En una carta fechada el pasado 8 de julio -a solo 71 días de que concluya su gobierno- AMLO volvió a prometer a los padres de los normalistas desaparecidos en Iguala hace casi diez años, “la irrefutable y auténtica verdad de los hechos”.
Y le puso fecha: el próximo primero de septiembre, día de su último informe de gobierno, según revela la misiva cuyo contenido íntegro publicó ayer el periódico La Jornada (https://shorturl.at/lOrNp).
El informe y análisis de hechos de la carta desestima la llamada “verdad histórica” construida por el gobierno de Peña Nieto para ocultar los hechos y que, en términos generales, señalaba que los normalistas fueron confundidos por un grupo delincuencial como parte de otro, “levantados”, incinerados en un basurero de Cocula y vertidos sus restos y cenizas en el Río San Juan.
Este reciente informe de AMLO acepta, sí, que fue el Estado el responsable del funesto crimen. Pero hace esta precisión:
“No hay duda de su responsabilidad, ya sea por omisión, ocultamiento y fabricación de la llamada 'verdad histórica', de los funcionarios federales, estatales y municipales involucrados, pero el señalamiento al Ejército, sin pruebas, produce mucha desconfianza”.
Y en este punto, ofrece una hipótesis: “podría obedecer a un afán de venganza de personas o instancias del extranjero” (¿acaso el desarme de agentes de la DEA en México?) “… para debilitar a una institución fundamental del Estado mexicano, como quisieron hacerlo en el caso del general Salvador Cienfuegos o como lo están haciendo ahora en mi contra con una campaña de desprestigio, sin pruebas, tratándome de vincular con la delincuencia organizada, básicamente por motivos políticos e ideológicos”.
En ese sentido reitera que veinte militares han sido procesados en relación con el caso, dos de ellos generales, por posible omisión y vínculos con la delincuencia organizada, pero que “nada se ha encontrado sobre la participación directa del Ejército” en los crímenes de Iguala, pese a quienes en la narrativa de “fue el Estado”, atribuyen la culpa a los soldados, soslayando la de las autoridades locales, estatales y municipales de Guerrero y la de la banda de delincuentes que operaba en esa región totalmente coludida con esos funcionarios.
En este contexto, explica que se ha aprovechado en el caso “la actitud sectaria de organizaciones independientes o no gubernamentales y la complacencia de organismos internacionales como la OEA y agencias del gobierno estadounidense… y de quienes fingen defender al pueblo, pero en realidad forman parte del entramado de poder oligárquico nacional y sobre todo extranjero”.
A varios de ellos les pone nombre y apellidos, además de calificativos muy duros.
Es el caso del hoy senador Emilio Álvarez Icaza, entonces secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al que reprocha una actitud “hipócrita y reaccionaria” y lo considera “un gran farsante” con disfraz de defensor del pueblo.
También es el caso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales traído para la realización de una investigación independiente. El GIEI siempre insistió en un presunto encubrimiento al Ejército, contó con el aval de la entonces subsecretaría de Derechos Humano, Lía Limón (después postulada por el PAN para alcaldesa de Álvaro Obregón por el frente opositor conservador liderado por “el pseudoempresario Claudio X. González”), e impuso al primer fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, quien acabó renunciando luego de que el GIEI se opuso al encarcelamiento del exprocurador Jesús Murillo Karam, responsable de la desestimada “verdad histórica”.
Menciona además a la escritora Anabel Hernández, quien también sostiene en un libro sobre el caso que fue el Ejército, con base a una serie de grabaciones hechas por la DEA a integrantes del cártel “Guerreros Unidos”), de quien sugiere que trabaja o colabora con la agencia estadounidense antinarcóticos.
Ya se verá, en fin, si AMLO logra, ya con el tiempo pisándole los talones, esclarecer la verdad sobre el infame crimen de Iguala.
Investigan red de corrupción en Pemex
A punto de concluir la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, Pemex está sumida en una crisis financiera provocada, en parte, por una presunta mafia que, denuncian sus trabajadores y proveedores, encabeza el subdirector corporativo de Administración y Servicios, Marcos Manuel Herrería Alamina; red de corrupción que -agregan- ha hecho negocios muy dañinos para la empresa productiva del Estado.
Según informaron fuentes al interior de la petrolera, Herrería Alamilla opera en la impunidad, pues se mueve como alguien muy cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador por ser hermano de la esposa de Pedro López Obrador, hermano a su vez del primer mandatario. De esa cercanía se habría aprovechado Herrería Alamilla, para tejer una amplia red de corrupción, específicamente en el área de petroquímica.
A través de Javier Núñez López, quien fue dirigente de Morena en Tabasco y que también se ostenta como cercano a la familia presidencial, impide y bloquea la adquisición de químicos en el extranjero a empresas que cumplen con las normas internacionales de calidad, en contubernio con los integrantes de la filial PMI como Gerardo Uriel Tufiño Sandoval y Ricardo Ortiz Alatriste.
Se asegura que, a cambio, han otorgado contratos a empresas de amigos que no cuentan con dicha certificación y cuyos productos, de dudosa calidad, no solo ponen en riesgo las finanzas de la petrolera, sino también a sus trabajadores y a la población civil por el riesgo que conlleva el uso de estos químicos que no cumplen con las normas de calidad y que ya han provocado accidentes fatales.
La mala calidad de esos químicos ha mermado la producción de crudo, lo que también ha llevado a Pemex a enfrentar multas que van de los 500 millones a los mil 200 millones de dólares, independientemente de los adeudos que día a día crecen con sus proveedores.
La operación de esa red que encabeza Herrería Alamina ha ocasionado que el titular de la paraestatal, Octavio Romero Oropeza, haya decidido regresar al método de compra de químicos a través de la propia filial PMI, sin la intermediación de Pemex, para tomar distancia y desmarcarse de la denunciada red de corrupción.
AMLO ha repetido hasta el cansancio que nadie está por encima de la ley, razón por la que Romero Oropeza ha marcado distancia con Herrería Alamina, en el que confió ciegamente a lo largo de los últimos años.
Un personaje clave para terminar con la presunta red de corrupción en Pemex es el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O cuya condición para mantenerse en el cargo en la administración de Claudia Sheinbaum, fue meter mano dura en la petrolera.
En la fiscalía general de la República (FGR) ya existen carpetas de investigación en torno a esta red de corrupción y habrá que darle el beneficio de la duda al próximo gobierno, para ver si la investigación llega al fondo y se castiga a los servidores públicos involucrados.
Instantáneas:
1. SEMICONDUCTORES, EUA Y MÉXICO. Estados Unidos ha lanzado un programa para expandir la producción de semiconductores en México, Costa Rica y Panamá y no descartan incluir a otros países de la región. Lo anterior de acuerdo con el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken quién anunció esta iniciativa en la reunión de la Asociación de las Américas celebrada en Washington. El objetivo es identificar caminos para que la región juegue un rol más relevante en la cadena global de suministro para esta crucial tecnología. La intención, de acuerdo con el diario South China Morning Post es desarrollar la región para limitar la influencia de China en el continente americano ante la relocalización (nearshoring) que se advierte, para reducir costos a la economía más grande del mundo. Lo cierto es que la pandemia dejó claro que la cercanía es una de las características fundamentales para que los negocios no se detengan y las economías más grandes del mundo no se vean tan afectadas.
2. SEGURIDAD. Muy activas andan las autoridades guerrerenses en el objetivo de garantizar total seguridad en sus destinos turísticos a los vacacionistas de verano. Como parte de estas acciones, la gobernadora Evelyn Salgado entregó el Distintivo Blue Flag 2024-2025 a Playa La Ropa, en Ixtapa-Zihuatanejo con lo que ese municipio se convierte en uno de los que tienen el mayor número de metros de playa certificados, sumando tres mil 308. Las playas que lograron su recertificación son playa La Madera, así como las playas El Palmar, en sus secciones I, II y II. Además, la mandataria estatal inauguró la remodelación de la zona peatonal del Centro de Zihuatanejo, que contó con una inversión bipartita entre estado y municipio de 12 millones de pesos.
@RaulRodriguezC