Tomemos a bote pronto dos datos verificables:
1. Una encuesta de mil llamadas telefónicas realizada ayer por Massive Caller arroja que 37.9% de los consultados están de acuerdo en asilar a Evo Morales, pero 62.1% no; y 2. La alarmantemente polarizada reacción expresada en redes sociales da cierta ventaja al desacuerdo.
En el fondo se alcanza a ver una generalizada ignorancia que hace eco de nuestros insuperados prejuicios racistas. Afloran a la primera provocación atizados por una oposición política oportunista y rudimentaria —sobre todo la del PAN— incapaz de abanderar causas verdaderamente justas y sin músculo para revertir la narrativa fallida de su docena trágica que llevó a los votantes a sacarla del poder.
Ya me estarán rebatiendo ¿qué de justo tiene asilar a un dictador? Antes de valorar si Morales lo es o no, repasemos conceptos incontestables de nuestro derecho y del internacional. Nuestra Constitución (artículo 11) nos obliga: “Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo”. Ese derecho, además, está regulado por la legislación internacional y es obligación de todo Estado, de manera que “toda persona puede buscarlo fuera de su país de origen en caso de huir de un conflicto que pone en peligro su vida” (Declaración Universal de los Derechos Humanos y Convención de Ginebra). Y nuestra Ley sobre Refugiados y Asilo Político dice: por causas de carácter humanitario se otorgará refugio.
De manera que Evo Morales buscó asilo en México y se le otorgó por una razón humanitaria: salvar su vida, amenazada por el conflicto político-social que se vive en su país. No fue ocurrencia ni despropósito, fue el acatamiento de una obligación legal.
Que México haya sido históricamente un país de asilo, como lo prueba la gran cantidad de personajes del mundo entero que han sido sus beneficiarios, es un timbre de orgullo. Hacer valer ese derecho es parte esencial de una prestigiosa política internacional que se desdibujó al inicio de este gobierno tras la aceptación de atajar las caravanas migrantes hacia Estados Unidos, pero que los gobiernos panistas de Fox y Calderón prácticamente habían desmantelado.
Los principios constitucionales de no intervención, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias habían sido pisoteados y la Doctrina Estrada abandonada.
Los que se oponen al asilo de Evo tratan de incorporar a sus argumentos esa doctrina aplaudida por el derecho internacional pero que confunden —porque no la conocen ni entienden— con el principio de no intervención. Les saldrá el tiro por la culata porque precisamente la Doctrina Estrada, esbozada en 1930, le da fondo a la decisión tomada por México respecto a los hechos de Bolivia: México no reconoce ni desconoce gobiernos y se limita a mantener o retirar a sus embajadores cuando lo crea procedente.
¿Es Evo un dictador? Casi completó 14 años en el poder y ese afán de perpetrarse en él, mediante diversas artimañas electorales, le está costando caro. Lo llevó a un tercer intento de reelección en el que se develó una más, que fue el caldo de cultivo perfecto para una protesta social de gran envergadura atizada, como empieza a verse, por una conspiración de la oligarquía local apoyada por manos estadounidenses.
¿Hubo golpe de Estado? Al parecer sí pues se interrumpió el orden constitucional, ya que más allá de las evidencias de fraude electoral para un nuevo periodo, debía cumplirse un mandato de gobierno hasta finales de este año. Evo renunció presionado por los militares y no se ha podido completar el procedimiento constitucional para nombrar al interino que convoque a elecciones.
¿Fue un fracaso su gobierno? No si nos atenemos a estos datos: crecimiento en 191% del PIB per cápita anual, aumento de 65 a 70 años en la esperanza de vida y disminución de 22% en la desigualdad y de 59 a 34% en la pobreza.
¿Por qué entonces el rechazo a darle asilo? Porque es un indio, rojo y alborotador. Porque nuestra sociedad no ha dejado de ser racista.
Instantáneas
1. INVERSIÓN. Dentro de las malas noticias económicas que surgen cada día, el gobierno de AMLO podría dar una buena en el transcurso de los próximos días ya que está por concretarse una de las inversiones privadas más fuertes en lo que va de su gestión. Un grupo de inversionistas nacionales y extranjeros se proponen meter al país unos 20 mil millones de pesos para construir la planta de fertilizantes TARAFERT en el estado de Durango. De ella se esperan una gran derrama económica y un fuerte apoyo al campo, pues se propone producir un millón de toneladas de urea al año. El proyecto, además, daría gran respaldo al jefe de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, en su objetivo de demostrar con hechos que el capital privado tiene confianza en el país.
2. GRILLAS CAPITALINAS. Dicen los que saben que la diputada morenista Leticia Varela, representante del distrito 26 que abarca partes de las alcaldías de Benito Juárez y Coyoacán, le retiene la mitad de su sueldo a colaboradores que la acompañan en su función. Además de eso, los vecinos no la ven darse ni una vueltecita por las calles que habitan quienes la eligieron diputada.
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