Miles de víctimas de por medio. Tres países garantes. El séptimo intento de negociación a lo largo de 31 años. El primero bajo un gobierno de izquierda. Esta es la numeralia que describe al recién inaugurado proceso de paz entre el gobierno colombiano y la última guerrilla activa del país: el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Este primer experimento de la propuesta de ‘Paz Total’ del presidente Gustavo Petro arrancó bajo una fusión de esperanza, escepticismo y críticas. ¿La nada sencilla misión? Un cese a la violencia por medio del desarme y reintegración de este grupo a la sociedad. ¿El costo? Aún está por verse.
El escenario presente dista considerablemente de los esfuerzos previos. A lo largo de las últimas décadas, este grupo ha evolucionado de ser una guerrilla con un fuerte componente ideológico bajo los valores de la revolución cubana y la teología de la liberación, hasta convertirse en un actor significativo en el narcotráfico a nivel internacional. Así mismo, mientras los intentos anteriores fueron encabezados por gobiernos de derecha, hay quienes atribuyen al pasado guerrillero del actual presidente y a una mayor representatividad en los protagonistas de la mesa de diálogo una probabilidad más alta de éxito, como si dichas condiciones bastaran en un proceso por demás complejo.
¿Qué es lo que hace entonces de ésta una oportunidad distinta a las anteriores? Quizá no tenga tanto que ver con las condiciones previas, sino con las delicadas consecuencias que tendrá el potencial cruce de tres delgadas líneas: el Estado de Derecho, los intereses criminales y la presión internacional.
Negociar sin vulnerar el Estado de Derecho. La principal crítica que se le hizo al gobierno de Juan Manuel Santos respecto a su manejo con las FARC fue que los Acuerdos de Paz se dieron a costa de vulnerar el Estado de Derecho, al haber negociado beneficios personales para los miembros de la guerrilla a cambio del compromiso de dejar las armas. Petro está consciente de ello, tanto así que ha declarado que quiere evitar que este desarme fracture al país nuevamente. Todo apunta a que negociar con esta guerrilla será aún más complejo por su naturaleza horizontal y fragmentada, por la inviabilidad de que todas sus células vayan a acatar lo acordado y por su reticencia a abandonar las lucrativas actividades ilegales en las que se encuentran involucrados.
El riesgo en este sentido no se encuentra únicamente en qué tanto está dispuesto a ceder el gobierno colombiano. Las recientes declaraciones del ELN han evidenciado su intención de reivindicar su status político y visibilizar cómo su “lucha” se distingue a la de otros grupos. Prueba de ello es su intento por deslindarse de este proceso con el de otros grupos, así como su reafirmación de que no buscan curules ni dialogar con el gobierno, sino con la sociedad. En este sentido, vale la pena destacar que la misión del ELN tradicionalmente ha sido la de lograr un cambio total en el sistema político y económico. Si se suma esta premisa a la meta de Petro de crear un “gran diálogo nacional”, es posible un escenario en el que esta negociación culmine en un plan de desarrollo amplio en donde surja la propuesta de una nueva constitución a través de una Asamblea Constituyente. Es este uno de los mayores temores de la oposición más férrea del presidente y uno de los planteamientos de Petro en su intento previo de llegar a la Casa de Nariño. Si bien esto podría significar la oportunidad de integrar demandas sociales de cambio, también abre las puertas a una ruptura constitucional e institucional.
Negociar sin propiciar mayor violencia. Posiblemente lo que convierte al proyecto de Paz Total en uno tan complejo es el impacto que ha tenido el conflicto armado en materia de seguridad. Ni siquiera el inicio de las negociaciones ha asegurado un cese multilateral al fuego ni una pausa en las operaciones de defensa contra el grupo. En este sentido, existe una fina línea entre el mantenimiento del diálogo y las repercusiones que los acuerdos detonen por parte de grupos criminales con altos intereses en la zona.
Este último es probablemente el escenario más preocupante y en el cual México entra en juego. Desde hace varios años, Colombia ha cobrado una particular relevancia para los cárteles mexicanos, principalmente para la compra de cocaína. Tal es su importancia que, de acuerdo a investigaciones recientes, a inicios de año organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa enviaron “emisarios” para acordar una tregua entre células de las FARC y el ELN para evitar afectaciones en sus operaciones. Esto prueba que organizaciones de esta envergadura no se quedarán de brazos cruzados si se acuerdan cambios en cuestiones como la revelación de rutas de tráfico, la erradicación de cultivos ilícitos o el cese a ciertas actividades. Por el contrario, cualquier cambio que afecte a sus intereses podría atizar la violencia o provocar que éste u otros grupos ocupen los vacíos que deje la desmovilización de la guerrilla.
Negociar sin sucumbir ante la presión de otros actores internacionales. El principal reto en este balance recae en navegar los intereses propios de las partes con las innegables presiones que habrá por parte de otros países cuyos intereses domésticos o de política exterior pueden verse comprometidos. Noruega, Cuba y Venezuela figuran como los países garantes de este proceso. De éstos, Venezuela es el que ha generado mayor polémica, no solo por posicionarse como un vigilante de la paz a la par de violar flagrantemente los derechos humanos de su población, sino por cuan involucrada está la administración actual con las redes criminales del ELN. Su participación en el proceso es indispensable considerando que el ELN opera a ambos lados de la frontera. Sin embargo, su cooperación y apego a los acuerdos a los que se lleguen aún está en duda.
Así mismo, Estados Unidos seguirá muy de cerca el desarrollo de las negociaciones al ser Colombia uno de sus principales aliados estratégicos en la región. Los resultados seguramente determinarán la continuidad de la cooperación económica y técnica que han brindado en materia de seguridad, así como las bases bajo las que se negociarán pendientes en otros ámbitos. Finalmente, habrá que evaluar cómo la participación de Cuba, así como de otros actores regionales que intervinieron en negociaciones pasadas como Ecuador y Chile, juegan en el escenario de alianzas regionales.
El primer ciclo del proceso durará hasta mediados de diciembre y determinará la arquitectura bajo la cual se desarrollará la dinámica de negociación. Aunado a los puntos esbozados, permanece el desafío de que la sociedad se sienta representada en el proceso y que a la voluntad política se sume un compromiso inamovible con el resarcimiento a las miles de víctimas del conflicto armado. El diálogo es importante para cualquier tipo de negociación política; pero para lograr la paz se necesita de una sólida confianza que, de momento, se encuentra aún endeble.
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