Se percibe en medios y redes sociales la intención de semejar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida en Iguala entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014, con el hallazgo hecho el pasado 5 de marzo de restos humanos presuntamente cremados y pilas de zapatos y ropa en el rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, para inferir que este último hecho marcará el inicio de la debacle del gobierno de Claudia Sheinbaum, así como el de los estudiantes guerrerenses marcó hace diez años el de Enrique Peña Nieto.
Hay, sin duda, similitudes:
Se trata de víctimas de desaparición, como las hay muchas (123 mil según cifras oficiales) en un contexto de creciente violencia criminal que deja ver su horrenda cara en las fosas clandestinas y parajes abandonados con cráneos y huesos humanos encontrados en diversas latitudes del territorio nacional.
Pero en donde no se alcanza a ver semejanzas, por lo menos para quien esto escribe, es en la pretensión de fijar la narrativa de que Teuchitlán será el tiro de gracia adelantadísimo del gobierno de Sheinbaum como fue Ayotzinapa para el de Peña Nieto.
De entrada, en el primer informe oficial de la FGR dado a conocer la mañana de este miércoles por el fiscal Alejandro Gertz Manero, se reconocen omisiones cometidas por la Fiscalía de Jalisco.
A partir de esa semejanza con Ayotzinapa, donde hubo múltiples omisiones que desnudaron la complicidad entre policías locales y delincuentes, se marca una diferencia: el reconocimiento inmediato de insuficiencias de la autoridad local, en lugar de pretender ocultar su colusión.
En septiembre de 2024 la Guardia Nacional identificó y dio cuenta a la fiscalía de Jalisco de la localización del referido rancho y un mes después, en octubre, la Fiscalía Especial de Personas Desaparecidas realizó un operativo en Tala, Jalisco, en el que un policía municipal resultó detenido.
Presumiblemente se ocupaba de reclutar personas para llevarlas al rancho, hechos de los que no dio cuenta ni a la autoridad local ni a la FGR a pesar de ser un asunto relacionado con delincuencia organizada.
Esto pone la mira en quien fuera el fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez Ruiz, durante la gestión del exgobernador Enrique Alfaro.
El informe Gertz reconoce la existencia en el rancho de restos humanos, sin concluir todavía los peritajes que confirmen la presencia de hornos crematorios y actividades recientes en los pozos con que se les compara.
Claro que es repudiable lo ocurrido, así como la ominosa señal que confirma que donde no hay autoridad el vacío es llenado de inmediato. Aun así (y de la mano con el dolor, la rabia y frustración de quienes buscan a sus desaparecidos) es prematuro y mal intencionado hablar de un campo de exterminio.
Cuesta creer —a menos que la realidad demuestre contundentemente lo contrario— que estamos frente a un Auschwitz, un campo de concentración para exterminar prisioneros o cometer genocidio.
Por lo pronto suena más lógico que se trate de un campo de entrenamiento del narcotráfico, presumiblemente del CJNG en el que las peleas de aprobación de sicarios eran a muerte, a menos que se desvele que eso no es más que una justificación mentirosa con la que sí se estaría poniendo en grave riesgo la credibilidad del gobierno de Sheinbaum.
@RaulRodriguezC
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