La detención en Estados Unidos el miércoles pasado del exdirector de Pemex, Carlos Alberto Treviño (acusado de recibir sobornos por el también exdirector de la petrolera y hoy en prisión domiciliaria Emilio Lozoya Austin) reabrió el debate sobre la escandalosa corrupción imperante en la más importante empresa pública del país.
Según cuentan algunos de sus colaboradores, Treviño solo vio una vez al expresidente Peña Nieto y guardaba como recuerdo en el escritorio de su oficina en Pemex, un periódico con la fecha de su nombramiento, lo que de alguna manera ilustra -agregan- su posición como un operador visible, sí, pero de ninguna manera como el verdadero poder en la paraestatal.
Así que Treviño solo es el rostro de una red articulada por el también exdirector de Pemex y luego secretario de Hacienda en el sexenio de EPN, José Antonio González Anaya, y un grupo político capaz de sobrevivir al cambio de sexenio.
Pepe Toño, como le dicen sus conocidos, tiene vínculos familiares con el expresidente Carlos Salinas de Gortari y con Jerónimo Gerard, este último cuñado de ambos y quien curiosamente fue uno de los grandes ganadores de la reforma petrolera impulsada por Peña Nieto que lo benefició con yacimientos petroleros que después puso a la venta a extranjeros.
Y es precisamente en ese entramado en el que operaron tres personajes clave: René Curiel Obscura, Juan Pablo Newman Aguilar y Rodrigo Becerra Mizuno.
El Wall Street Journal reveló el 11 de octubre de 2019 que la firma israelí Black Cube sostuvo once reuniones encubiertas en la CDMX, Nueva York y Londres, en las que sus ejecutivos se hicieron pasar por inversionistas árabes. De esas operaciones resultaron decenas de horas de grabaciones en las que altos funcionarios del Pemex describen con precisión los mecanismos de soborno utilizados para obtener contratos.
En ese sistema, René Curiel jugó un papel central. Con González Anaya fue jefe de la oficina de la dirección general, un operador político-administrativo con acceso directo a todas las áreas y capacidad de destrabar o congelar decisiones. Cuando González Anaya pasó a la titularidad de Hacienda (2017), Curiel lo acompañó. Sorprendentemente, ya con el gobierno de la 4T y el agrónomo Octavio Romero Oropeza al frente de la paraestatal (2018), Curiel reapareció como Titular de la Unidad de Responsabilidades en Pemex Exploración y Producción. Desde esa posición blindó a esta red de exfuncionarios de auditorías e investigaciones. El caso de Curiel explica cómo el grupo preservó su protección más allá de los cambios políticos, y evidencia la poca atención del agrónomo a los asuntos internos de la empresa.
Juan Pablo Newman fue director corporativo de Finanzas (2016-enero 2018). Más allá de cifras o balances, su verdadero poder estuvo en las cuentas por pagar a contratistas y proveedores. A ello se suma su corresponsabilidad en el descontrol del endeudamiento de Pemex. Newman es un ejemplo de la decadencia de la tecnocracia en Pemex. Cuando González Anaya dejó Pemex para irse a Hacienda, Newman se incorporó a esa secretaría, desde la que conservó el control del dinero de la petrolera.
Como director corporativo de Tecnologías de la Información de Pemex, Rodrigo Becerra Mizuno firmó el contrato más sospechoso de ese período: prácticamente todo el presupuesto del área se destinó a Microsoft, de la que fue ejecutivo en Asia. Pese al claro conflicto de interés, avaló un multimillonario acuerdo aún vigente y concentró capacidades críticas en un solo proveedor. La llamada “modernización” se redujo a dependencia: contratos costosos, compromisos opacos y la estratégica tecnología de la información capturada por una sola empresa expuesta a riesgos de hackeos.
Los audios de Black Cube confirman que la corrupción en Pemex no es cosa de un par de empleados y/o directivos, sino que hay una red en la que seguramente figuran también los tres exfuncionarios de la petrolera sobornados para obtener contratos por dos empresarios mexicanos residentes en Texas: Alexandro Rovirosa, residente de Roma Energy Holdings, y Mario Alberto Ávila Lizárraga, excandidato priista a la gubernatura de Campeche; de acuerdo con una denuncia presentada el lunes pasado (11 de agosto) por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Y así, mientras Treviño está detenido, otros actores de esa trama están libres, agazapados y blindados por una red de corrupción.
Un despojo disfrazado de inversión
El empresario Aldo Micheletti, hijo del expresidente de Honduras, Roberto Micheletti Baín, llegó a México en 2023 con jugosas promesas de inversión para la región de El Bajío, de las que hoy solo se alcanza a ver rastros de deudas e impuestos evadidos, además de una demanda colectiva de trabajadores interpuesta en un tribunal laboral.
Como director del holding estadounidense American Milling and Manufacturing Industries (AMMI), Aldo Micheletti fundó en Salamanca, Guanajuato, la empresa “Millfoods”, una enorme planta agroindustrial de productos derivados del maíz no transgénico, insumos básicos para la producción de cerveza, lo que la llevó a una alianza estratégica comercial con Grupo Modelo.
Aparentemente todo iba bien con “Millfoods”, pero un adeudo de cinco millones de pesos a los trabajadores de la planta destapó otras millonarias deudas con técnicos, proveedores y laboratoristas, algunos de los cuales ya llevan más de un año en espera de que se les pague lo que legalmente les corresponde, mientras que la empresa no deja de percibir ingresos y utilidades.
Alejandro Lara, director financiero de la empresa Estructuras Metálicas de Puebla, uno de los proveedores afectados, confirma a este espacio que los incumplimientos de “Millfoods” les han generado un daño patrimonial directo y los han dejado sin flujo de efectivo pues llevan más de un año en espera del pago por una obra ya entregada y funcional.
El sindicato “Cinco de Febrero” de la Industria de Transportistas, Materialistas y Conexos del Estado de Guanajuato, uno de los más influyentes de El Bajío, es otro afectado pues unos seiscientos de sus afiliados también esperan pagos desde hace más de un año.
Ante la negativa de la empresa a conciliar, los afectados iniciaron un proceso legal en el Cuarto Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en Guanajuato, para resolver este conflicto que no solamente desnuda a “Millfoods” como empresa, sino a un modelo económico que permite el despojo disfrazado de inversión.
Pero lo grave no son solamente los adeudos. También lo es la estrategia del engaño y el uso de influencias político-diplomáticas. Veámoslas por partes.
“Millfoods” tuvo una buena acogida al promoverse y presentarse como la más grande y moderna en su tipo, con una inversión de 300 millones de dólares que generaría mil empleos y beneficiaría a veinte mil productores de maíz de El Bajío. Fue inaugurada el 17 de agosto de 2023 en presencia de la entonces secretaria de Economía y hoy secretaria de buen Gobierno y Anticorrupción, Raquel Buenrostro, y el exgobernador de Guanajuato, Miguel Márquez.
La empresa se convirtió en el principal proveedor de Grupo Modelo con el que acordó una alianza operativa y utilizó su marca y reputación para posicionarse como una apuesta confiable. Comunicados conjuntos, actos públicos y fotografías institucionales presentaron a Grupo Modelo como aval del proyecto. Hoy la cervecera aparece como corresponsable en las demandas laborales sobre las que el jueves 7 de agosto se citó a audiencia sin que los demandados asistieran.
De Honduras a Guanajuato: la herencia de impunidad
Queda claro que, para facilitar sus negocios en México, Aldo Micheletti echó mano de la privilegiada posición de su padre Roberto cuando fue presidente de facto de Honduras en el breve período del 28 de junio de 2009 al 27 de enero de 2010.
Fue nombrado presidente por el Congreso que él mismo encabezaba, luego del golpe de Estado militar que derrocó al mandatario legalmente electo Manuel Zelaya Morales, hoy primer caballero y jefe de asesores de su esposa la presidenta Xiomara Castro.
Roberto Micheletti Baín dejó su país dividido, afectado por una severa crisis político-económica y con acusaciones de corrupción y saqueo. En su país es considerado prófugo de la justicia y según trasciende en reconocidos medios hondureños como el periódico “El Libertador”, pudiera estar radicando en México, específicamente en la zona de Polanco de la CDMX, donde tiene su residencia su hijo Aldo.
Los apellidos pesan y en el caso de Aldo Micheletti pesan tanto que arrastran una sombra que cruza fronteras. En círculos empresariales y periodísticos, el caso “Millfoods” en Salamanca se ve como una extensión del patrón de impunidad que marcó a su padre en Honduras.
Hasta la fecha, el gobierno federal y el de Guanajuato se han refugiado en el silencio absoluto. Ni la mandataria Libia Denisse García Muñoz Ledo ni la exsecretaria de Economía, Raquel Buenrostro han dado la cara.
Instantánea:
1. REUNIÓN MÉXICO-CANADÁ EN SEPTIEMBRE. La ya próxima visita a México del primer ministro de Canadá, Mark Carney, busca fortalecer las cadenas de suministro y reactivar el comercio bilateral tras los aranceles impuestos por el presidente estadounidense Donald Trump. Las propuestas que traerá Carney son un intento de resolver las diferencias que surgieron durante los últimos meses de la administración de Justin Trudeau, cuando los líderes provinciales reflexionaron sobre la posibilidad de dejar de lado a México en las conversaciones comerciales con Estados Unidos. El trabajo del embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González ha sido relevante para mantener los vínculos comerciales y la buena relación entre los sectores empresariales de ambas naciones. La visita de Mark Carney sería la primera bilateral sin la presencia de un presidente estadounidense desde que Justin Trudeau se reunió con el expresidente Enrique Peña Nieto en 2017.
2. DISCIPLINA JUDICIAL. Existen muchos casos en el Poder Judicial en los que a pesar de que el quejoso acredita un estado precario de salud y cuenta con el respaldo de un amparo que le permite atender una audiencia vía videoconferencia, se le obliga a desahogarla de manera presencial. Es el caso de la juez especializada en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, que se negó a abrir una audiencia por el método de videoconferencia, no obstante, el amparo tramitado ante el juez primero de Distrito en el estado de Zacatecas, que concedió una suspensión definitiva para que se desahogara la audiencia vía remota. Con el nuevo Poder Judicial que entrará en funciones el próximo primero de septiembre, el Tribunal de Disciplina Judicial tendrá mucho trabajo para evitar que algunos jueces hagan lo que a sus intereses conviene, como es el caso referido.
3. MÁS CONECTIVIDAD AÉREA. El gobierno de Guerrero continúa con su política de consolidación de la actividad turística. La gobernadora Evelyn Salgado anunció nuevas rutas aéreas a sus principales destinos: Zihuatanejo y Acapulco. Informó que desde julio pasado está en operación el vuelo Morelia-Zihuatanejo de Volaris y que para noviembre iniciará la ruta Guadalajara-Zihuatanejo. Mientras que para Acapulco se reactivará en noviembre la ruta Monterrey-Acapulco de la empresa Viva y durante la temporada de invierno la estadounidense United Airlines incrementará 400 por ciento la frecuencia de los vuelos provenientes de Houston, Texas.
4. RECORTE DEL GASTO. Nos dicen que la secretaría de Hacienda trae entre manos un recorte significativo del gasto público con el objetivo de reasignar para el próximo año recursos a programas sociales considerados prioritarios. La medida contemplaría una reducción de 15% en el presupuesto operativo de dependencias y organismos federales. El recorte afectaría principalmente gastos administrativos, viáticos, arrendamientos y servicios externos contratados por las dependencias.