Con el trasfondo del siempre polémico tema de la violencia política de género, asomó cabeza esta semana una historia tan lamentable como preocupante, por involucrar a quien encabeza al tribunal que imparte la justicia electoral, califica la legalidad de la elección presidencial y declara al presidente electo.
La violencia política de género quedó tipificada en las adiciones a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del 13 de abril de 2020.
Casos recientes y emblemáticos sobre los que ya ha dictado medidas cautelares y emitido sentencias el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) son los de la senadora y aspirante a candidata presidencial aliancista Xóchitl Gálvez contra el presidente López Obrador, la también senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández contra el concesionario de TV Azteca Ricardo Salinas Pliego y la de un grupo de diputadas del PRI contra la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
Sobre las acusaciones de Xóchitl contra AMLO, el TEPJF consideró que lo dicho en diversas conferencias mañaneras constituía violencia política de género por sugerir que la senadora panista-no panista contendía por la candidatura presidencial no por méritos propios sino impuesta sobre un grupo de hombres; mientras que las de Citlalli contra Salinas Pliego tipificaban burlas en redes sociales de la condición física de la secretaria general de Morena.
En el caso de Layda Sansores, el TEPJF determinó incluir a la morenista gobernadora de Campeche en el registro de personas que cometen violencia de género y ordenó que ofrezca una disculpa pública al grupo de diputadas priistas que la acusaron de “inventar” la entrega de un paquete de videos sexuales de ellas al líder nacional del PRI y exgobernador de aquella entidad, Alejandro “Alito” Moreno. Pero Layda dijo que ni hablar, que no se disculpará.
Por eso extrañó mucho que, pese al abierto desacato, el magistrado presidente de la sala superior del tribunal electoral, Reyes Rodríguez Mondragón se dejara ver el jueves pasado en Campeche, amistoso y complaciente con Layda Sansores, durante el Encuentro Regional de Institutos, Tribunales Electorales e INE de la tercera circunscripción plurinominal que incluye a esa entidad y a Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y Veracruz.
De ribete, la gobernadora campechana arremetió contra la autoridad electoral al señalar que hay magistrados que “aceptan paga por sus decisiones” y asegurar que “en el mismo Tribunal, (aunque) no todos, hay quienes aceptan paga por sus decisiones”.
Rodríguez Mondragón no ocultaba su incomodidad mientras buscaba la mirada de Janine Otálora, la única magistrada de la sala superior que lo acompaño al evento. Pero por lo visto hay negociaciones que obligan a tragar ese tipo de sapos.
Y aquí aparece otro personaje de gran influencia política durante el gobierno de Felipe Calderón y que en su momento justificó y defendió al entonces secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y después fue señalado por recibir sobornos como legislador para la aprobación de la reforma energética de Enrique Peña Nieto.
Me refiero a Roberto Gil Zuarth, exdiputado y exsenador panista que fue secretario particular del entonces presidente Calderón y su subsecretario en Gobernación cuando al frente de la cartera estuvo Fernando Gómez Mont.
En el despacho de Bucareli, Reyes Rodríguez Mondragón fue asesor del subsecretario Gil Zuarth, desde donde el hoy presidente del TEPJF urdió sólidas relaciones con el panismo en el poder que lo llevaron a ser, incluso, coordinador de asesores de Felipe Calderón.
Resulta que Reyes Rodríguez Mondragón y Gil Zuarth andan promoviendo entre Morena a Eva Barrientos, magistrada presidenta de la sala regional Jalapa del tribunal electoral (que incluye a Campeche) para que ocupe un lugar en la sala superior que se elige en noviembre próximo. Por eso el presidente del TEPJF fue a Campeche con una moneda de cambio: que el despacho legal de Gil Zuarth se ocupe del caso de Layda sobre violencia política de género, como ya lo hace con Salinas Pliego.
Los vínculos de Reyes Rodríguez Mondragón con el exsecretario de Gobernación Fernando Gómez Mont (de quien se dice asesora a Xóchitl Gálvez en la denuncia contra López Obrador por haber hecho públicos datos fiscales de contratos hasta por mil 400 millones de pesos de dos empresas de la aspirante a la candidatura presidencial aliancista cuando fue jefa delegacional en Miguel Hidalgo) y por añadidura con quien fuera su subsecretario, Roberto Gil Zuarth, fueron confirmados por el propio Presidente de la República en la conferencia mañanera del viernes pasado.
En suma, el presidente del TEPJF va y acepta reunirse con quien previamente y por decisión del tribunal que encabeza, ha quedado inscrita en el registro de personas que cometen violencia política de género y que desacata abiertamente una de sus sentencias.
Pero no solamente eso, va y permite que les escupan en la cara acusaciones de corrupción en contra de los magistrados electorales y todo para buscar el apoyo para que una de sus incondicionales ocupe un asiento en la sala superior del TEPJF, sin que parezca importarle el cumplimiento de sus resoluciones.
Así, con una justicia electoral que no importa que se incumpla ¿es cómo van a calificar la legalidad de la elección presidencial del año próximo y a declarar a quien resulte el presidente electo? Lamentable y preocupante.
Instantáneas:
1. JUSTICIA COTIDIANA. El presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, Rafael Guerra Álvarez anunció que se suma al programa de “facilitadores cívicos” del gobierno capitalino, en búsqueda de paz social en todas las alcaldías capitalinas, con el lanzamiento de las Jornada de Mediación. Estas jornadas buscarán acercar los servicios de mediación a las personas que se les dificulta asistir al Centro de Justicia Alternativa, con el fin de fomentar de manera permanente la justicia itinerante, sobre todo en conflictos jurídicos en materia familiar, civil o mercantil a través de mecanismos pacíficos. Guerra Álvarez informó que está previsto que las Jornadas de Mediación inicien en septiembre y concluyan en diciembre de este año. Justicia cotidiana, que es la justicia más cercana a las personas.
2. MALABARES son los que se hacen al interior de Morena para evitar una ruptura entre las corcholatas. El jueves por la noche la inconformidad de Marcelo Ebrard con el proceso selectivo de los aspirantes morenistas a la candidatura presidencial había llegado a niveles explosivos cuando ninguna de las cuatro empresas que por insaculación resultaron elegidas para para hacer las encuestas espejo de la definitoria que hará Morena, fue de las propuestas por el excanciller. La empresa que ocupó el primer lugar fue una propuesta por Adán Augusto López, la segunda fue de Ricardo Monreal, la tercera de Claudia Sheinbaum y la cuarta de Manuel Velasco. En ese contexto, la tensión creció la mañana del viernes cuando Ebrard subió a sus redes un video en el que muestra “in fraganti” como borran de una barda su propaganda para sobreponer una de la exjefa de gobierno de la CDMX. Las cosas se calmaron finalmente el viernes por la noche luego de que Monreal a accedió a retirar la empresa que propuso, para dar cabida a una de las de Marcelo.
3. ABUSOS EN CARRETERAS. Acusamos recibo de la denuncia enviada a esta columna por Alberto Canaan del Movimiento por el Libre Tránsito. Resulta que en carreteras y autopistas sobre todo del norte del país se cometen innumerables abusos con el cobro de peajes. Argumenta Canaan que las carreteras son bienes de la nación y de cada mexicano y que en varios estados del país operan concesiones vencidas bajo la complacencia de los gobiernos estatales y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y agrega que las casetas de cobro son un botín para unos cuantos empresarios y políticos corruptos, y un freno al desarrollo económico del país.
@RaulRodriguezC
