BUENO, de entrada, que la Cámara de Diputados haya aplazado hasta enero o febrero próximo el debate y eventual aprobación de la minuta con proyecto de decreto que aprobó el Senado para que el Banco de México compre los excedentes de dólares en efectivo de los bancos, los repatrie a Estados Unidos o bien los incorpore a las reservas internacionales del país. Se abrió así un espacio para una minuciosa revisión técnica que conjure, de ser preciso, los peligros que advierten en ella el propio instituto central, los banqueros y los empresarios.
BUENO, también, el objetivo social esgrimido para la reforma: beneficiar a las familias de los migrantes mexicanos para que sus dólares en efectivo puedan convertirlos a precios de mercado y no a la mitad de su valor, como ocurre en muchas casas de cambio y en los mercados negros de zonas expulsoras de mano de obra, aisladas y de alta marginación.
En cualquiera de ellas se puede corroborar el abuso, pero el Banxico considera que es un fenómeno marginal ya que 98% de las remesas son transferidas electrónicamente, lo que quiere decir que en efectivo y por ese concepto, solo entran al país 800 millones de dólares anuales. Cifra ésta que no reconoce como real el senador Ricardo Monreal, autor de la iniciativa, quien estima que al menos cinco por ciento de las remesas anuales (dos mil millones de dólares) llegan en efectivo al país con los migrantes que en verano y fines de año vienen a México a visitar a sus familias. ¿Quién tiene la razón? Demuéstrenos la verdad.
Ahora bien, ¿por qué los migrantes o sus familias no cambian sus dólares en efectivo en los bancos? Porque no se los toman a quienes generalmente están imposibilitados de cumplir los estrictos requisitos contra el lavado de dinero; y porque los bancos se niegan a llenar sus bóvedas de divisas cuyos excedentes no pueden repatriar por las estrictas reglas de sus corresponsalías en el extranjero contratadas para ese fin, igualmente sometidas a una dura normatividad de las autoridades norteamericanas, cuya violación implica multas como la aplicada en 2012 a HSBC por mil 900 millones de dólares.
¿De cuánto es el monto de dólares no repatriados por la banca mexicana? El Banxico asegura que entre enero y septiembre de ese año fue de 102 millones de dólares, monto que califica de marginal. Los senadores de Morena consideran que esa cifra solo mide nueve meses en un año en el que, por efectos de la pandemia, cayeron los ingresos de dólares en efectivo y la repatriación de excedentes. Estiman que entre 2012 y 2020, al menos mil millones de dólares quedaron atrapados en las bóvedas de los bancos mexicanos. ¿Quién dice la verdad? Exijámosla.
La reforma, entonces, faculta al Banxico a comprar a precios de mercado esos dólares excedentes que no pueden repatriar los bancos para que él lo haga a través de sus propios corresponsales o bien los incorpore a las reservas internacionales.
Y es ahí donde empieza lo MALO: las instituciones financieras mexicanas le transfieren al banco central el riesgo de contaminarse y contaminar las reservas de dinero sucio y de ser objeto, en el proceso de repatriación de la divisa, de multas o hasta congelamiento de cuentas por la autoridad financiera estadounidense. Los malosos siempre encuentran modos de burlar aún los más estrictos controles antilavado.
Tomemos como cierto que en ocho años los bancos no pudieron repatriar mil millones de dólares ¿Por esa cantidad se van a poner en riesgo 194 mil millones de dólares de la reserva internacional? ¿No podría buscarse otro mecanismo para conseguir el objetivo social de la reforma? ¿Por qué no partir del hecho de que el sistema financiero mexicano está sujeto de facto a los intereses de los bancos corresponsales extranjeros y de sus reguladores?
De ahí que la reforma no convenza ni siquiera a los dos subgobernadores del Banxico identificados con la 4T: Gerardo Esquivel, quien la considera riesgosa para las reservas del país, y Jonathan Heath, quien cuestionó que se reforme una ley para favorecer a una sola empresa.
Y ahí está lo FEO. No se precisó el nombre de esa empresa, pero hay evidencia que apunta al Banco Azteca, de Ricardo Salinas Pliego, integrante del consejo asesor empresarial de AMLO. Ese intermediario –encargado de dispersar los recursos de los programas sociales del gobierno– no cuenta desde hace tres años con banco corresponsal extranjero, ya que el que tenía, Lone Star, fue sancionado por violar la normatividad antilavado. Salinas Pliego publicó hace unos días en su blog personal una denodada defensa a la reforma de marras.
Ricardo Monreal declaró que el Senado no acepta presiones ni injerencias de ningún tipo, pero en política cuentan mucho las percepciones. Y aquí cabe aquel dicho que reza: si camina como pato, nada como pato y grazna como pato, entonces es pato.
Instantáneas:
1. CONTACTOS
Los presidentes de las juntas de Coordinación Política del Senado y de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal e Ignacio Mier, respectivamente, han iniciado contactos con diversos funcionarios del sector financiero gubernamental y representantes del sector privado, para intercambiar ideas sobre la polémica reforma a la Ley del Banco de México. La idea es conformar un grupo técnico y una comisión bicameral que revise su contenido, a fin de que llegue con el mayor consenso posible al periodo extraordinario de sesiones que tendrá lugar el próximo 15 de enero o bien en el ordinario que iniciará en febrero.
2. SIN SOBRESALTOS
lo que se agradece en estos tiempos complicados, la secretaria de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, Luz Elena González Escobar, pasó la aduana del Congreso capitalino que le aprobó el paquete económico para 2021. Cinco son sus puntos relevantes: Se garantizan recursos para la atención de la contingencia por Covid-19; se prioriza el gasto en programas sociales; se mantiene el programa de infraestructura; no hay nuevos impuestos; y se ratifican los principios de austeridad, transparencia y combate a la corrupción.
3. ALCALDES
Arias Consultores dio a conocer los resultados de su medición de desempeño de los alcaldes de la Ciudad de México. De acuerdo con ella, los tres alcaldes capitalinos con mayor aceptación son: El panista Santiago Taboada en Benito Juárez (71.6%); el perredista Julio César Moreno Rivas en Venustiano Carranza (68.4%) y el morenista Néstor Núñez en Cuauhtémoc (64.3%). Y los tres peor calificados: los morenistas Vidal Llarenas en Azcapotzalco (8.9%), Raymundo Martínez Vite en Tláhuac (8.4%) y Layda Sansores, ahora con licencia, en Álvaro Obregón (6.6%).