¿Qué sucede en la Procuraduría de Asentamientos y Ordenamiento Territorial (PAOT) del gobierno de la Ciudad de México y la alcaldía Álvaro Obregón? ¿Será que ambas instancias cobijan otro cártel inmobiliario como el descubierto en la Benito Juárez, alcaldía capitalina también gobernada por el PAN?
La PAOT es encabezada por Mariana Boy Tamborell y la alcaldía de Álvaro Obregón por Lía Limón, una de las aspirantes mencionadas para la candidatura de Va por México por el gobierno capitalino. Cuando esta última fue diputada federal por el PVEM en la LXIII Legislatura (2015-2018), Boy Tamborell ocupó posiciones de liderazgo en el Verde Ecologista con gran influencia como secretaria técnica de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados. Fue en ese tiempo que ambas trabaron una sólida amistad.
A la postre¸ Lía Limón regresó al PAN (del que había renunciado para hacerse diputada federal del Verde) y ganó en 2021 la elección en la alcaldía Álvaro Obregón, mientras que Boy Tamborell fue candidata del PVEM a la jefatura de gobierno de la CDMX en 2018, para después incorporarse al equipo de quien la derrotó en las urnas, la morenista Claudia Sheinbaum, como titular de la PAOT.
Así las cosas, una desde el PAN y la otra desde Morena, favorecen a desarrolladores inmobiliarios en franca violación de la normatividad en la materia, según denuncian vecinos de Jardines del Pedregal quienes recuerdan que las complicidades son más fuertes que las amistades y, por supuesto, que las convicciones.
La denuncia ya fue presentada a la PAOT, la alcaldía Álvaro Obregón y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) que dirige Teresa Monroy Ramírez. Los quejosos aseguran que en las tres instancias han sido “bateados”, no obstante tener evidencia de que Limón entrega permisos de construcción como baraja de póquer.
Los vecinos de Jardines del Pedregal -que obviamente no son proclives a Morena y cuyas afinidades políticas están más bien del lado del PAN- denuncian la tala de seiscientos árboles sobre una superficie de cinco mil metros cuadrados en el número 245 de avenida de Las Fuente, sitio donde se construye una obra, presumiblemente cinco residencias de súper lujo, con estacionamiento subterráneo, todo esto en contra de lo establecido por los reglamentos de edificación de la ciudad. Con lonas cubren las zonas de excavación y construcción por lo que los vecinos se preguntan ¿qué ocultan?
Otros desarrollos residenciales de alta plusvalía también se llevan a cabo en la esquina que forman las calles Cráter y Agua, frente a un centro comercial recientemente inaugurado, así como en un largo tramo del Periférico donde se ha avalado el ecocidio y la violación del uso de suelo. Casos emblemáticos son el edificio de Banca Mifel construido sobre el lecho de la presa Anzaldo, en la lateral del Anillo Periférico y la Torre Península, en Avenida Desierto de los Leones 5602, edificaciones suspendidas y cuya demolición fue ordenada hace casi tres años sin que hasta ahora se haya cumplido, confirman integrantes de la organización Vecinos Unidos.
Pero un ejemplo más de como la corrupción es política pública, está en Avenida de las Fuentes y Boulevard de la Luz, frente a la iglesia de Santa Cruz del Pedregal, donde el dueño de dos restaurantes de comida china se apropió de parte del arroyo vehicular y lo pintó de amarillo para usarlo como estacionamiento para sus comensales, por supuesto con el cobro del servicio.
Como usted puede ver, se replica el modelo de operación del cártel de la Benito Juárez, alcaldía que, gobernada también por el PAN, ha sido el paraíso de los desarrolladores inmobiliarios que no sólo obtuvieron innumerables permisos de obra en una zona de por sí densamente poblada, sino que pudieron levantar a su antojo edificios con un mayor número de pisos que el permitido.
Por ese caso ya están en prisión varios funcionarios de la demarcación, incluida Sofía Soraya Von Roerich, hermana de Christian Von Roerich, exdelegado en Benito Juárez que hoy se encuentra prófugo de la justicia.
Instantáneas
1. SOBRE LA MARCHA. Mal hace AMLO en desdeñar la marcha del domingo pasado y descalificar a sus participantes. Sean cuales sean los intereses que esa manifestación expresa o las motivaciones políticas que encubre, es expresión de malestar y/o inconformidad con la 4T de un amplio sector de la población, sobre todo de las clases medias y altas; y refleja capacidad de organización y convocatoria. No puede borrarse del discurso político nacional la categorización clasista. Nuestra sociedad está dividida en clases y así como no puede marginarse del concepto pueblo a clases medias y altas (aunque el término no les guste) tampoco puede separarse de la palabra ciudadanía a los sectores más desprotegidos. Pueblo y ciudadanía son lo mismo, una gran masa de mexicanos, cada cual con sus proclividades ideológicas y políticas.
2. LOS DESPIDOS DEL PLAN B. El Diario Oficial de la Federación publicó finalmente el jueves pasado el decreto de reforma electoral. El INE, en sesión extraordinaria, sesionó el viernes para acatar, bajo protesta, las modificaciones. Entre los cambios que entraron en vigor está la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del instituto, por lo que fue removido del cargo Edmundo Jacobo, quien estuvo al frente de ella durante los últimos catorce años y es un personaje cercano al presidente del Consejo General, Lorenzo Córdova. Jacobo emprendió una serie de recursos ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contra tal determinación. En los hechos se trata del primer despido que traerá consigo la reestructuración del INE que ordena la reforma de marras. Ese, el de los despidos, es un referente medible para saber si, como lo consideran los opositores a dichas modificaciones, se trata del desmantelamiento del órgano electoral. Córdova y comités técnicos del propio INE han dicho que la reforma traerá consigo el despido de dos mil 571 empleados por la compactación de dieciséis direcciones en siete y el reajuste de áreas. Sin embargo, cotejando con las modificaciones en vigor, serán despedidos 64 vocales de juntas locales (dos por cada entidad) y mil 200 vocales de las llamadas juntas auxiliares, es decir, mil 264 empleados. Según el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, esa cifra no llegan al ocho por ciento de los 17 mil 500 trabajadores que aproximadamente tiene el Instituto Nacional Electoral. En fin, la pregunta sigue siendo si esa compactación y la reasignación de algunas funciones son violatorias de la Constitución y realmente ponen en riesgo la elección de 2024. La Corte tendrá la última palabra.
3. DESAFÍO. El consultor político Xiuh Tenorio advirtió que la tendencia a judicializar todos los asuntos públicos y privados constituye un riesgo en las relaciones políticas en México, pues incrementa la tensión entre el Ejecutivo y la Suprema Corte de Justicia.
“Este potencial conflicto entre dos de los tres poderes de la Unión puede convertirse en el elemento más pernicioso para nuestra democracia”, aseguró Tenorio en la mesa “Desafíos Actuales para el Sistema Electoral y la Democracia Mexicana”, organizado por la Sociedad de Exalumnos del ITAM. E hizo un llamado para que nos ocupemos de las condiciones de gobernabilidad para la próxima administración federal en 2024, donde el nuevo presidente o presidenta de la República probablemente no contarán con mayoría legislativa de su lado.
@RaulRodriguezC
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