Las cárceles mexicanas son el retrato más fiel de la corrupción y el rezago que caracterizan a nuestro sistema de justicia.
Las estadísticas oficiales avalan este aserto con datos que no son retórica.
De las 248 mil 361 personas encarceladas en el país, más de 84 mil lo están sin haber recibido sentencia (en prisión preventiva), muchas de ellas por delitos que, en otro contexto, podrían enfrentar su proceso penal en libertad.
La sobrepoblación carcelaria está once por ciento por encima de la capacidad instalada de prisiones en el país, de acuerdo con el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del órgano administrativo desconcentrado Prevención y Reinserción Social, correspondiente a junio de este año.
Ese once por ciento de sobrepoblación equivale a casi 24 mil personas más de las que caben en condiciones satisfactorias dentro de los 275 penales federales (14), capitalinos (13) y estatales (248) que hay en México.
De ese total de cárceles, 132 están sobrepobladas, lo que rebasa la llamada “tasa de hacinamiento” con 103 internos por cada 100 espacios disponibles.
Los estados con mayor sobrepoblación penitenciaria son: el Estado de México (con 22 mil 317 internos más que la capacidad instalada para 14 mil 481); Sonora (con cinco mil 232 reos más en un espacio para solamente siete mil 988); y Durango (con dos mil 448 presos más en prisiones con capacidad para dos mil 295).
Estar en prisión en México no siempre significa ser culpable, sino más bien ser víctima de la negligencia institucional. Si no vea este otro dato: el tiempo promedio que una persona pasa en prisión preventiva es de 17 meses, aunque en algunos estados puede superar los dos años sin sentencia.
Frente a esta crisis penitenciaria, el gobierno tiene sobre la mesa dos proyectos que podrían ayudar a despresurizar las cárceles del país.
El primero es el Complejo Penitenciario Federal de Papantla, en Veracruz, planeado desde 2008 para albergar a más de 2 mil internos. El segundo es el Centro de Rehabilitación Social de Durango, cedido a la federación para recibir a mil 900 personas privadas de la libertad.
Ambas instalaciones representan una válvula de escape ante el hacinamiento.
Papantla y Durango son necesarios, pero no suficientes.
El sistema de justicia necesita un rediseño legal que deje de tratar la prisión como regla automática y que recupere los principios básicos del derecho penal: presunción de inocencia, debido proceso y proporcionalidad.
Instantáneas:
1. 90 DÍAS MÁS. La presidenta Sheinbaum y el presidente Trump acordaron ayer una nueva pausa de noventa días a la aplicación de un arancel de 30% a todas las exportaciones mexicanas al vecino país no incluidas en el T-MEC y que entrarían en vigor este viernes primero de agosto. Los adversarios de Sheinbaum y de la 4T insisten en que el resultado de la conversación telefónica sostenida la mañana de ayer por ambos mandatarios “no resuelve nada” y solo extiende la incertidumbre y sus daños consecuentes. Sin embargo, hay elementos para pensar que si bien no fue el resultado óptimo (una eliminación de aranceles que no va a suceder ni aquí y ahora sí que ni en China), si fue el mejor posible, ya que se amplía el plazo para cerrar una negociación prácticamente insertada en lo que será la revisión del T-MEC en enero próximo y otra, sobre seguridad, que ya es un acuerdo listo para firmarse muy probablemente la semana próxima. De manera que los aranceles siguen como están hasta ahora: los de 25% impuestos desde febrero a productos relacionados con el fentanilo y a productos no incluidos en el T-MEC (menos de veinte por ciento del total); 25% a automóviles y 50% a acero, aluminio y cobre.
2. YA ENTENDIERON. Algo muy relevante que no se debe perder de vista es lo que Sheinbaum y Trump dejaron ver en los posts que subieron a redes sociales para anunciar el acuerdo de los noventa días. Ella, la importancia de la comunicación directa con su contraparte estadounidense para dar cauce de solución a los problemas comunes. Y él, su reconocimiento a que “las complejidades de un acuerdo con México son algo diferentes a las de otros países debido a los problemas y ventajas de la frontera”. No sin informar que obtuvo de nuestro país la eliminación de todas las barreras comerciales no arancelarias (regulaciones, condiciones técnicas y normas administrativas que interfieren en el comercio internacional), Trump dijo otra cosa digna de tomar en cuenta: “cada vez nos entendemos más y conocemos mejor”. Este “mejor resultado posible”, como lo llamó Sheinbaum, es obra, debe reconocérsele, de Marcelo Ebrard, uno de los dos secretarios de estado de la Presidenta que mejores cuentas ha entregado. OGH son las iniciales del otro.
3. DESAFUERO: MORENO VS MORENA. Hoy al mediodía se reunirá la Sección Instructora de la Cámara de Diputados para activar el proceso de desafuero del senador y líder nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas. Este, con una furia que parece del tamaño de su preocupación, jura y perjura que el asunto ya es cosa juzgada. En efecto fue amparado contra la solicitud de desafuero que se interpuso desde 2022 el entonces procurador de Campeche, Renato Sales, por enriquecimiento ilícito. La anterior legislatura atoró ese proceso por un acuerdo entre el PRI y Morena para aprobar la Guardia Nacional. Ya en la actual, se reactivó el proceso y fue cuando obtuvo el amparo. Hoy, seguramente, se dará por desechado ese recurso, pero automáticamente se dará entrada uno nuevo en el que “Alito” es acusado de desviar fondos por 83 millones de pesos cuando fue gobernador de Campeche (2015-2019). Recuérdese que la Sección Instructora la preside el aliado morenista Hugo Erick Flores y la conforman la diputada de Morena, Adriana Belinda Quiroz Gallegos, el diputado del Verde, Raúl Bolaños Cacho Cué (también aliado de las guindas), y el panista Germán Martínez Cázares. Eso quiere decir que Morena tiene la mayoría para avalar un juicio político contra Moreno Cárdenas.
4. VENGANZA. La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama rechazó que haya investigación o expediente alguno contra su antecesor y hoy embajador de México en Canadá, Carlos Joaquín González, luego de que el convicto Gabriel Mendicuti, secretario general durante el gobierno de Roberto Borge Angulo entre 2011 y 2016, también en prisión desde 2018, le atribuyera vínculos con el crimen organizado y un crecimiento de la delincuencia mientras gobernó la entidad. Fuentes cercanas al hoy embajador en Canadá aseguran que se trata de una venganza política de un señor que habla por la herida, ya que Mendicuti es procesado por sus presuntos vínculos con el cártel de Caborca de Rafael Caro Quintero. Recuerdan, además, que durante la gestión de Carlos Joaquín se armó el C5, se construyó la base de la Guardia Nacional y se fortaleció a la policía del estado.
5. APOYO A MONREAL. Ante los crecientes rumores de que se prepara el remplazo de Ricardo Monreal por Alfonso Ramírez Cuéllar en la coordinación parlamentaria de Morena en San Lázaro, el exdirigente de El Barzón simplemente dijo de su paisano: “Yo apoyo y respeto a nuestro coordinador, no hay ningún lío, absoluto respeto y total apoyo”.
@RaulRodriguezC
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