El jueves pasado, durante la reunión del gabinete de seguridad que encabeza todos los días muy temprano la presidenta Claudia Sheinbaum y luego de que revisaran estadísticas y midieran la creciente presión social y política por mejorar resultados, se fortaleció la idea que sostienen algunos de los funcionarios de esa junta: los estados con el peor desempeño en la materia tienen a la misma empresa como principal proveedora de tecnología de seguridad.
Se trata, según se dijo ahí, de “Seguritech”, empresa señalada por incumplimientos, mala calidad de servicios y la obtención de contratos millonarios que no han logrado reducir la percepción de inseguridad en las regiones donde opera.
Como se recordará, la referida empresa, junto con el diputado morenista Pedro Haces y el exgobernador de Veracruz aún en prisión Javier Duarte, contrató a su vez a la firma española “Eliminalia” para borrar o des indexar información negativa en su contra, pero el trabajo no tuvo éxito.
Según un análisis de los contratos gubernamentales otorgados a “Seguritech”, la empresa ha recibido desde 2012 más de 30 mil 991 millones de pesos en adjudicaciones por parte de gobiernos de diferentes niveles. A pesar de estas inversiones, los resultados han sido cuestionables.
Municipios como Ecatepec y Tijuana, así como ciudades de Guanajuato, Michoacán, Colima, Quintana Roo y Chihuahua siguen figurando entre las regiones más violentas del país donde la empresa de marras ha sido proveedor clave,
Escudo en Guanajuato, donde la empresa recibió más de dos mil 727 millones de pesos por la implementación de sistemas de videovigilancia y botones de pánico. No obstante, la violencia en el estado ha seguido en aumento.
En Ecatepec, otro ejemplo, “Seguritech” instaló miles de cámaras de seguridad sin que esto se haya traducido en una mejoría tangible de sus índices delincuenciales y de violencia.
Y en la Ciudad de México, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, quedó documentado el fraude de las alarmas vecinales y la deficiente calidad de los servicios de la empresa.
De acuerdo con lo comentado en el gabinete de seguridad, la empresa ha engañado a lo largo de los años a varios gobernadores con reportes maquillados y excusas que hoy resultan insostenibles.
Y así, mientras los índices de criminalidad siguen al alza, la empresa hoy conocida como el cártel de la inseguridad, continúa recibiendo contratos multimillonarios sin que sus soluciones tecnológicas representen una mejora real para la seguridad pública.
Instantáneas:
1. OPACIDAD EN PEMEX. En medio del muy complejo entramado de toma de decisiones para la recuperación de Pemex, han surgido figuras dentro de la hoy nuevamente empresa pública del Estado, cuya influencia parece ir más allá de sus cargos formales. Proveedores que denuncian favoritismo en las licitaciones e incluso empleados de la petrolera, han señalado a Sergio Rosado Flores, subdirector de Evaluación y Cumplimiento Regulatorio por sus vínculos previos con empresas del sector de los que infieren posibles conflictos de interés en la toma de decisiones. Gabriela Cano, con experiencia en infraestructura energética también ha sido mencionada como alguien con inusual concentración de poder en varios espacios estratégicos. Parte de esa red era (¿o sigue siendo?) el ex subdirector de Almacenamiento en Pemex Logística, Eduardo Padilla Yerba quien dejó la empresa con cuestionamientos sobre su gestión. Quienes hicieron llegar a este espacio tales señalamientos se refieren también a Blanca Marisa Mendoza Muñoz cuyo papel nadie tiene en claro por operar prácticamente en la sombra, pero que genera mucha incertidumbre por su influencia en la distribución de combustibles y sus nexos tanto con el sector público como con el privado. Falta mucho por hacer para transparentar el manejo de los recursos estratégicos del país y castigar a quienes han operado en la opacidad.
2. ¿CHAROLAZO EN ADUANAS? La nueva administración de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) a cargo de Rafael Marín Mollinedo y la Unidad de Inteligencia Financiera que dirige Pablo Gómez investigan por denuncias de contrabando en aduanas fronterizas al agente aduanal Roberto Ruiz Armas, identificado con la patente 1656 quien dice estar protegido por Luis Torres Torres, hermano del esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila. La UIF busca documentar presuntos nexos de Ruiz Armas con Baltazar Terrazas Ciapara, a quien han relacionado con el tráfico de hidrocarburos en las aduanas de Mexicali y Tecate. La investigación vincula también con este presunto entramado de corrupción a Ernesto Alejandro Vadillo Trueba, coordinador de Aduanas Fronterizas, a quien se atribuye apoyar la liberación de incidencias y autorización de pedimentos presumiblemente alterados desde las oficinas centrales de la ANAM.
3. CAOS ELECTORAL POR EMPRESA MEXICANA. De Honduras nos llega información que acusa a la empresa mexicana Plásticos y Metales MYC como parte del caos que marcó las elecciones primarias del pasado 9 de marzo en el país centroamericano. MYC incumplió flagrantemente con los plazos marcados para producir y distribuir materiales esenciales como boletas, urnas traslucidas y paquetes de votación por el Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE) que fue su contratante, sin que tuviera registro como proveedor del Estado. El incumplimiento provocó un caos logístico que afectó a miles de votantes en las primarias entre los candidatos de los partidos Libertad y Refundación (Libre), Nacional y Liberal. El CNE acuso directamente a MYC y ésta, evasiva, en un comunicado muy genérico atribuyó los problemas a “imprevistos logísticos”, sin ofrecer detalles ni un plan o propuesta para mitigar el daño.
4. PRIMER CASINO EN GOBIERNO MORENISTA. En el negocio de juegos y sorteos ha sorprendido la próxima apertura de un nuevo casino en el municipio mexiquense de Naucalpan de los empresarios regiomontanos Raúl y Sergio Saide. Se llamará “Jubilee Casino” y la cuestión de fondo es que sería el primero en ser aprobado e inaugurado en un gobierno morenista. Desde el del gobierno de AMLO hace seis años, no ha habido apertura de nuevos centros de juego con apuestas, actividad regulada por la secretaría de Gobernación. Su titular en este gobierno, Rosa Icela Rodríguez debe estar enterada de ese hecho pues la dependencia a su cargo realiza una investigación de dichos giros para erradicar prácticas de extorsión, incentivar la recaudación fiscal, decomisar máquinas ilegales y combatir la ludopatía. “Jubilee Casino”, aun en construcción, está ubicado en pleno Periférico Norte, en una de las zonas de mayor tránsito de vehículos y personas. La autorización para operar fue avalada por la expresidenta municipal panista Angélica Moya y su licencia de funcionamiento fue expedida por el priista Miguel Ángel Becerril Ortiz, actual director de Fomento Económico del municipio.
@RaulRodriguezC
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