La inseguridad y la violencia en la que sobrevivimos son críticas e inocultables. Hechos recientes y en curso así lo evidencian. El cártel Jalisco Nueva Generación emboscó y asesinó a seis policías en Aguililla, Michoacán; el de Sinaloa impidió a tiros y con amenazas que se concretara la detención de un hijo de “El Chapo” Guzmán y, al hacerlo, con la toma de calles y rehenes, ridiculizó al gobierno y al Ejército; otro grupo del narco masacró a seis niños y tres mujeres de la familia mormona LeBarón en una zona limítrofe entre Sonora y Chihuahua; y en la fronteriza Ciudad Juárez, un pretendido traslado de reos dejó un saldo de diez muertos, seis heridos y 15 vehículos quemados. Todo en un lapso de veinticinco días.
Es obvio que la estrategia de seguridad de AMLO no muestra resultados. Quizás porque es muy pronto para verlos o quizás porque es la equivocada. Ese es otro debate. Lo que ahora llama la atención es que los hechos referidos, todos de gran impacto mediático, sucedieron en menos de un mes y, todos, de una u otra manera, tocaron fibras estadounidenses. Porque lo de Aguililla y Juárez reforzó el mensaje hacia el estadounidense promedio de que organizaciones criminales controlan su frontera sur y gran parte del territorio mexicano; la finalmente abortada captura de Ovidio Guzmán se realizaba a pedido de extradición de Washington; y los inocentes mormones masacrados eran norteamericanos.
Este proditorio crimen dio lugar al ofrecimiento de Trump de apoyar una guerra que aniquile a los cárteles de una vez por todas y a que retomara su narrativa justificadora del muro en la frontera. Desató, además, voces senatoriales y periodísticas estadounidenses que pidieron abiertamente considerar estos hechos como terroristas, para justificar, dentro de los márgenes de su legislación, una intervención armada.
Fuentes de inteligencia militar en nuestro país consideran que hay suficiente evidencia para evaluar si esta secuencia de hechos violentos en tan breve lapso forma parte de una estrategia desestabilizadora elaborada por Washington con dos fines: 1. Retomar los ataques a México para apuntalar la alicaída campaña de Trump por la reelección, cuando el Congreso de su país está por iniciarle un juicio político de destitución conforme se consolidan las acusaciones de que condicionó ayuda a Ucrania a la investigación del hijo del exvicepresidente Joe Biden, acaso el más fuerte de sus contrincantes en la carrera hacia la Casa Blanca; y 2. Presionar más al gobierno de AMLO para obligarlo a aceptar una mayor intervención de sus agencias en México, recuperar la estrategia de la guerra frontal al narco y mantener subordinada a la de Estados Unidos la política de seguridad de México (“La Guardia Nacional y los cárteles inexistentes” https://bit.ly/36OcClF ).
¿Traer su guerra a México serán los estertores de Trump?
Instantáneas
1. Y LOS GOBERNADORES… ¿Dónde están y qué hacen en medio de esta crisis de inseguridad? Porque en Sinaloa, el priista Quirino Ordaz ha buscado por todos los medios permanecer completamente ajeno al “culiacanazo”. Y en Sonora y Chihuahua, ¿acaso garantizan seguridad y vida la también tricolor Claudia Pavlovich y el panista Javier Corral en el corredor fronterizo del fentanilo donde ocurrió la masacre de los LeBarón? ¿Qué hace en Nuevo León el independiente Jaime Rodríguez “El Bronco” ante el aumento de delitos en 42% en lo que va del año; o en Morelos el pesista Cuauhtémoc Blanco con su incremento de 40%; o en el Estado de México el priista Del Mazo con su 18%? ¿Qué hacen los morenistas Cuitláhuac García y Adán Augusto López para frenar la crisis de inseguridad que viven Veracruz y Tabasco? Claro que el gobierno federal tiene responsabilidad en esto, pero los gobernadores, de todo signo, lo han dejado solo.
2. RÉPLICA. A propósito de señalamientos hechos en este espacio, el secretario de Gobierno de Michoacán, Carlos Herrera Tello, aclaró a esta columna que no tiene vínculo familiar ni laboral alguno con la exfuncionaria del estado Jacqueline Gómez Moreno, recientemente detenida en posesión de dos vehículos de lujo relacionados con hechos delictivos.
3. RENUNCIA EN PUERTA. Muy fuerte suena el nombre de Juan Guízar, coordinador de Comunicación Social de Baja California, y no por qué esté pensando en presentarla sino porque más de uno la exige. Guízar es señalado de haber sido quien dio pie a ventilar el video donde aparecen Olga Sánchez Cordero y Jaime Bonilla sin advertir, pequeño detalle, que realizaba una transmisión en vivo.
4. PERIODISMO. Este viernes por la mañana comienzan los trabajos de la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación que ayer inauguraron Olga Sánchez Cordero y la senadora Mónica Fernández. El INAI es la sede este año y coordina la comisionada Blanca Lilia Ibarra. Participan más de 120 periodistas de investigación de 24 países y expondrán trabajos con los que se han destapado relevantes casos de corrupción que han cimbrado a varios gobiernos en el continente.
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