El presidente de México anunció la adquisición de trece plantas de generación de energía a Iberdrola y declaró “es una nueva nacionalización de la industria eléctrica.” A decir de los especialistas, no hay tal cosa como nacionalización, pero es muy significativo que, en el discurso presidencial, el concepto de nacionalización siga siendo tan valorado. El historiador John Huxtable Elliot describió en su monumental obra Imperios del mundo atlántico las diferentes trayectorias recorridas por las colonias británicas y españolas. Una de las diferencias más notorias en la historia de los territorios ultramarinos de ambas potencias es la fuente presupuestal de sus expediciones coloniales. A decir de Elliot, las expediciones de colonización españolas fueron casi integralmente financiadas por la corona, en ese momento la monarquía más poderosa de la Tierra. En cambio, las expediciones inglesas eran financiadas por aportaciones gubernamentales y abundante capital privado, pues la corona británica no disponía de recursos suficientes para emprender iniciativas de exploración. Consecuentemente, aquello descubierto por las expediciones españolas debía ser declarado en su totalidad patrimonio de la corona. Los colonizadores españoles hurtaban clandestinamente buena parte del botín de la corona para cobrar por sus servicios, pero eso es otra historia. A la inversa, las expediciones inglesas ofrecían un margen mayor de ganancia y explotación legal a los actores privados involucrados en su financiamiento y ejecución. Elliot insinúa que esa diferencia habría de marcar el concepto de propiedad.
En Inglaterra y sus colonias, lo que comenzó como un accidente histórico, a saber, la insuficiencia presupuestal de la corona permitió el desarrollo de garantías al derecho de propiedad. A tal punto se desarrolló la conciencia de este derecho, que una de las causas inmediatas de la guerra de independencia de las trece colonias fue la exigencia de los colonos norteamericanos de representación política a cambio de los impuestos que pagaban. En contraparte, el colono hispánico vivía consciente de que, si su conducta incomodaba al poder, en cualquier momento la corona podía decretar que sus posesiones pasaran a propiedad del rey. También la autoridad eclesiástica, representada por la Inquisición, estaba en condiciones de sancionar mediante la confiscación de sus propiedades. La fragilidad del derecho de propiedad en el virreinato produjo una tradición jurídica que, ya en las repúblicas independientes, se materializó en la práctica de la “nacionalización.”
Dos de los héroes de la historia de bronce mexicana son personajes que despojaron de sus bienes a otro actor político. Benito Juárez “desamortizó” los bienes eclesiásticos. Lázaro Cárdenas “expropió” los bienes de las empresas petroleras. Debería subrayarse el ejemplo de movilidad social de Benito Juárez, su trascendental separación de la Iglesia y el Estado, su decreto de fundación de la Escuela Nacional Preparatoria o su victoria contra la intervención francesa. Cárdenas debería recordarse como el visionario que abrió las puertas del país a los exiliados de la guerra civil española y el fundador de instituciones educativas clave como el Instituto Politécnico Nacional o El Colegio de México, pero apenas figura por esas cualidades en los libros de texto. Los actos de autoridad distintivos de estos presidentes a ojos de la historia oficial son los que se refieren a la apropiación de bienes ajenos. No discuto la pertinencia y validez histórica de estas decisiones, me parece preocupante que eso sea el motivo por el que se les pone como ejemplo. Nunca se destaca la obra constructiva (por lo demás muy amplia) de ambos presidentes, sino su capacidad para quedarse con bienes de otros. En esa versión de la historia se educó el grupo gobernante. Y así se piensa al presumir la “nacionalización.” Sí, en la época que necesitamos atraer inversiones para crear empleos mediante el nearshoring…
Analista.
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