El contenido del informe de los primeros cien días del gobierno de Claudia Sheinbaum y el del Plan México envían la positiva señal de que está fijado el rumbo a seguir, pero también el negativo mensaje de que nada contundente se ha hecho aún para resolver los problemas que impedirían el cumplimiento de las metas marcadas en esa “estrategia nacional de industrialización y prosperidad compartida”.
De entrada, debe reconocérseles a la presidenta el regreso a la planeación, lo que la diferencia de un antecesor que nunca mostró planes de ruta claros y que incurrió en desórdenes administrativos muy costosos.
Regresa también al fomento de la industrialización del país, olvidada desde la época del “desarrollo estabilizador” (estrategia económica implementada desde finales de la década de los cincuenta hasta finales de la de los sesenta del siglo pasado, mediante la sustitución de importaciones y el consumo de lo “hecho en México”) y a las alianzas de economía mixta (público-privadas) para reorganizar el modelo de desarrollo nacional.
Las metas de aquí a 2030 son ambiciosas.
Concentrémonos en algunas estrictamente económicas: hacer del país la décima economía mundial (hoy somos la doceava); concretar dos mil proyectos de inversión ya definidos por 227 mil millones de dólares, equivalentes a 4.6 billones de pesos (casi la mitad del presupuesto 2025); crear millón y medio de empleos adicionales en manufacturas; cubrir 50% de la proveeduría y el consumo nacional, privilegiar lo hecho en México, sustituir importaciones y ser uno de los cinco países más visitados del mundo, entre otras.
¿Cómo le van a hacer?
Los inversionistas requieren garantías de que su dinero estará seguro y redituará ganancias. Los empresarios claman por certidumbre jurídica para sus compañías. En suma, ambos necesitan confianza y ésta es consecuencia de la seguridad pública, que sigue siendo la gran asignatura pendiente del recién iniciado gobierno de Sheinbaum.
En términos de certidumbre jurídica prevalece la duda de que llegue a buen puerto la reforma judicial y en cuanto a la inseguridad, no hay señales aún de que se esté revirtiendo.
La ciudadanía no percibe que haya mejorado la seguridad en los primeros cien días del nuevo gobierno. La preocupación social crece. Un 58.6% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).
Si para marzo próximo (primer trimestre de 2025) no ofrece resultados significativos contra la inseguridad, el gobierno de Sheinbaum podría perder el bono democrático de 36 millones de votos con que llegó al poder. Tal es la primera razón por la cual sería imposible cumplir con los objetivos del Plan México.
Una segunda es que se emprende este esfuerzo nacional justo cuando la economía muestra signos inequívocos de desaceleración, con un ajuste a la baja de las expectativas de crecimiento del PIB (uno por ciento o menos en el peor escenario, por debajo del 1.6% alcanzado en 2024), la caída del consumo privado con una inflación que no cede y el permanente acecho del fantasma de la recesión. En ese contexto ¿habrá el dinero necesario para alcanzar las metas del Plan México?
Y la tercera razón son las amenazas de imponer aranceles de 25% a los intercambios comerciales con México, la deportación masiva de inmigrantes sin papeles y la intervención militar para aniquilar a los cárteles de la droga, acciones todas estas que desestabilizarían a nuestra economía y pondrían en riesgo al T-MEC, a la soberanía nacional y a los términos de la relación con Estados Unidos.
Esperemos a ver si el lunes 20 de enero, cuando Trump rinda protesta como presidente de Estados Unidos, anuncia como uno de sus primeros actos de gobierno, según él mismo amenazó semanas atrás, la imposición de aranceles, el inicio de la deportación masiva y/o la declaratoria de los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas a fin de tener el aval de atacarlos militarmente de acuerdo con sus leyes.
Instantáneas:
1. RIESGOS EN LA SEGURIDAD AÉREA. Continúan las denuncias contra funcionarios del organismo desconcentrado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). El gerente regional Centro, Carlos Alberto Escobar Jiménez y el jefe de Servicios de Tránsito Aéreo, Benjamín Estrella Cienfuegos ambos con jurisdicción en el AICM, el AIFA y los aeropuertos de Querétaro, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Veracruz y Poza Rica, son señalados como responsables de malos manejos de recursos con facturas dudosas, así como favoritismo para el pago del tiempo extra. En esta última acusación se incluye el señalamiento de que a las mujeres les hacen “exigencias personales” para acceder a dicho pago. Empleados del SENEAM aseguran que es continua la intimidación de esos funcionarios con amenazas de disminución de sueldos o despidos definitivos a quienes cumplan con la obligación de presentar reportes de incidentes, lo que da lugar a estadísticas maquilladas que debilitan la seguridad operacional. Las auditorías realizadas al SENEAM en diciembre pasado por la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) revelan falta de equipamiento elemental, de capacitación y de manuales actualizados, carencias que no se subsanan debido a las “luchas de poder” entre los funcionarios a cargo. ¿Tendrá conocimiento de lo que ocurre y de los riesgos que eso implica el director general del SENEAM, Javier Alonso Vega Dour? ¿Por qué delega responsabilidades en gente que parece no estar a la altura de su responsabilidad? ¿Será que puede más la adulación y la lambisconería que esos funcionarios le dispensan? El descontento del personal y sus sindicatos es general en el SENEAM.
2. MEGAPROYECTO DE INVERSIÓN EN ACAPULCO. La presidenta Claudia Sheinbaum está en Acapulco. Ayer presentó junto con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado el proyecto “Acapulco se transforma contigo”. Se trata de inversiones tanto públicas como privadas para asegurar que la reconstrucción y reactivación económica de la región tras el devastador paso de los huracanes Otis y John, no solo se concentre en la infraestructura, sino que también considere como prioridad la seguridad de los habitantes del puerto y del turismo. El proyecto incluye intervenciones significativas de recuperación urbana, rehabilitación de infraestructura y mejoras en la distribución de agua potable y los sistemas de saneamiento. Otra prioridad será la restauración de espacios públicos emblemáticos de Acapulco con la intención de recuperar su vitalidad y atraer más turismo. Tanto la presidenta Sheinbaum como la gobernadora Salgado confían en que este proyecto marcará un antes y un después de ese destino turístico.
3. OBTÁCULO EN LA ELECCIÓN JUDICIAL. Solamente quedan dos semanas para que los comités de evaluación de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial entreguen al INE sus respectivas listas de candidatos idóneos para la elección de ministros, magistrados y jueces. El Legislativo y el Ejecutivo no parece que tendrán problema para entregar sus listas a más tardar el 31 de enero próximo. La incertidumbre corre a cargo del comité de evaluación del Judicial que suspendió el procedimiento de selección hace diez días al decidir acatar dos amparos concedidos por jueces federales de Michoacán y Jalisco, no obstante que por ley no se conceden amparos en materia electoral y que a pesar de que la SCJN ha reconocido que los comicios judiciales están en el ámbito electoral y que la última instancia en la materia es el TEPJF que ha rechazado la validez de amparos similares, el máximo tribunal del país avaló el lunes pasado la decisión de su comité de evaluación de suspender el procedimiento. Sin pronta solución a la vista, todo indica que varios de los aspirantes que se inscribieron exclusivamente por la vía del comité de evaluación del Poder Judicial quedarán fuera de la elección.
4. DIÁLOGO CORTE-GOBERNACIÓN. Tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la ministra presidenta de la Corte, Norma Piña confirmaron que ésta última y los ministros Javier Laynez Potisek y Jorge Mario Pardo Rebolledo, integrantes del Comité de Gobierno y Administración de la SCJN se reunieron ayer con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez y la consejera Jurídica de la Presidencia, Ernestina Godoy. La junta fue solicitada por la ministra Piña para discutir una posible ampliación presupuestal según lo acordado en diciembre pasado, para salvaguardar los derechos de los trabajadores del Poder Judicial conforme al artículo décimo transitorio de la reforma judicial. Asimismo, se revisó el estado que guarda la extinción de los fideicomisos de ese poder de la Unión. Gobernación y la consejería Jurídica, por su parte, pusieron sobre la mesa la suspensión del proceso de selección de candidatos acordada por el comité de Evaluación del Poder Judicial. Bien que haya diálogo.
5. CIEN DÍAS EN LA CUAUHTÉMOC. La única de las alcaldías de la ciudad de México que hasta ahora ha rendido cuentas de los primeros cien días de gobierno es la Cuauhtémoc. Su titular, Alessandra Rojo de la Vega inició 2025 con la presentación de su informe el pasado 9 de enero. Ahí la alcaldesa dio a conocer el programa “Cuauhtémoc Comunidad para la Vida”, una agenda integral para rescatar los espacios públicos, así como fomentar la cultura y el deporte con el objetivo de construir la paz y recuperar la confianza de la gente. Esas tareas estarán apoyadas en lo que Rojo de la Vega consideró la mayor agenda de proximidad policial en la historia reciente de la ciudad de México.
@RaulRodriguezC
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