Una reciente sentencia dictada por una jueza de la Ciudad de México dio la razón al abogado Paulo Díez Gargari, denunciante durante años de hechos de corrupción asociados presuntamente a la explotación mediante el cobro ilegal de peajes en el Viaducto Bicentenario del Estado de México por “Aleatica”, empresa australiana que compró lo que alguna vez fuera la española OHL.
El fallo, emitido el pasado miércoles 12 de marzo, desestimó la demanda por daño moral que interpuso la empresa contra Diez Gargari y confirmó lo que el litigante ha sostenido durante años: que el Viaducto Bicentenario es un bien de la nación explotado ilegalmente, pues no cuenta para hacerlo con la concesión correspondiente del gobierno federal.
Su acusación dio lugar a que “Aleatica”, que por los peajes en la autopista cobra ganancias millonarias, lo demandara en 2022 por daño moral, lo que según Díez Gargari fue un claro intento de silenciar sus denuncias sobre las irregularidades en el Viaducto Bicentenario, “una demanda estratégica contra la participación pública”, según explicó el abogado.
Y es que detrás de este litigio hay un debate más amplio sobre el papel del Poder Judicial en la fiscalización de las concesiones de infraestructura en particular y en la impartición de justicia en general.
Vea usted este dato de un informe del Instituto México del Wilson Center, con sede en Washington: El poder judicial mexicano recibió en 2023, más de 390 quejas por corrupción y nepotismo, sin que ninguna derivara en la destitución de jueces.
La conclusión es preocupante: nuestro sistema de justicia, lejos de garantizar la transparencia, se ha convertido a menudo en un escudo protector para los intereses privados.
Pero la sentencia en comento pareciera ser una de las excepciones de esa regla
“Aleatica”, que como le decía operaba antes con el nombre de OHL, ha sido reiteradamente acusada de operar el Viaducto Bicentenario sin contar con una concesión válida del gobierno federal.
De acuerdo con la empresa, el proyecto es completamente legal, basado en un título de concesión emitido por el gobierno del Estado de México hace más de 15 años.
Pero esos argumentos de “Aleatica” fueron desechados por el tribunal que conoció el caso.
No se demostró -según la sentencia- que las denuncias de Díez Gargari le hubieran causado algún daño moral a la empresa que lo demandó.
Por el contrario, el fallo parece confirmar que la empresa ha abusado del marco normativo para enriquecerse con una carretera de peaje que, aseguran, le pertenece a la nación; y confirma que una denuncia pública de presunta corrupción no es un abuso de la libertad de expresión, sino una de las herramientas más poderosas para enfrentar las irregularidades en el manejo de los recursos públicos.
Aunque satisfecho con la sentencia, Díez Gargari sabe que es apenas de primera instancia y que “Aleatica” podría apelar y recurrir a maniobras jurídicas para revertir el fallo en su contra.
La pregunta que hasta ahora el gobierno federal no ha respondido es: ¿por qué no se ha recuperado el Viaducto Bicentenario en beneficio de la nación?”.
Una pregunta que, sin duda, retumba en medio del debate sobre la transparencia y el verdadero rol del sector privado en la explotación de infraestructura pública en el país.
Instantánea:
1. ¿ALBAZO EN LA CORTE? De acuerdo con la reforma judicial, su nuevo Órgano de Administración Judicial (OAJ) contará con cinco integrantes, de los cuales tres serán nombrados por el Poder Judicial, uno por el Legislativo y el último por el Ejecutivo. Esta semana, la ministra Loretta Ortiz (cercana a la 4T al igual que las ministras Yasmín Esquivel y Lenia Batres) denunció que la actual presidenta del máximo tribunal, Norma Piña y los otros seis ministros que optaron por no participar en la elección del próximo primero de junio) intentaban dejar nombrados a los tres integrantes del OAJ que le corresponden a ese poder. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum reprobó el intento de albazo (que no transitaba por requerir ocho votos de un pleno conformado por tres ministras afines a la 4T y seis contrarios, ya que hay una vacante), se dice que de no haber sido por la ausencia del ministro González Alcántara Carrancá, el acuerdo podría haber sido aprobado gracias a una aliada inesperada: la ministra Yasmín Esquivel, quien se dice condicionó su apoyo a que le permitieran elegir a dos de los tres perfiles seleccionados por la Corte. A doce semanas de la elección judicial, ¿será que el actual pleno de la Corte querrá ponerse a resolver asuntos pendientes en lugar de priorizar grillas políticas?
2. LA LUCHA POR EL JUDICIAL. ¿Por qué votaría la ministra Yasmín Esquivel a favor de que la Segunda Sala de la Corte declarara a su compañera de causa la ministra Lenia Batres impedida de participar en la votación del amparo en revisión 492/2023, cuyo quejoso es Ricardo Benjamín Salinas Pliego? Para tratar de entenderlo habría que ver el contexto: la próxima elección de los y las ministras de la nueva Corte, proceso en el que ambas participan y en el que la persona que obtenga el mayor número de votos presidirá al máximo tribunal del país. Durante la semana que concluye se conoció el resultado de una encuesta levantada por “El Financiero” en el que Esquivel va a la cabeza con 15% de las preferencias seguida por Batres con 12%. No se olvide que en el fondo de esto está el deudo por miles de millones de pesos por impuestos no pagados por Salinas Pliego.
3. ENCIENDEN ALARMAS. Laboratorio de Biológicos y Reactivos de México (Birmex) está convocando para pasado mañana martes a una reunión con la que pretende destrabar la compra consolidada de medicamentos 2025-2026, cuyas irregularidades fueron incluso reconocidas el miércoles pasado por la propia presidenta Claudia Sheinbaum. Tales irregularidades se registraron en al menos 442 claves que finalmente se declararon desiertas y que son motivo de investigación de la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro quien, dicho sea de paso, fue la que para cumplir la instrucción que recibió de AMLO en 2019 para meter orden en esa compra consolidada como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, introdujo cambios en los procesos licitatorios que terminaron en una caótica escasez de medicamentos. El titular de Birmex, Iván Olmos Cansino acomete esta responsabilidad prácticamente con un pie afuera de la paraestatal. No le es ya funcional al subsecretario de Salud, Eduardo Clark, un funcionario cercano a la presidenta Sheinbaum al que se le llamó a meter orden en el tema tras el abrupto encendido de alarmas en Palacio Nacional.
4. AGILIZAN TRÁMITES EN ADUANAS. El pleno nacional del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) encabezado por Francisco Cervantes se reunió por segunda ocasión con Rafael Marín Mollinedo, titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM). Los dirigentes empresariales señalaron que, en su anterior reunión con el funcionario, cuando estuvo al frente de las aduanas en el gobierno de AMLO, se logró muy buena comunicación, por lo que tienen plena confianza de que ahora, tras ocupar la representación de México ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) implementará prácticas comerciales adecuadas al momento que vive el planeta.
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx
