El flujo de migrantes que esperan expectantes el fin del Título 42, medida que bajo el argumento de riesgos a la salud pública permitió a Estados Unidos realizar 2.7 millones de deportaciones inmediatas durante los últimos tres años, ha tenido un aumento considerable desde diciembre del 2022. Pese a que las dinámicas de tensión y distensión entre el gobierno estadounidense y el mexicano en materia migratoria se han mantenido como una constante a lo largo del tiempo, el fin de dicha política este 11 de mayo trae consigo tres claves sin precedentes que esbozan un devenir caótico.
El primer punto tiene que ver con la forma en la que los migrantes solicitan su entrada a Estados Unidos. Hace unas semanas, el Departamento de Estado y el Departamento de Seguridad Nacional estadounidenses anunciaron la próxima creación de centros regionales de procesamiento migratorio, siendo Guatemala y Colombia los países elegidos para el inicio de este programa piloto. La medida plantea que los inmigrantes hagan su solicitud desde dichos países y así poder acceder, de ser elegibles, a permisos laborales, asilo, programas de reunificación familiar, entre otros.
Si bien esta medida encuentra precedente en el controversial programa “Quédate en México”, llama la atención la ampliación del alcance de esta propuesta cada vez más lejos de sus fronteras, dejando además la gestión de esta problemática a países que no encabezan las expulsiones regionales de migrantes. Aunado a ello, su implementación omite que gran parte de las personas que buscan asilo no pueden permanecer en su país pues precisamente huyen de las condiciones en las que se encuentran.
Además, esta medida sobrepasa su intención disuasoria, al condicionar a la realización de este lento proceso a permanecer en estos países, negándoles la posibilidad de aplicar a aquellos que han intentado ingresar de manera ilegal al país anteriormente y, para algunas nacionalidades, exigiendo contar con un patrocinador en Estados Unidos. Los obstáculos selectivos que se han implementado no solo representan una evasión de las obligaciones legales de Estados Unidos, sino una flagrante violación a los derechos humanos.
Por su parte, recientemente México anunció que accedió a continuar recibiendo a cerca de 30,000 migrantes de cuatro nacionalidades (Cuba, Haití, Nicaragua, Venezuela) mensualmente, aún después del vencimiento del Título 42. Esto en sí mismo es histórico, pues en ningún otro momento un país ha aceptado tal número de deportaciones desde Estados Unidos de personas que no son nacionales.
Mientras que en el caso de Colombia y Guatemala existe el entendido de que recibirán los fondos necesarios para la gestión de dichos centros, la experiencia mexicana ha evidenciado un vacío en la cooperación bilateral y en la disposición de fondos federales para contar con las condiciones necesarias para la atención de personas migrantes. En este renovado acuerdo, no hay claridad en qué consiste el supuesto programa humanitario conjunto. Tampoco queda claro qué pidió México a cambio en la negociación, aunque probablemente aseguró una ceguera selectiva del vecino del norte ante controversias comerciales o el deterioro institucional que atraviesa el país.
Finalmente, se palpa un creciente ambiente de militarización y criminalización migratoria desde el ejecutivo y el legislativo estadounidense. Por un lado, en un intento de anticipar la crisis que se avecina, la administración de Joe Biden ordenó el despliegue de 1,500 elementos del ejército en la frontera sur, dejando un total de 4,000 elementos en la zona. Por su parte, estados como Texas y Florida intentan recrudecer las políticas migratorias desde los congresos locales. En Texas se discute una propuesta de ley que permitiría que civiles armados realicen labores de patrullaje y detención de migrantes, así como otra que busca penar a las personas que lleguen sin documentos hasta con 10 años de cárcel. Así mismo, el gobernador y posible candidato presidencial Republicano, Ron de Santis, anunció que utilizaría fondos para trasladar a personas indocumentadas a ciudades gobernadas por Demócratas.
Al igual que ocurre en México con la ampliación de facultades de la Guardia Nacional en materia migratoria, militarizar la frontera es un error. En un contexto en donde se calculan entre 7 mil y 8 mil detenciones diarias de migrantes sin documentos, catalogarles como una amenaza al orden público les coloca en una posición de criminales de facto. La gravedad de esta postura, recrudecida ante la retórica Republicana que responsabiliza a migrantes del tráfico de fentanilo, recae en convertir potenciales faltas administrativas en delitos. Más allá de ello, este enfoque no ha tenido el efecto buscado, como muestran el aumento de flujos y de caravanas que se dirigen al norte.
Si bien los impulsores de estas medidas argumentan que se trata de un intento de ordenar la migración y hacer de este problema una responsabilidad hemisférica, no consideran suficientemente los efectos que tendrán en miles de personas. En un panorama en donde se conjuntan la desesperación por una vida digna, el oportunismo criminal y las aspiraciones electorales, el fin del Título 42 abona a la certeza del caos que viene. En medio de una flagrante crisis humanitaria, “quédate donde puedas” jamás podrá ser el mensaje correcto.
Analista de Comexi.
Twitter: @raquelLPM
