A propósito del enfrentamiento en curso entre Ernesto Zedillo y Claudia Sheinbaum, el hoy titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez recordó una historia muy poco conocida sobre los hechos de corrupción y los latrocinios encubiertos en el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
El expresidente Zedillo (1994-2000) insiste en acusar al anterior y al actual gobierno de haber consumado el asesinato de nuestra democracia con una reforma judicial que a su juicio es una farsa para encubrir a un régimen de partido hegemónico, autoritario, despótico y militarista.
La presidenta Sheinbaum respondió recriminando a su antecesor el enorme daño económico que causó al país con la crisis desatada por el llamado “error de diciembre” y con el corrupto salvamento de deudas privadas de grandes banqueros y empresarios, a cuenta de un rescate, el del Fobaproa, que acabó por convertir en deuda pública los más de un billón 96 mil millones de pesos que desde hace treinta años venimos pagando todos los contribuyentes.
Zedillo, por supuesto, defendió el fondo de rescate, dijo que sin él hubiera sido imposible evitar el colapso de los sistemas bancario y de pagos del país, y salvar los ahorros de millones de cuentahabientes. No reconoce que había vías alternativas que Gómez asegura le propusieron y que han funcionado en otros países.
El expresidente aseguró, además, que las operaciones del Fobaproa fueron transparentadas por una auditoría independiente encargada al contador canadiense Michael Mackey por el Congreso de la Unión que, para entonces, ya no tenía mayoría del PRI.
Es ahí donde viene a cuento la historia recordada por el titular de la UIF: los resultados de una auditoría, en efecto, se entregaron en CD's a los cinco partidos representados entonces en el Congreso, pero no se transparentaron.
Cada uno de los discos se entregó con una clave o llave de acceso, pero resultó que para desencriptar el documento debían usarse las cinco llaves a la vez.
El PRI se opuso en definitiva a entregar la suya mientras que el PAN se hizo el rejego y acabó por entregar, vía su diputado y abogado fiscalista Fauzi Handam, una llave falsa. Aun así, especialistas cibernéticos convocados por el PRD lograron abrir la auditoría encriptada que develaba los créditos considerados delictuosos y/o discrecionales.
Fue así que salieron a relucir nombres de dueños de bancos que se autoprestaban y cuyas deudas se saldaron con recursos del Fobaproa: Carlos Cabal Peniche, quien se benefició con la reprivatización de Cremi para convertirlo en Banco Unión, preso de 1995 a 2002 en Australia, extraditado a México para estar en prisión de 2001 a 2009 y finalmente liberado; Ángel Isidoro Rodríguez alias “El Divino”, de Banpaís, detenido en Ibiza, España, el 18 de mayo de 1998 por fraude y delitos financieros, hoy en libertad con media docena de amparos; y Jorge Lankenau, de Banca Confía, preso en Monterrey hasta su muerte en 2012, acusado de desviar fondos del rescate bancario a paraísos fiscales.
Ellos, al igual que otros neo banqueros como Carlos Hank Rohn han declarado en diversos momentos y foros haber hecho aportaciones a las campañas políticas priistas de Ernesto Zedillo y Roberto Madrazo.
Otros beneficiarios del Fobaproa de acuerdo con las operaciones auditadas son el expresidente panista Vicente Fox; el exgobernador priista de Sonora Eduardo Bours; el exgobernador panista de Nuevo León Fernando Canales Clariond; el banquero Agustín F. Legorreta y los empresarios Fernando Senderos Mestre, Claudio X. González Laporte, Manuel Gómez Daza Rangel y Valentín Díaz Morodo, entre otros.
Y políticos que hoy militan en Morena dieron su aval desde el PRI y el PAN para convertir en deuda pública los recursos utilizados para el salvamento de los bancos. Es el caso del actual vicecoordinador guinda en el Senado, Ignacio Mier; el senador otrora blanquiazul Javier Corral; la diputada morenista Patricia Armendáriz y el actual gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro.
El Fobaproa fue creado en 1990 por el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari como un fideicomiso privado para enfrentar eventuales crisis del sistema bancario y garantizar los depósitos de los ahorradores, pero se recurrió a él hasta la crisis de 1994-1995.
La inestabilidad política en que se llevó a cabo el cambio de gobierno en esos años por hechos como los asesinatos políticos de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, y el crimen del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo presumiblemente a manos del narcotráfico, ya hacía estragos en la economía.
En diciembre de 1994, el gobierno de Zedillo decidió devaluar al peso y notificó anticipadamente la medida a algunos empresarios y políticos, lo que dio lugar a una alarmante fuga de capitales que prácticamente se comió las reservas internacionales e impactó en la inflación, incrementó las tasas de interés y disparó la cartera vencida de los bancos.
Estos se quedaron sin fondos para pagar los intereses de sus ahorradores mientras que los altos réditos llevaron a la quiebra a miles de personas morales y físicas.
Fue así como decidió aplicarse el Fobaproa cuya deuda original fue de 552 mil millones de pesos, pero la situación llegó a tal grado que Zedillo ordenó comprar esa deuda privada de la banca para asumirla como deuda pública. El Fobaproa se convirtió así en el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) que, con recursos públicos, dinero de nuestros impuestos, ha pagado y paga esa deuda cuyo servicio la ha elevado a poco más de un billón de pesos.
No se trata, señor Zedillo, de revivir historias de hace treinta años para encubrir presuntas catástrofes actuales, se trata de conocer la verdad, transparentarla para darle la vuelta a la hoja. Con ese mismo afán coincido con usted en exigir que se transparenten ampliamente los recursos gastados en las obras emblemáticas de AMLO (Tren Maya, Dos Bocas y AIFA) y que éste también demuestre, sin lugar a duda, que no es beneficiario de pensión alguna ni de apoyos logísticos, tal y como ocurre con todos los exmandatarios tras la reforma de ley que él mismo impulsó. No sea que AMLO reciba por ahí alguna lanita como la que merecidamente recibe usted como exfuncionario del Banco de México.
Instantáneas:
1. “NO, PRESIDENTE TRUMP”. Luego de que el Wall Street Journalpublicara el viernes que en sus llamadas telefónicas Donald Trump ha presionado a Claudia Sheinbaum para que el ejército estadounidense entre a nuestro territorio para coordinar la lucha contra los cárteles del narcotráfico, la presidenta mexicana comentó que su respuesta invariable ha sido “No, presidente Trump”. Al inaugurar ayer una universidad para el bienestar, Sheinbaum aseguró que también le dijo que “el territorio es inviolable, la soberanía es inviolable, la soberanía no se vende, la soberanía se ama y se defiende, colaborar sí, podemos trabajar juntos”.
2. FRENO A ACELERADOS. Luego que la presidenta Sheinbaum solicitó a la dirigencia nacional de Morena fijar reglas para evitar campañas adelantadas y nepotismo en las candidaturas para las próximas elecciones, se fijó para hoy la reunión del Consejo Nacional del partido guinda que las definirá. Dicho de otra forma: el propósito de esta reunión es establecer de forma clara los tiempos del partido para la selección de candidaturas a las 16 gubernaturas que estarán en juego en 2027. En cuanto a campañas adelantadas, un caso muy sonado ha sido el de la senadora Andrea Chávez, en plena campaña por la candidatura al gobierno de Chihuahua y con todo el apoyo del coordinador parlamentario de Morena en el Senado, Adán Augusto López y algunos empresarios afines.
3. NEPOTISMO EN SLP. En cuanto a la intención de hacer valer en Morena desde 2027, no obstante que entrará en vigor en 2030, la ley que prohíbe a familiares directos la sucesión en los cargos, hay inconformidad en varios estados, pero en San Luis Potosí casi se ha vuelto ruptura de la alianza en el poder. El gobernador Ricardo Gallardo Cardona, llegado a la gubernatura con el Partido Verde, dice no estar dispuesto a aplicar la recomendación presidencial, ya que quiere para su esposa, la hoy senadora Ruth González Silva, la candidatura para sucederlo en el cargo dentro de dos años.
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