Tuvieron que pasar quince años para que la justicia laboral determinara finalmente, mediante un laudo que ya no es impugnable, que el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM) y su líder Napoleón Gómez Urrutia sí desfalcaron en 2005 a mineros de Cananea, con casi 55 millones de dólares (660 millones de pesos al cambio de entonces), que ahora deberán pagarles.
Ese dinero fue entregado por Grupo México al sindicato y a su líder para cubrir el cinco por ciento de las acciones que pertenecían a los obreros de Mexicana de Cananea, luego de que un tribunal laboral decretó su cierre forzoso y se liquidó a la plantilla. Con ese dinero se constituyó un fideicomiso que debía repartir la parte correspondiente a cada trabajador beneficiario. Pero Gómez Urrutia y su sindicato decidieron extinguirlo, por lo que fueron acusados de desviar los recursos a cuentas personales.
Desde el momento en que estalló el conflicto, que durante años tuvo en el autoexilio en Canadá a Gómez Urrutia (acusando persecución política) hasta que regresó a México para ocupar un asiento en el Senado por Morena, esta columna documentó la ruta seguida por ese dinero.
El 24 de enero de 2005 fueron pagados 47.4 millones de dólares de Minera México y 7.6 millones de dólares de Americas Sales Company al fideicomiso F/9645-2 de Scotiabank Inverlat (ahora 10964526), mediante transferencia electrónica a una cuenta del Chase Manhattan Bank.
El 22 de febrero de 2005 se celebró la extinción del fideicomiso y el dinero fue transferido a dos cuentas del sindicato minero en Bancomer: Una recibió 54 millones de dólares y la otra el millón restante. Esta última fue aumentada con dos millones de dólares transferidos de la primera para sumar tres millones de dólares de los que 800 mil quedaron como saldo inmovilizado y dos millones 200 mil se sometieron a investigación.
Con los 52 millones de dólares de la primera de las cuentas se hicieron las siguientes operaciones: 1. Compra de moneda extranjera por cinco millones de dólares; 2. Transferencia de 14 millones de dólares a una cuenta del sindicato en el Citibank de Nueva York; 3. Inmovilización de un saldo de diez millones 200 mil dólares; y 4. Compra de pesos por el equivalente a 23.8 millones de dólares, en Consultoría Internacional Casa de Cambio. Y con los 252 millones 600 mil pesos que resultaron de esta última operación se hizo lo siguiente: 89.2 millones de pesos fueron depositados en una cuenta de HSBC, de la que se expidieron mil 707 cheques por 86.4 millones para pago a los trabajadores y en la que quedó un saldo de 2.8 millones; 54.4 millones de pesos se depositaron en una cuenta de Bancomer de la que se expidieron mil 696 cheques por 51.1 millones para pagar a trabajadores y en la que quedó un saldo de 3.2 millones; 95 millones de pesos se depositaron en una cuenta de Scotiabank de la que se expidieron mil 756 cheques por 89.2 millones, también para pagar a trabajadores, y en la que quedó un saldo de 5.8 millones; y 14 millones de pesos se depositaron en una cuenta del Laredo National Bank a nombre de María del Carmen Páez de la Garza Evia.
De lo anterior se desprende que el dinero presumiblemente entregado a los trabajadores equivale a 229 millones 800 mil pesos, un poco más de 21 millones de dólares. A los restantes 34 millones de dólares se le siguió la pista en 22 bancos de siete países.
Las autoridades de inteligencia del gobierno de Vicente Fox detectaron al menos 40 cuentas bancarias por poco más de 7.3 millones de dólares que Gómez Urrutia tenía a su nombre y al de su esposa Oralia Casso Valdés. A su nombre 22: ocho con un saldo de dos millones cuatro mil 227 dólares y catorce en ceros, pero con recientes transferencias por un millón 223 mil 976 dólares; y al de su esposa 18: seis con un saldo de dos millones 326 mil 374 dólares y doce en ceros, pero con recientes transferencias por un millón 768 mil 845 dólares.
El resolutivo de lo que se considera un megalaudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, ya que dictamina en una sola decisión 19 juicios distintos, absuelve a las mineras Grupo México y subsidiarias, así como a Scotiabank; y condena al sindicato minero y a Gómez Urrutia, quienes dijeron que no pagarán los 55 millones de dólares y que buscarán interponer otro recurso de amparo.
Instantáneas:
1. ¿ALBAZO O DESCUIDO? Dentro del paquete de reformas al poder judicial, el Senado aprobó ayer un artículo transitorio que amplía de cuatro a seis años el periodo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los consejeros de la Judicatura Federal de cinco a siete años. Con ello, en el primero de los casos, el ministro Arturo Zaldívar extendería hasta 2024 su mandato al frente del máximo tribunal del país. El transitorio décimo tercero no venía en el dictamen subido al pleno y fue añadido a propuesta del senador del Verde Raúl Bolaños Cacho Cué, con “el fin de implementar la reforma constitucional al PJF publicada en el DOF del 11 de marzo de 2021”. El transitorio fue aprobado por 85 votos de los senadores de Morena, el PES, el PT y el Verde, con dos abstenciones de estos dos últimos y 25 votos en contra de Movimiento Ciudadano y una votación dividida de PAN y PRI. Dante Delgado, del MC, encendió los ánimos opositores y acaso abrió los ojos de panistas y priistas que habían votado a favor, quizás por descuido, aunque lo atribuyeron a un albazo. “¿Cómo pueden decirse sorprendidos quienes votaron a favor?”, preguntó el líder de la fracción morenista Ricardo Monreal, que calmó los ánimos que se desbordaban desde los escaños de los panistas Damián Zepeda y Xóchitl Gálvez. Monreal dijo que al pasar a la Cámara de Diputados la minuta con proyecto de decreto, ésta podrá hacer los cambios requeridos, lo que se ve complicado por la mayoría que Morena y aliados mantienen en San Lázaro. El asunto generó desde ya una fuerte polémica que, a no dudarlo, se intensificará en los próximos días. En el fondo parece percibirse la intención de la 4T de blindar sus reformas ante el riesgo de perder la mayoría en las elecciones del próximo 6 de junio.
2. HUIXQUILUCAN. Aunque todavía no inician formalmente las campañas en el Estado de México, la lucha feroz por las candidaturas está a todo lo que da. En ese contexto, Huixquilucan es un buen ejemplo de cómo los liderazgos locales pueden consolidarse y ser competitivos frente a las opciones apuntaladas desde el poder local y el federal. Los suspirantes de Morena no dudan en utilizar a su favor los programas sociales del gobierno federal. PAN y PRI, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras partes del estado y del país, no irán aquí en alianza. El actual alcalde blanquiazul del PAN, Enrique Vargas, pidió licencia ayer para separarse del cargo por 55 días para apoyar a los candidatos de su partido y, sobre todo, las aspiraciones de su esposa Romina Contreras. Para ello no ha dudado en utilizar las capacidades e influencia de la presidencia municipal. Pero en medio de esta confrontación ha surgido una tercera fuerza que avanza a buen paso y que viene de los liderazgos locales. Se trata del líder del priismo municipal Guillermo Zamacona, con larga historia como gestor del tricolor en Huixquilucan y como activista ambiental. Cercano al gobernador Del Mazo, con quien ha trabajado, Zamacona avanza paso a paso en las encuestas locales.
3. AMENAZAS ELECTORALES. Comerciantes de La Merced denunciaron que han sido objeto de amenazas por parte de Julio César Moreno, alcalde en Venustiano Carranza de la ciudad de México y la diputada local Evelin Parra, si no votan por Morena en la próxima jornada electoral. Dijeron que los antes perredistas y hoy morenistas los han extorsionado y tomado como botín político, pero que ya están decididos a ponerle un alto a la mafia que ha gobernado Venustiano Carranza durante los últimos años.
rrodriguezangular@hotmail.com
@RaulRodriguezC
raulrodriguezcortes.com.mx