La propuesta de reforma electoral del expresidente López Obrador, impulsada ahora por la presidenta Sheinbaum, tiene al país inmerso en un acalorado debate sobre el impacto que podría tener en la representación política de las minorías la propuesta de eliminar las candidaturas de representación proporcional y la de reducir el altísimo financiamiento a los partidos políticos y al órgano electoral.
A una semana de que inicie el segundo período ordinario de sesiones de este año legislativo, se ha abierto el espacio -que es preciso sea inclusivo y plural- para discutir cambios trascendentales (¿para bien o para mal?) de nuestro sistema electoral, planteados para su aprobación a más tardar a finales de este año.
Son pertinentes dos preguntas para contextualizar el debate: ¿cómo llegamos al punto en que nos encontramos? y ¿cuáles son los asuntos clave de la iniciativa?
Hablamos de lo que sería la cuarta reforma electoral de gran calado entre 1997 y 2025, período en el que se consolidó la alternancia democrática con la certeza de que el voto cuenta y se cuenta bien; y la primera entre ellas que no es impulsada desde las oposiciones políticas, sino desde el partido en el gobierno.
En 1977 fue la que se concretó con Jesús Reyes Heroles en el gobierno de López Portillo, que abrió al régimen al pluralismo, reconoció a las minorías al otorgar registro a los partidos Comunista, Socialista de los Trabajadores y Demócrata Mexicano, y aumentó de 300 a 400 el número de diputados al incluir a cien plurinominales para abrir más espacios a las minorías.
En 1990, tras la severa crisis que fracturó al PRI, fue la que creó al IFE (aun presidido por el secretario de Gobernación, pero con consejeros ciudadanos) y el primer Tribunal Electoral; seis años más tarde (1996) fue la que “ciudadanizó” completamente al IFE y avaló la primera alternancia con el panista Vicente Fox; y en 2014, ya concretada la segunda alternancia de Felipe Calderón a Peña Nieto, fue una reforma política que transformó al IFE en el actual INE.
Hablamos también de lo que sería un cuarto intento de la 4T por concretar su reforma electoral, desde que en 2022 la presentó AMLO por primera vez al Congreso como reforma constitucional y después como reformas a leyes secundarias, que no se aprobaron por la falta de una mayoría legislativa calificada y por su inconstitucionalidad según el fallo de la Corte.
López Obrador, en su larguísima campaña política, sobre todo tras lo que consideró y considera el fraude electoral de 2006, siempre planteó modificaciones al órgano electoral basadas, sobre todo, en la reducción a los altísimos financiamientos a los partidos políticos y al órgano electoral. Ya presidente, en abril de 2022, envió al Congreso una primera iniciativa de reforma electoral (Plan A) para abaratar el costo de la democracia con ahorros hasta de veinte mil millones de pesos que incluían la reducción de la estructura orgánica y el nombre del INE. Una primera parte de esa reforma en materia de comunicación social fue aprobada, pero la segunda parte ya no pasó al no tener Morena y aliados la mayoría calificada en el Congreso.
Vino entonces el Plan B en noviembre de ese mismo 2022 que, más o menos con los mismos objetivos, propuso cambios no constitucionales sino a la legislación electoral secundaria. Diputados y senadores los aprobaron, no sin varias modificaciones, y finalmente la Corte los declaró inconstitucionales.
El Plan C, ya en febrero de 2024, era ganar -como ocurrió- la presidencia y la mayoría calificada del Congreso, para darle curso -como ocurre ahora- a las partes esenciales de la iniciativa original.
¿Cuáles son esas partes esenciales? 1. Suprimir las 200 curules de representación proporcional de la Cámara de Diputados y los 32 escaños plurinominales del Senado; 2. Sustituir a los “pluris” con asignaciones de la llamada “primera minoría” a quienes obtengan el segundo lugar en la elección, tal y como ocurre ya con 32 escaños de la Cámara de Senadores; 3. Reducir el financiamiento de los partidos políticos; y 4. Elegir mediante voto popular a los consejeros y magistrados electorales.
La iniciativa argumenta que los 200 diputados y senadores plurinominales con que hoy cuenta el Congreso no reflejan la voluntad directa del electorado y solo benefician a las cúpulas de los partidos políticos. Cierto es que la figura de la representación proporcional, instaurada desde la reforma de 1977, garantizó la presencia de grupos muy pequeños, minoritarios, lo que al paso del tiempo se deformó cuando las mayores fuerzas políticas empezaron a utilizarla para colocar, mediante listas, a figuras convenientes y/o prominentes de sus partidos.
Quienes se oponen a la propuesta de eliminar plurinominales, entre otros varios expresidentes de lo que fue el IFE y ahora es el INE, además del PAN y el PRI, consideran por el contrario que su supresión sí pondría en grave riesgo la representación de las minorías y de los grupos vulnerables, lo que también ocurriría si, como propone la reforma, se sustituye la figura de los plurinominales por la de primera minoría que ya opera en el Senado, pero que no alcanzaría para equilibrar la balanza. De ahí que adviertan también el riesgo de incurrir en una hegemonía con distorsiones como la que llevó a que Morena y aliados, con 55% de los votos en la elección de 2024, tenga una sobrerrepresentación con 85% de los distritos.
Por otro lado, la disminución del financiamiento a los partidos y al órgano electoral es para la 4T una propuesta viable porque ella por sí misma (¡vaya soberbia!) garantiza la legalidad y equidad de los comicios y sus millonarios presupuestos pueden orientarse hacia la política social. La oposición, sin embargo, estima que se trata de una maniobra de colonización del órgano electoral, que limitaría, sobre todo, la capacidad competitiva de las fuerzas políticas que representan a las minorías.
A manera de conclusión: la reforma electoral propuesta para 2025 no necesariamente acabará con la representación de las minorías, pero sí plantea riesgos significativos al eliminar los plurinominales y priorizar un sistema de primera minoría que podría excluir a partidos pequeños y grupos vulnerables.
La falta de mecanismos claros para garantizar la pluralidad -lo que agravaría la exclusión histórica de las minorías- está por encima del argumento de la 4T de austeridad en el financiamiento electoral y de mayor cercanía con los electores.
Instantáneas:
1. DE “POLKOS” Y “MIRAMARISTAS”. No son pocos quienes creen que sin Estados Unidos no podremos resolver los acuciantes problemas de México. Históricamente esa ha sido la convicción de los conservadores en su secular confrontación con los liberales. De ahí que episodios como la invasión de 1847 o la intervención francesa y el imperio de Maximiliano (1864-1897) hayan tenido el respaldo de grupos de mexicanos como los clericales “polkos” (llamados así no por su supuesto gusto de bailar polkas sino por su respaldo al expansionista e intervencionista presidente estadounidense James Polk, quien nos arrebató California y Nuevo México); o los “miramaristas” (conocidos así porque fueron los emisarios que viajaron al Palacio de Miramar, residencia de verano de Maximiliano de Habsburgo, para ofrecerle el trono de México). No faltan en estos días “polkos” y “miramaristas”. Ya asomaron la cabeza la senadora Lily Téllez y el senador Ricardo Anaya, ambos del PAN, y Alejandro Moreno Cárdenas, este del PRI, que han ido a Estados Unidos a solicitar la intervención de Washington en asuntos que solo atañen a los mexicanos. Claro que mucho ayudaría la cooperación estadounidense en el combate al narco, pero de acuerdo con el gobierno de México y sin violaciones a nuestra soberanía.
2. CRECER ANTE LA ADVERSIDAD. Este fin de semana la presidenta Claudia Sheinbaum ha regresado por enésima ocasión al estado de Guerrero y en particular a Acapulco. Todo indica que han sido el estado y el municipio más visitados por la primera mandataria en su primer año de gobierno. La adversidad, presente con los devastadores huracanes “Otis” y “John” explica, por supuesto, la asiduidad presidencial. Pero también la explica el desempeño que ha tenido para enfrentar esos y los otros muy graves problemas del estado de Guerrero la gobernadora Evelyn Salgado quien, como candidata sustituta de su padre, el descarrilado Félix Salgado Macedonio en sus aspiraciones de 2021, entró al relevo como una política inexperta y débil a la que se referían como “la torita”, apelativo derivado del mote de su progenitor, “el toro”. Pues Sheinbaum, en esta reciente visita a Guerrero, reconoció los tamaños de Evelyn y le hizo público reconocimiento.
3. PROTECCIÓN SUBTERRÁNEA. Una interesante iniciativa se procesará en el Congreso de Tamaulipas y sus alcances deberían llegar a nivel nacional. Se trata de proteger vital infraestructura subterránea en las ciudades del país, ante trabajos de excavación que suelen perforar ductos de agua, gas, electricidad y telecomunicaciones. Propone un sistema de vigilancia compartida, en el que las empresas que perforan el suelo, ya sea por obra pública, por reparaciones o por renta de maquinaria, estén obligadas a notificar sus tareas a las compañías de servicios antes de empezar excavaciones. Más que imponer un nuevo trámite burocrático lo que se pretende es prevenir interrupciones de servicios vitales, evitar fugas de agua y gas natural, reducir los apagones que paralizan la actividad diaria e inhabilitan internet, teléfono y televisión. Pero, además de la prevención, la iniciativa establece una responsabilidad clara a empresas o contratistas que causen daños a la infraestructura, lo que las obliga a asumir costos y consecuencias. Es la primera iniciativa de su tipo en el país y puede marcar la pauta para reducir riesgos a la seguridad de la población civil y daños económicos por interrupciones de suministros de todo tipo.
@RaulRodriguezC
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