De aprobar el proyecto de amparo del ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena que ordena la liberación absoluta de Juana Hilda González Lomelí -una de las personas detenidas y condenadas por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda- la Corte desmontará uno de los no pocos casos representativos de la corrupción rampante en la procuración y administración de justicia del país.
Dicho proyecto, cuya atención fue programada por el máximo tribunal para el próximo miércoles 11 de junio, argumenta que González Lomelí (condenada a 80 años de prisión, de los que ya cumplió 20) confesó bajo tortura su participación en el referido delito, tal y como lo denunciaron también las otras cinco personas implicadas en el “caso Wallace”: los ya sentenciados Jacobo Tagle, Antonio Castillo Cruz y Alberto Castillo Cruz y los aún sin sentenciar Brenda Quevedo (en prisión domiciliaria desde junio de 2024) y César Freyre Morales, presunto líder de la banda de secuestradores.
De otorgarse el amparo, se confirmaría lo que ya han develado rigurosas investigaciones periodísticas: un montaje encabezado por la madre de Hugo Alberto, Isabel Miranda de Wallace quien, mediante el cohecho a agentes ministeriales de la entonces PGR, entre ellos algunos conocidos y familiares, no solo chantajeó y presionó a las autoridades sino que sacó raja mediática al papel de la indefensa madre que en solitario se avocó a encontrar a su plagiado hijo, en momentos en que el país entero registraba una ola de secuestros sin precedente.
Tan bien explotó políticamente ese papel que fundó “Alto al Secuestro”, asociación civil susceptible de muy buenas donaciones y llegó a ser candidata a la jefatura de gobierno del Distrito Federal por Acción Nacional, partido que vio en su imagen de madre, víctima y luchadora grandes posibilidades de triunfo electoral.
Hugo Alberto Wallace Miranda fue presuntamente secuestrado y asesinado el 11 de julio de 2005, sin que hasta la fecha se conozca el paradero de sus restos. Su madre “desenmascaró” a sus plagiarios y asesinos en anuncios espectaculares de su propiedad. Corría el último tramo del gobierno de Vicente Fox. Su procurador general era Daniel Cabeza de Vaca. En 2006, parte final de su gestión, fueron detenidos los presuntos secuestradores y asesinos.
Primero se dijo que Wallace fue llevado mediante engaños a un departamento de la colonia Insurgentes Mixcoac de la CDMX donde fue baleado. La hipótesis fue desechada al no encontrarse en el lugar indicios ni de balas ni de baleados, por lo que se pasó a otra en la que los acusados se autoincriminaron mediante tortura: se le secuestró para pedir un rescate de 950 mil dólares, se les pasó la mano en una golpiza, le dio un paro cardiaco, aserraron el cadáver y lo desaparecieron.
Los siguientes 20 años, tras el secuestro y homicidio de Wallace, se fue conformando el montaje durante los siguientes gobiernos. En el de Felipe Calderón, gran aliado de Isabel, con la anuencia de sus procuradores: el hoy ministro en retiro Eduardo Medina Mora, Arturo Chávez y la hoy candidata a ministra Marisela Morales.
En 2014, ya en el gobierno de Peña Nieto, con Jesús Murillo Karam en la PGR, se presentó la supuesta prueba definitiva: el ADN obtenido de una gota de sangre encontrada en la bañera en la que supuestamente fue aserrado Hugo Alberto corresponde al de José Enrique Wallace Díaz, esposo de Isabel Miranda.
Resultó, sin embargo, que Wallace Díaz es el padrastro, no el padre biológico de Hugo Alberto.
Isabel Miranda de Wallace murió a los 78 el pasado 8 de marzo en el hospital ABC de Santa Fe. Los misterios producto del presunto montaje del secuestro y asesinato de su hijo dieron lugar a rumores mediáticos que ponían en duda el deceso.
Sin embargo, una consulta a su CURP la mostró “inactiva por defunción”, lo que significa que sí se registró oficialmente su fallecimiento.
El recurso de amparo de Juana Hilda González Lomelí llegó a la Corte después de dos sentencias distintas de tribunales colegiados. En ellas se ordenaba a la PGR reponer el procedimiento, lo que violaba el principio de que no se puede juzgar dos veces a una persona por el mismo delito. De ahí que Gutiérrez Ortiz Mena decidiera no ordenar una nueva investigación sino la liberación absoluta de la sentenciada, no sin lanzar una dura crítica a la Fiscalía.
Instantáneas:
1. ¿QUIÉN FINANCIA A LA CNTE? Anoche, antes de cerrar esta columna, parecía casi un hecho que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación levantaría su plantón en la CDMX y su paro de labores de quince días. Aunque seguían las asambleas estatales, la sección 22 de Oaxaca (una de las más fuertes de la Coordinadora) ya había decidido aceptar las propuestas del gobierno de Sheinbaum, acabar con el paro y retirarse de la ciudad de México. No consiguen el objetivo de derogar el actual sistema de pensiones, pero obtendrán de los gobiernos federal y estatal 800 millones de pesos para el próximo ciclo escolar. Esa sección sindical disidente ha sido la articuladora de las protestas más radicales. ¿Qué tanto tendrá que ver ella con el financiamiento de los paros, bloqueos y protestas? Por ahí hay una evidencia en video que muestra a Enrique Rueda Pacheco, uno de los exlíderes de la Sección 22, recibiendo en 2006 (poco antes de la insurrección social que incendió Oaxaca), de manos de Jorge Vargas Franco, secretario general del gobierno de Ulises Ruiz, una caja de cartón con diez millones de pesos, de los 75 millones pactados para detener la protesta magisterial. Rueda Pacheco desapareció del escenario político nacional pues se dice que se fue a Canadá, donde vive plácidamente. Pero la entrega de dinero público por parte de gobernadores y políticos del movimiento magisterial es de larga data. El primer dirigente de la Sección 22, Pedro Martínez Noriega fue cooptado en 1986 por el entonces gobernador Heladio Ramírez con la dirección de Tránsito. Azael Santiago Chepi buscó lavarle la cara a lo que llamaron la traición de Rueda Pacheco, y no cortó la comunicación en el sexenio 2004-2010 con el gobernador Ulises Ruiz, quien finalmente sometió a cañonazos de dinero a Humberto Alcalá Betanzos, quien formó una nueva Sección, la 59. Acaso por ese tipo de maniobras se diga en Oaxaca que Ruiz es la mano que mece la cuna a través de su incondicional, Jesús Romero López, hoy secretario general de gobierno en la gestión de Salomón Jara. Ahí podrían encontrarse respuestas a las preguntas que muchos nos hacemos: ¿Quién paga el transporte de cientos de maestros a la CDMX? ¿Quién paga los tres alimentos diarios desde hace casi 20 días de estancia en la capital del país? ¿Quién ha creado una caja china en esa entidad para distraer la atención de lo que ocurre con ese gobierno, sobre todo con el narcotráfico? ¿Realmente Yenni Pérez, actual dirigente de la CNTE sección 22 es la que al final toma las decisiones a seguir en el actual movimiento? ¿Por qué le siguen sosteniendo sus salarios a los maestros de Oaxaca que tienen paradas casi al 100 por ciento de las escuelas en esa entidad?
2. ¿QUIÉN ORDENÓ EL DESALOJO? En relación con el desalojo del foro multicultural “Alicia” ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc de la CDMX, cabe puntualizar algunas dudas. Primero saber con toda certeza quién instruyó ese operativo. En ese sentido es pertinente recordar que la fuerza militar y policial solo obedecen a sus mandos superiores. Así que la instrucción o vino del Palacio del Ayuntamiento o vino del Palacio Nacional. La jefa de gobierno Clara Brugada emitió un comunicado en el que deja claro que se investigará y luego, muy poco tiempo después, el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez anuncia la baja de elementos de la policía que comanda por participar, reconocimiento de la falta y necesidad de castigar a los responsables. Y luego, desde la secretaría de Gobernación, Rosa Icela, recordó que desde tiempos de Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno ese foro “Alicia” fue entregado para su administración a quienes ahora están al frente de él, sin responsabilidad alguna de la Secretaría de Cultura ni de la alcaldía Cuauhtémoc, en la que su titular Alessandra Rojo de la Vega hizo bien en desmarcarse del embrollo. Tal parece que al mandamás de Morena le preocupó el desalojo. Y es que el Foro “Alicia” se ha identificado con la izquierda y pareciera que se les pega a sus seguidores. Casos complicados se le acumulan al gobierno de la Ciudad.
3. PRUEBAS DE FUEGO HOY. Una para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum con la elección de ministros, magistrados y jueces federales del Poder Judicial y otra para la dirigencia nacional de Morena, preponderantemente para su secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán en Veracruz (donde se elegirán 212 presidencias municipales) y en Durango (donde se elegirán otras 39). Es en este último estado donde se le han complicado las cosas a “Andy”. En ese bastión priista, está muy cerrada la competencia entre el candidato de Morena-PT-Verde, José Ramón Enríquez Herrera (49%) y el del PRI-PAN, José Antonio Ochoa Rodríguez (42%).
4. LECCIÓN BIEN APRENDIDA. Ante el inicio de la temporada de lluvias y huracanes, el gobierno de Guerrero que encabeza Evelyn Salgado otorga capacitación permanente a municipios costeros para la atención de emergencias. La Coordinación Nacional de Protección Civil junto con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, impartieron en Acapulco el curso-taller “Atención de Emergencias por Huracanes”, dirigido a autoridades de los municipios costeros de la entidad, con el propósito de estar preparados para atender cualquier eventualidad en esta temporada de lluvias y ciclones tropicales, y así auxiliar a la población ante los efectos de algún evento ciclónico.
5. ACUMULADORA DE CONTRATOS. Mientras la atención pública se centra en los maestros de la CNTE y en la elección judicial, el Instituto Politécnico Nacional de Arturo Reyes Sandoval otorgó un contrato de dos 550 millones de pesos a la empresa “Retimar” para que brinde el servicio integral de limpieza de sus instalaciones en todo el país por los próximos 43 meses.
Raúl Rodríguez Cortés
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