Ha trascendido en círculos políticos y legales de México y Estados Unidos que la razón de fondo de los constantes viajes del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, al vecino país -el más reciente a Washington el jueves y el viernes pasados- es que tramita un asilo político.
“Alito” – según lo trascendido- ya habría recurrido al bufete “Law Office” del abogado estadounidense Isaías D. Torres, un reconocido especialista en derecho de inmigración y varios casos de asilo ganados allá en Estados Unidos.
El dirigente priista llegó a Washington el jueves pasado y, con una fotografía tomada en los pasillos del Capitolio, documentó en sus redes sociales un encuentro con la congresista republicana María Salazar.
Según lo declarado por Moreno Cárdenas, fue a la capital estadounidense a denunciar la instauración en el país de “una dictadura narcoterrorista y comunista”, señalamiento que hizo cuando en la Ciudad de México, el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, destacaba el nivel de cooperación histórico alcanzado entre los dos países y reconocía los resultados logrados por el gobierno mexicano en el combate al crimen organizado transnacional.
Es claro que la corrupción prohijada por la delincuencia ya penetró estructuras de poder a muy alto nivel, pero eso no quiere decir que el país esté en manos de traficantes de droga, que sea un “narcoestado” que persigue a sus opositores como fantasiosamente sostiene el tramposo dirigente del tricolor.
Él se ha planteado el tema del asilo no porque sea un perseguido político, sino porque teme perder el fuero constitucional que le otorga el ser senador y ser procesado por las acusaciones de corrupción y lavado de dinero que le fincó la Fiscalía anticorrupción de Campeche el pasado 23 de julio, fecha en que habría trasladado a su familia a Miami.
Un requisito mínimo para que avance su solicitud de asilo -según le han aconsejado sus asesores legales- es obtener de la secretaría de Gobernación la incorporación al Mecanismo de Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, recurso que ya solicitó, aunque no sea perseguido, ni periodista, ni defensor de los derechos humanos.
Instantáneas:
1. MARINA Y EL HUACHICOL. Un familiar político del almirante Rafael Ojeda, quien fuera secretario de Marina durante el gobierno de AMLO, está entre los ocho funcionarios públicos y directores de empresas detenidos en operativos coordinados que se llevaron a cabo entre el martes y el jueves pasado por estar relacionados con el huachicol fiscal y, específicamente, con el decomiso en Tampico el pasado mes de marzo, de diez millones de litros de hidrocarburos que traía desde Texas el megabuque Challenge Proycon. Se trata del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, hijo de la cuñada del exalmirante secretario Ojeda. Hasta enero pasado se desempeñaba como comandante de la décimo segunda zona naval con sede en Puerto Vallarta, Jalisco. En el sexenio pasado fue secretario particular del entonces subsecretario de Marina, almirante José Luis Arellano Ruiz. La Marina encabezó las detenciones con el apoyo de la FGR y la secretaría de Seguridad. Cinco corresponden a hombres y tres a mujeres. Los hombres fueron trasladados al penal federal del Altiplano, en el Edomex, y las mujeres al de Hermosillo, Sonora. Para informar más detalles de los operativos, el Gabinete de Seguridad convocó a una conferencia de prensa hoy a las once de la mañana.
2. ¿QUÉ PASÓ EN LA UNAM? Prácticamente desapercibida ha pasado la decisión de la Junta de Gobierno de la máxima casa de estudios de dar por terminada anticipadamente la gestión del maestro Juan Alberto Casillas Rupertt como uno de los tres integrantes del Patronato Universitario, cuando apenas cumplía un año de haber sido designado para un período de seis. El asunto no es menor pues el Patronato es una autoridad universitaria de la que dependen instancias fundamentales como la Tesorería y la Contraloría de la UNAM. De la página online del Patronato Universitario ha desaparecido incluso la fotografía y el nombre de Casillas Rupertt. Los otros dos integrantes de la Junta de Patronos son Elisa Beatriz García Bojorges y Mario Luis Fuentes, quien la preside y en seis meses concluirá su gestión. Según se pudo indagar, a Casillas Rupertt (hijo del doctor Juan Casillas García de León, exdirector de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y miembro histórico de la Junta de Gobierno) le armaron desde la Tesorería, presidida desde hace ocho años por Guadalupe Mateos, un endeble caso de presunto tráfico de influencias con el que se determinó su cese, eufemísticamente llamado terminación anticipada de gestión. No faltaron quienes, para no hacer olas, intentaron convencerlo de que renunciara, pero Casillas se negó a convalidar lo que a su juicio es una mentira. En el Patronato se dice que Mario Luis Fuentes, ya por concluir su gestión como presidente de éste, promueve ante la Junta de Gobierno que el nuevo patrono sea Alejandro Hernández, vicerrector del ITAM.
3. REGLAS Y SUELDOS. La nueva Corte sesionará mañana por primera vez con nuevas reglas y reducidos tabuladores salariales de sus nueve ministros. El nuevo reglamento fue publicado el jueves pasado en el diario oficial de la Federación y en él se establece la obligatoriedad de hacer públicos sus proyectos de resolución y el uso de la palabra sujeto a tiempos específicos para agilizar todas las sesiones, sobre todo ahora que desaparecen sus dos salas y todos los asuntos van al pleno. En cuanto a los sueldos, las ministras y ministros ganarán 95 mil pesos mensuales, monto que está por debajo de los 136 mil pesos de la Presidenta.
4. INFORME EN GUERRERO. De la mano de la política social de la presidenta Sheinbaum, el gobierno de Guerrero ha intensificado su estrategia de atender regiones que durante muchos años estuvieron completamente abandonadas. “Es un acto de justicia social llevarle a sus habitantes bienestar y oportunidades”, dijo la gobernadora Evelyn Salgado al rendir el viernes pasado en Chilpancingo su cuarto informe de gobierno. Destacó la construcción de 665 kilómetros de caminos artesanales que han mejorado la conectividad de 297 comunidades, la apertura de clínicas de hemodiálisis en Acapulco, Ometepec, Zihuatanejo y Chilpancingo, para que los pacientes no se trasladen a otras ciudades para recibir este tratamiento especializado. En la región de La Montaña donde aún persisten altos niveles de pobreza, se construyó un nuevo Hospital General de alta especialidad ubicado en Tlapa con una inversión de tres mil millones de pesos. La mandataria no deja de reconocer la necesidad de mayores esfuerzos en el tema de la inseguridad, pero mantiene la ruta en los programas sociales que son pilar -dijo- del llamado segundo piso de la 4T.
5. LA RESISTENCIA. La alcaldesa en Cuauhtémoc, CDMX, Alessandra Rojo de la Vega, consideró que la llamada marcha de “La Resistencia” a la que convocó el domingo pasado fue un emplazamiento a la presidenta Sheinbaum para que elimine de la vida pública al crimen organizado y separe de sus cargos urgentemente a los funcionarios que sean sospechosos de vínculos con la delincuencia. La marcha tuvo una buena respuesta y a juicio de la alcaldesa en Cuauhtémoc no se trató solo de inconformes gritando consignas, sino que “fue la expresión visible de un enojo acumulado y de la voluntad de no resignarse a que el miedo gobierne”. Rojo de la Vega va con todo en su desafío a la narrativa oficial.
@RaulRodriguezC
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