Empecemos por dejar bien claro que la protesta con marchas y mítines contra la inseguridad y la violencia que ensangrientan al país es un recurso incuestionablemente legítimo que el gobierno está obligado a escuchar y resolver en lugar de deslegitimarlo o minimizarlo, así sea para plantar cara y desenmascarar a los intereses políticos y económicos que lo calumnian con la clara intención de desestabilizarlo.
Fue poco prudente el gobierno -aún en legítima defensa- al desacreditar las marchas del sábado pasado y la de ayer, sin que sus estrategas de comunicación política fueran capaces de dejar en alto y a salvo el derecho a la manifestación de las ideas; y en claro y sin duda el reconocimiento de la inseguridad como un problema auténticamente nacional, mientras desenmascaraban la campaña pagada en redes sociales para potenciar una convocatoria que se montó en la llamada Generación Z (los nacidos entre 1997 y 2012) para gritar urbi et orbi que la juventud había despertado para expulsar al gobierno autoritario y corrupto, pero que en realidad provenía de la maltrecha oposición política del PRIAN, de la “marea rosa” de tránsfugas políticos según ellos ciudadanizados y, más recientemente, de un delincuente fiscal.
En la manifestación del sábado pasado, hubo a no dudarlo quienes asistieron de buena fe, con ánimo pacífico y convencidos de la justicia de sus demandas, pero jamás se vio la avalancha juvenil que se publicitaba desde las vísperas. Transcurrió sin incidentes mayores en su recorrido de El Ángel al Zócalo, pero ahí el escenario fue robado por un grupo de violentos que en su pretensión de derribar las vallas que protegían el Palacio Nacional chocaron con la policía en un zafarrancho que dejó heridos, detenidos y el pretexto perfecto para culpar al gobierno de represión.
El paso de los días, como siempre, va poniendo las cosas en su lugar. Hoy se sabe que entre los convocantes y promotores de la primera marcha Z está un influencer (título tan chocante como el de “creador de contenido”) que trabaja para el PAN, donde maneja las redes sociales de al menos tres diputadas: Daniela Álvarez, Frida Guillén y Luisa Gutiérrez. Se trata de Edson Saúl Andrade Lemus quien habría firmado con el PAN un contrato por 2.1 millones de pesos, según documentación mostrada por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde.
Andrade Lemus, claro está, ha salido a redes para victimizarse como un perseguido político que ha sido obligado a salir de su país.
Por otra parte, el Congreso de la Ciudad de México acusó a los alcaldes de la coalición Fuerza y Corazón por México (PAN-PRI-PRD) Alessandra Rojo de la Vega, de la Cuauhtémoc, y Mauricio Tabe, de la Miguel Hidalgo, de financiar a grupos violentos con recursos públicos para irrumpir en la marcha del sábado pasado. Los movilizados -según la denuncia- fueron grupos de vendedores ambulantes con la amenaza de quitarles sus espacios de venta si no accedían.
Esto coincide con las primeras investigaciones de la policía capitalina que descartan que los generadores de violencia en esa marcha hayan sido los grupos anarquistas que recurren a las tácticas del “bloque negro”.
Entre tanto, de los dieciocho detenidos el sábado pasado, trece ya han sido vinculados a proceso, lo que quiere decir que las pruebas presentadas en su contra fueron consideradas por un juez de control como evidencia posiblemente constitutiva de delitos.
Resulta curioso, por decir lo menos, que quienes reiteradamente exigen hacer valer la ley y el orden, así como poner coto a la impunidad, sean los que ahora acusan represión y que, desproporcionada y estúpidamente, comparan estos hechos con los de la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968 y del “halconazo” el 10 de junio de 1971.
Y así llegamos a la marcha de ayer. Legítima protesta, sí, de quienes participaron. Rechazada, también, por colectivos estudiantiles de la UNAM por no tener demandas claras. Y desangelada por su magro número de participantes con el argumento del miedo.
Ni la de ayer ni la del sábado tienen que ver en lo más mínimo con aquella imponente “Marcha Blanca” realizada en la ciudad de México el 27 de junio de 2004 como una incuestionable protesta civil contra la inseguridad cuando AMLO gobernaba la capital del país.
De entonces a la fecha, cinco administraciones (dos panistas, una priista y dos morenistas) no han podido encontrarle una salida a la multiplicación del crimen organizado, los homicidios dolosos y las desapariciones.
“El Licenciado”, “El Moncho”, “El Mencho” y otros golpes
Respuestas prudentes del gobierno de Sheinbaum son y deberán ser hechos que muestren incuestionablemente que se realizan todos los esfuerzos al alcance contra la delincuencia organizada y la inseguridad.
Justicia para el asesinado presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo fue una de las demandas legítimas de las marchas Z. El miércoles pasado, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y el apenas hace unos días designado secretario de Seguridad de Michoacán, José Antonio Cruz Medina informaron de la captura en Morelia el martes 18 de noviembre pasado de Jorge Armando “N” alias “El Licenciado” y/o “El Contador”, presunto autor intelectual del homicidio del edil.
Mediante un “chat” coordinó al autor material, el menor de edad Víctor Manuel “N”, abatido por policías en el lugar del crimen, y a sus acompañantes Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, quienes fueron encontrados muertos el lunes 10 de noviembre, sobre la carretera Uruapan–Paracho, en un presunto intento por frenar las investigaciones.
Al día siguiente, autoridades encontraron sus equipos telefónicos, cuya información resultó clave para determinar que “El Licenciado” recibió la orden de ejecutar a Manzo de Ramón Álvarez Ayala alias el “R1” y/o “El Moncho”, uno de los capos de más jerarquía dentro del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que lidera Nemesio Oseguera Cervantes alias “El Mencho”.
Ya había sido detenido en 2012, pero fue liberado diez años después por falta de elementos, según determinó la juez federal Yolanda Chávez Montelongo.
El munícipe Manzo asestó varios golpes al grupo delictivo de “El R1” o “El Moncho”, lo que lo convirtió en su enemigo jurado.
Paralelamente y como parte del Plan Michoacán y la “Operación Paricutín” puesta en marcha por los gobiernos federal y estatal, el miércoles 19 de noviembre fueron detenidas 83 personas y aseguradas 38 armas largas, seis mil 363 cartuchos, 346 cargadores, 52 artefactos explosivos y 52 kilo de material detonante.
En Sinaloa, mientras tanto, Autoridades federales dieron a conocer ayer la captura en Culiacán de José Socorro “N” alias “El L12”, quien es señalado de ser el presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado como objetivo prioritario y generador de violencia en Tijuana, Baja California.
En otro operativo de las fuerzas federales, apresaron en Navolato a 14 presuntos gatilleros entre los que se encuentran tres extranjeros, dos de ellos guatemaltecos y uno venezolano
Instantáneas:
1. DOBLAN A LA FGR. Después de diecisiete horas de audiencia, los abogados Pablo Flores Calderón, Rodrigo Flores Calderón, Daniel Hernández Silva y Edgar Fernando Torres Ibarra lograron ganarle a la Fiscalía General de la República (FGR) y a los representantes legales de una importante compañía disquera, al obtener un auto de no vinculación a proceso en favor del cantante Christian Nodal y su familia. El conocido intérprete de música regional mexicana tenía un contrato de exclusividad con Universal Music que decidió no renovar en 2021 y reclamó por la vía civil los derechos sobre sus canciones, para lo cual presentó documentación que la disquera acusó penalmente que era falsa, pero la defensa del artista logró desmontar tales acusaciones.
2. EXTORSIONES. Avanza en el Congreso la Ley contra la Extorsión. Propone penas de hasta 42 años de prisión con las que se busca castigar a grupos como los llamados “monta choques”, los cárteles que cobran derecho de piso, los que extorsionan telefónicamente desde las cárceles y los falsos o auténticos agentes policiales que lo hacen.
3. SE LO DIJO A EL UNIVERSAL. En entrevista con El Gran Diario de México, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch reconoció la presencia de grupos delictivos, pero descartó tajantemente que el país esté controlado por los cárteles como asegura Donald Trump. Dio otros datos muy relevantes: “tenemos casi 40% menos homicidios que hace un año” y hay en el país 37 mil personas detenidas por delitos de alto impacto.
4. CONVENCIÓN MINERA. El gobierno que encabeza en Guerrero Evelyn Salgado intensifica sus gestiones para llevar a Acapulco eventos internacionales y convenciones de interés nacional que apoyen la reconstrucción y reactivación económica de ese destino severamente golpeado por los huracanes Otis en octubre de 2023 y John en septiembre de 2024. El más reciente evento es la trigésima sexta Convención Internacional de Minería que inauguró el miércoles pasado el secretario de Economía, Marcelo Ebrard y que concluirá mañana. La convención minera ha congregado a ocho mil 500 participantes y 500 empresas que montaron mil 200 stands, en los que se destaca la importancia del sector minero en México y su papel en el desarrollo del país. La gobernadora guerrerense reconoció y agradeció el apoyo del sector minero por escoger a Acapulco nuevamente como sede de su convención internacional.
@RaulRodriguezC
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