Tan cierto como que el Seguro Popular (SP) fue un fraude y el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi) un rotundo fracaso al pretender sustituirlo, falso es que el IMSS colapsará al absorber la tarea de dar atención médica gratuita a la población no asalariada.
Acaso el aserto suene descabellado cuando todos sabemos y padecemos la actual saturación en clínicas y hospitales del Seguro Social, pero quizás ayude a avalarlo poner en blanco y negro lo que fueron las funciones de los hoy desaparecidos SP e Insabi, y las del IMSS Bienestar que se ocupará ahora de atenderlas.
El Seguro Popular, surgido en 2003, era un mecanismo de financiamiento que entregaba recursos federales a las secretarías de Finanzas de los gobiernos de los estados. Esto es, solo transfería recursos (casi 190 mil millones de pesos en 2019, su último año de funcionamiento). Nunca dio servicios médicos (consultas, medicinas, cirugías). Estos los proporcionaba el sector salud de cada uno de los estados.
En la lógica de un seguro, había una cuota de afiliación, de la que quedaban exentos las familias con ingresos inferiores a los 27 mil 500 pesos trimestrales o con ingresos menores a los 48 mil 600 pesos trimestrales, pero con al menos un niño nacido o una mujer embarazada. El resto de las familias pagaban una cuota de incorporación que fluctuaba entre dos mil y once mil pesos (según nivel de ingreso) para una póliza de tres años.
El caso es que los recursos federales del SP muchas veces se retuvieron en las tesorerías estatales, no se entregaron a los servicios de salud o se desviaron hacia otros fines, incluido el latrocinio. En 2018, por ejemplo, la Auditoría Superior de la Federación detectó que los estados “perdieron” 892 millones de pesos del Seguro Popular.
Con este diagnóstico, el actual gobierno canceló el Seguro Popular y creó el Insabi que inició funciones el primero de enero de 2020 como órgano descentralizado de la Secretaría de Salud, para dar servicio gratuito y directo a todos aquellos que no contaran con seguridad social.
Fuentes consultadas en el sector salud atribuyen la inoperancia del Insabi a que tuvo que cubrir el remanente del Seguro Popular y atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia de Covid-19, lo que lo llevó a gastar en tres años (2020, 2021 y 2022) un presupuesto de poco más de 302 mil millones de pesos.
El pasado 29 de abril, el Congreso aprobó en fast track la desaparición del Insabi y la transferencia de sus servicios al IMSS-Bienestar. Oído así y sin más explicaciones que las aportadas por la propaganda opositora, resulta imposible que el Seguro Social -con sus mil 819 unidades y clínicas para sus 74.9 millones de derechohabientes (57% de la población)- pueda atender, sin colapsar, a 66.4 millones sin seguridad social.
La clave aquí está en una soslayada diferenciación: una cosa es el IMSS tripartita (ordinario) y otra el IMSS-Bienestar. Aquel es financiado por cuotas obrero-patronales y aportaciones federales y éste, creado el 31 de agosto del año pasado para dar atención médica a la población sin seguridad social, es un organismo público descentralizado con patrimonio propio.
Por ley, los recursos del IMSS ordinario no pueden ser utilizados en el sistema IMSS-Bienestar, nos recuerda Marcos Bucio, secretario general del Seguro Social, consultado al respecto. Aquel no compromete a este.
IMSS-Bienestar es la continuación del IMSS-Coplamar iniciado en el gobierno de José López Portillo y continuado, con otros nombres, por subsecuentes gobiernos. Sus programas, ya con trece estados adheridos a su Plan de Salud, atienden en sus clínicas y hospitales a 26.4 millones de mexicanos sin seguridad social.
Instantáneas:
1. DECRETAZOS. Crece la confrontación entre AMLO y la Corte. Y lo peor es que todo parece dispuesto para que siga la escalada. El tribunal constitucional ha asestado tres reveses seguidos a iniciativas de López Obrador aprobadas en el Congreso por la mayoría de Morena y aliados. Primero al rechazar, por inconstitucional, la incorporación de la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena; segundo al anular, por fallas en el proceso legislativo, la primera parte del Plan B electoral; y tercero al desconocer, también por inconstitucional, el decreto que consideró a las obras emblemáticas del actual gobierno como asuntos de seguridad nacional, lo que le permitía reservar como información clasificada la relativa a dichas obras. En los dos primeros casos referidos, la reacción de AMLO fue endurecer sus críticas al Poder Judicial de la Federación, pero en el tercero y más reciente, la respuesta fue un decreto publicado la tarde del jueves pasado en el que nuevamente incluía como materia de seguridad nacional la construcción del Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el corredor interoceánico. Respuesta esta que se entendió como un reto a la Corte y como un decir que sus sentencias se las pasa por el arco del triunfo. Pronto viene, de ribete, la decisión del máximo tribunal del país sobre la inconstitucionalidad o no de la segunda parte del Plan B electoral.
2. ¿EXPROPIACIÓN? AMLO añadió al decreto que reconsideró como asuntos de seguridad nacional las obras emblemáticas de su gobierno (pese al rechazo expreso de la Corte), otro con el que sorprendió el viernes pasado por la tarde: la ocupación con efectivos de la Marina, de manera temporal no definida y por razones de utilidad pública, de un tramo de la sociedad anónima Ferrosur, a favor de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, empresa de capital estatal mayoritario. Ferrocarriles del Sureste (Ferrosur), una empresa del Grupo México de German Larrea, uno de los hombres más ricos del país, declaró el mismo viernes en la noche que la toma de las instalaciones fue “sorpresiva e inusitada”, aunque debe decirse que ocurrió dos días después de que Larrea y Carlos Slim se reunieran largamente en Palacio Nacional con López Obrador, encuentro en el que indudablemente se trató el tema de la venta de Banamex que todo apunta concretará el mandamás del Grupo México. La Secretaría de Gobernación asegura que el tema de Ferrosur ha sido platicado por ambas partes. Este fin de semana todavía se debate si fue o no una expropiación. Mientras los expertos lo deciden, solo queda poner en perspectiva algunos datos:
- El decreto de marras sí apela en sus considerandos a la Ley de Expropiación, pero se refiere específicamente a una “ocupación temporal inmediata” a favor de la estatal Ferrocarriles de Tehuantepec, cuyos títulos de concesión fueron traspasaos de la SCT a Fonatur en 2020, con el fin de que formar parte del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Es decir, es una forma de blindar la operatividad de esa otra obra emblemática de la 4T.
- Los ferrocarriles son concesiones. El Estado mexicano las entrega a particulares para su explotación. Una concesión, por lo tanto, no puede ser expropiada.
- La ocupación de Ferrosur en un tramo de 150 kilómetros del total de su tendido que se acerca a los diez mil.
- La estatal Ferrocarriles del Istmo de Tehuantepec no tiene trenes, solo opera una vía desde el puerto de Salina Cruz, Oaxaca hasta la región de Medias Aguas, en Veracruz. El tramo de Ferrosur ocupado es el que va de ahí al puerto de Coatzacoalcos.
3. SE AJUSTAN LAS ENCUESTAS. La reducción de los tiempos políticos para que, después de las elecciones del primer domingo de junio en el Estado de México y Coahuila, se definan los mecanismos para determinar quién abanderará a Morena en la elección presidencial de 2024, coincide con nuevos números demoscópicos de los aspirantes. Durante los últimos días, un par de encuestadoras colocaron a Adán Augusto López Hernández en empate o incluso ligeramente arriba del canciller Marcelo Ebrard Casaubón, como segundo lugar de las preferencias electorales detrás de Claudia Sheinbaum. El secretario de Gobernación pasó del 4% que lo mantenía en el sótano a arriba de 25%, según los números de Opinión Pública Marketing e Imagen. Mientras tanto, el viernes pasado se publicó otra encuesta, ésta de Análisis de Información Sistematizada, que ubica a los contendientes así: la jefa de Gobierno, 31.2%; el tabasqueño 29.3% y el titular de SRE en 25.3%. El resultado de esta última casa encuestadora explica por qué el activismo de López Hernández en el norte del país, donde registra 27% de preferencia, 7 puntos menos de los que muestran los sondeos en el sursureste.
4. NO LLEGÓ A DEBATE. La letanía de proposiciones hechas la noche del jueves pasado por Alejandra del Moral y Delfina Gómez no alcanzó el nivel de debate. Este segundo ejercicio realizado a diecisiete días de las cruciales elecciones del Estado de México no logró darnos los suficientes elementos para contrastar proyectos de gobierno y se centró en discutir si la candidata de la coalición PRI-PAN-PRD ya alcanzó o cerró la brecha que la separa de la de Morena-PT-Verde. Del Moral, desde un principio machacó con que ya había alcanzado a Delfina y enfatizó en el lugar común de que “caballo que alcanza gana” y reforzó su frase de campaña de que Morena es el cambio que destruye y que la coalición Va por el Estado de México es el que construye. Tuvieron que pasar cuarentaicinco minutos de los sesenta que duró el segundo debate, para que Delfina por fin respondiera a los múltiples dardos que le ya le había lanzado Alejandra culpándola de corrupción y de nulos resultados. Le dijo la morenista: “el tiempo se te acabó… no te alcanzará la guerra sucia”. Nada nuevo por lo demás. Delfina y sus dificultades para articular un discurso fluido y sólido. Del Moral con la narrativa priista de siempre, repite y repite, a veces soberbia, siempre sobrada, que ya la alcanzó acaso porque no es así. Los resultados de un simulador de votos publicados por EL UNIVERSAL ubican a la morenista con 51.4% de la intención del voto y a la priista con 46.5%.
@RaulRodriguezC