Bien valdría analizar las dos recientes visitas a México del fiscal general de Estados Unidos, William Barr, en línea con el refrán “piensa mal y acertarás”.
La primera, en la que se entrevistó con AMLO en el Palacio Nacional, fue el pasado 5 de diciembre. Había pasado un mes del brutal asesinato de seis niños y tres mujeres de la familia LeBarón. Ésta había solicitado al gobierno de Estados Unidos que declarara terroristas a los cárteles del narcotráfico (presuntos responsables de la masacre), petición que el presidente Donald Trump no dudó en asumir como factible, lo que le abriría la posibilidad de intervenir en territorio nacional, en franca violación a nuestra soberanía.
Al día siguiente, 6 de diciembre, el expresidente de Bolivia, Evo Morales, quien el 11 de noviembre anterior había sido asilado por el gobierno de México tras ser depuesto por una oposición a la que Estados Unidos reconoció como gobierno, salió del país rumbo a Cuba para desembarcar finalmente en Argentina, sin que nadie lo esperara y sin mayor explicación. ¿Fue una exigencia de Washington?
Si asumimos que sí, pensando con malicia para acertar, ¿a cambio de qué? Los hechos consignan que, al día siguiente, 7 de diciembre, Trump decidió posponer temporalmente la designación de los cárteles mexicanos de la droga como terroristas y tres días más tarde, el 10 de diciembre, el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna fue detenido en Dallas, Texas, acusado de recibir sobornos multimillonarios para dar protección al cártel de Sinaloa.
La segunda visita del fiscal general estadounidense fue el pasado jueves 16 de enero. Esta vez no se reunió como AMLO, pero sí con su gabinete de seguridad. Cuatro días después, el pasado lunes 20 de enero, atestiguamos lo hasta hace algunos meses parecía impensable: la Guardia Nacional conteniendo con gases lacrimógenos en la frontera sur a la nueva avalancha de migrantes centroamericanos. ¿Fue a pedido de Washington?
Si asumimos que sí, pensando con malicia para acertar, ¿a cambio de qué? Los hechos aun no lo revelan con toda claridad, pero ayer algo empezaba a atisbarse. Durante la segunda audiencia de Genaro García ante la corte federal de Brooklyn, Nueva York, el juez Brian Cogan, quien condenara a cadena perpetua al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, concedió a la fiscalía estadunidense un plazo de 30 días más para acreditar sus pruebas, al considerar que se trata de un juicio complejo.
Los fiscales aseguran tener “toneladas de evidencia” contra el exsecretario mexicano de Seguridad Pública entre las que se encuentran “documentos financieros, información de dispositivos electrónicos y material clasificado”.
Tras conocerse esta declaración, César de Castro, abogado de oficio de García Luna –ya que aseguran que no ha podido contratar un abogado privado por tener cortado el acceso al sistema financiero mexicano- negó que su defendido esté negociando un acuerdo de culpabilidad y aseguró que no está interesado en ello.
Eso abrió nuevamente la posibilidad de que el todopoderoso policía de Felipe Calderón vaya a juicio y suelte información sensible que bien podría considerarse de seguridad nacional. Y no solo porque apuntaría hacia cabezas como Enrique Peña Nieto y/o Carlos Salinas de Gortari, sino también hacia altos personajes de la política en Washington.
Instantáneas:
1. NEGOCIAZO. ¿De quién será la empresa que durante años tuvo la concesión de la comida para los reos de los reclusorios de la Ciudad de México? Hay quienes dicen que es un influyente personaje de la 4T quien al perder la concesión en el gobierno de Claudia Sheinbaum, ya maniobra para conseguir la de los reclusorios de Veracruz. ¿Se la entregará el gobernador Cuitláhuac García?
2. LITIGANTES. Se está conformando un frente de abogados que acusan irregularidades al interior de la Fiscalía General de la República. Denuncian, particularmente, a Anselmo Mauro Jiménez Cruz, fiscal antisecuestros de la SEIDO, de extorsionar a los litigantes que solicitan información de diversas investigaciones. La información ya llegó hasta la Barra Mexicana de Abogados.
3. ¿AUTOGOL? El director del ISSSTE, Luis Antonio Ramírez Pineda declaró el lunes que abusos y deudas de gobiernos pasados lastran a ese instituto. ¿Se cometerían esos abusos durante el gobierno de Peña Nieto? Porque Ramírez Pineda fue director de Finanzas del ISSSTE cuando Sebastián Lerdo de Tejada lo dirigía.
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