocos meses de dejar ese cargo apareció en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (PRODECON) a donde llegó por designación directa del entonces secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con quien mantiene, según se dice, una relación de cercanía política.
De ahí saltó a la ASEA, donde a su lado despacha como titular de Normatividad y Regulación, César Cano Cuevas, ex delegado de la PRODECON en Hidalgo, un perfil técnico y por lo tanto discreto que opera como uno de los brazos estratégicos de Ocampo Zambrano.
No hay denuncias en su contra, pero en el sector energético —particularmente en el gasero— crece el malestar con su desempeño.
La ASEA regula desde gasoductos y terminales, hasta proyectos de almacenamiento y distribución. Su trabajo impacta directamente en la seguridad ambiental del país. Por eso llama la atención el nivel de discrecionalidad que varios actores advierten desde que se reconfiguró su directiva.
Afuera se habla de transición energética, pero adentro de presión regulatoria y cuando los pasillos del poder técnico se blindan y las resoluciones tardan más que lo que dura una consulta indígena, algo huele mal. Y como suele suceder, lo que se esconde tras la opacidad, tarde o temprano termina por salir a la luz.
Ventiladores cancerígenos
Dos mil ventiladores respiratorios mecánicos adquiridos para atender la emergencia por la pandemia de Covid-19 y cuyo fabricante debió pagar indemnizaciones por 400 millones de dólares en Estados Unidos luego de que se comprobara que su uso libera químicos potencialmente tóxicos y cancerígenos, siguen operando en 255 hospitales de nuestro país, sobre todo del IMSS y de la secretaría de Salud, pero también privados.
Ese riesgo sanitario está en el fondo del litigio comercial que protagonizan Phillips, el fabricante del ventilador y quien fuera su distribuidor autorizado en México, Healthcare Systems. Ambas partes se culpan de no acatar el retiro de los aparatos ordenado desde 2021 por la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) y no notificar del problema a la COFEPRIS.
Los ventiladores Phillips modelo E30 fueron adquiridos por el gobierno mexicano en mayo de 2020 a través del distribuidor autorizado en nuestro país Healthcare Systems. En 2021, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) emitió una alerta respecto a esos equipos porque la espuma de poliuretano PE-PUR utilizada en los dispositivos podía degradarse y liberar partículas o químicos potencialmente tóxico y cancerígenos. En consecuencia, hubo retiros masivos de ese modelo de ventilador respiratorio en Estados Unidos, Francia, Australia y otros países.
En 2024, Phillips perdió una demanda colectiva de pacientes afectados a los que debió pagar una indemnización de hasta 400 millones de dólares.
Healthcare exige a Phillips que asuma la responsabilidad directa por la falla de esos equipos y que los retire, cosa que no ha sucedido. Phillips reacciona y ya no renueva el contrato de distribución, alegando “preocupaciones sobre la conducta” de Healthcare. Ésta, a su vez, lleva el caso hasta la presidencia de México al acusar a Phillips de no haber notificado oportunamente a la COFEPRIS ni retirado el equipo, en tanto que la Fiscalía General de la República y la de Justicia de la CDMX abren carpetas de investigación.
En medio de tal deterioro de la relación entre ambas empresas, fue detenido el pasado 21 de mayo Marc Duocastella, Director de Phillips México, no por la falla de los equipos médicos y los posibles daños a la salud, sino por su negativa de retirar los equipos. Tres días después, el 24 de mayo, fue liberado y sin vinculación a proceso.
Entre tanto, esos dos mil ventiladores siguen operando en 255 hospitales y son un potencial riesgo a la salud de los mexicanos.
Instantáneas:
1. MORDAZA FAST TRACK. Ayer entraron en vigor en Puebla las reformas penales por ciber acoso y otros delitos cometidos en redes sociales que castigan con cárcel de 11 meses a tres años a quienes insulten, ofendan, agravien o vejen de manera insistente a otra persona a través de medios digitales. Las reformas de lo que desde ya se conoce como la “ley mordaza” fue aprobada apenas el jueves pasado. Hoy es una ley vigente que deja ver la delgada piel del gobernador morenista Alejandro Armenta y una intolerancia a la crítica que raya ya en la censura. La iniciativa de reformas a los artículos 479 y 480 del Código Penal de Puebla fue presentada por José Luis García Parra alias “El Choco”, quien fuera diputado local y hoy es coordinador del gabinete del gobernador Armenta. “El Choco” ha estado involucrado en escándalos que se han viralizado en redes sociales como la compra de un automóvil de lujo de más de tres millones de pesos, sin que su sueldo como funcionario público justifique la capacidad económica para realizar tal adquisición. La relación del gobernador Armenta con la prensa es crecientemente mala.
2. PRESUNTOS NEXOS CON EL NARCO. La investigación del caso hasta ahora sin aclarar de dos marinos desaparecidos hace unos años en Acapulco y los presuntos vínculos de políticos con el crimen organizado, parece haber sido reactivada por agencias de Estados Unidos. Los dos marinos, Oscar Manuel González Andrade y Victoriano Rodríguez Zurita, fueron comisionados en 2022 por la presidenta municipal del puerto, Abelina López, para escoltar al entonces senador de Morena José Narro a una comida con su paisano y hoy gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal y con un presunto narcotraficante conocido como “El Gerry”. La línea de investigación tiene que ver con el presunto financiamiento del narco a campañas políticas. De los marinos desaparecidos no se ha vuelto a saber nada. En ese enredo está metida desde hace tiempo la munícipe acapulqueña Abelina López.
3. EL MECENAS DE COAHUILA. Conocido como una de las figuras más polémicas de Coahuila por los presuntos actos de corrupción cometidos en el gobierno del priista Miguel Ángel Riquelme (2017-2023), Xavier Herrera Arroyo, quien fuera su todo poderoso subsecretario de Egresos, vuelve a ser centro de atención pública y no sólo por las observaciones que le ha hecho la Auditoria Superior de la Federación sobre el desvío de mil 400 millones de pesos del presupuesto estatal y las participaciones federales en materia de salud en épocas de la pandemia, sino por el presunto financiamiento a políticos de Morena. Al parecer Herrera Arroyo revivió su alianza con el excandidato a la alcaldía de Torreón por el partido guinda, el hoy senador Luis Fernando Salazar.
4. LA REAPARECIDA. Luego de desaparecer por algunas semanas de sus redes sociales, la exalcaldesa de la Cuauhtémoc, Sandra Cuevas busca ponerse de nuevo en el ojo mediático y público. En un comentario hecho en Tik Tok lanzó un buscapiés, que más bien suena a amenaza para su sucesora: “¿Se le aparecerá el diablo?” Esto tras criticar lo invertido en mercados públicos en el corazón de la Ciudad de México. Incluso, llamó "perros" a la estructura trabajadora de la alcaldía hoy encabezada por Alessandra Rojo de la Vega. Recordemos que la polémica Cuevas ha sido vista con prófugos de la justicia y miembros del cártel de la Unión Tepito.
5. CONFIRMADO. Mañana lunes 16 de junio la presidenta Claudia Sheinbaum sostendrá su primer encuentro cara a cara con el presidente Donald Trump en Alberta, Canadá. La coyuntura de la reunión no es la mejor. De hecho, se dará en uno de los momentos más complicados de la relación bilateral. ¿Veremos a un Trump majadero? De ser así podría llevarse un descolón.
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx