Alguien me dijo alguna vez que la historia de los leones africanos se ha contado por sus cazadores, como pasa con tantas historias que han sido escritas por los conquistadores y no por los conquistados, por los victimarios y no por las víctimas, por quienes han robado protagonismo a lo ajeno, tergiversando la identidad misma de los verdaderos protagonistas. De ahí la importancia de poner a prueba los sesgos propios, de cuestionar saberes heredados de forma milenaria, en un intento por develar qué hay detrás de los complejos entramados que ofrece el panorama actual e ir más allá de lo que pareciera estar escrito sobre piedra.
Hablar de un país en donde en promedio tres personas son asesinadas diariamente a manos de la policía resulta escandaloso, trágico y profundamente incompatible con el estado de derecho que ofrece el modelo de democracia liberal al que tantas naciones aspiran a seguir. Hablar de un país en donde en promedio tres personas son asesinadas diariamente a manos de la policía automáticamente enciende nuestras filias y fobias, atribuyendo la desgracia a latitudes de la periferia, a las vías del desarrollo, a los lugares que parecen condenados a su propia historia. Hablar de un país en donde en promedio tres personas son asesinadas diariamente a manos de la policía no tiene cabida en el ‘primer mundo’, en donde la vara con que se mide a otros no aplica para sí.
Esta funesta cifra encierra la catastrófica coyuntura que atraviesa actualmente Estados Unidos. La misma que ensució cualquier noción de justicia tras la sentencia a Derek Chauvin, policía responsable del asesinato de George Floyd, ya que, desde el inicio del juicio en marzo al día de hoy, más de 64 personas más han sido asesinadas por agentes policiales. De éstas, más de la mitad eran afroamericanas y latinas. En más del 98% de los incidentes reportados entre el 2013 y el 2019, los oficiales responsables no fueron procesados. En un país en donde se ha vuelto evidente que imperan las violaciones a derechos humanos, en donde la confianza en las instituciones se encuentra endeble y en donde el sistema policial y el sistema de justicia se han destacado por funcionar a través de una lógica racista y discriminatoria de forma sistémica, ¿cómo comenzar a hilar soluciones ante una injusticia sempiterna que parece irreparable?
El propio movimiento de Black Lives Matter lo ha dejado en claro: sin justicia no habrá paz. Sería ingenuo pensar en una ruta única e inequívoca en un conflicto tan hondo y complejo. Sin embargo, seguir pensando en las mismas soluciones que han resultado infructuosas implica continuar bajo una lógica unilateral y occidentalizada, bajo la cual, se mide y castiga el conflicto. Es precisamente ésta la principal crítica que se ha hecho tanto al pensamiento de Hobbes, Locke, Rawls y Nozick de una justicia trascendental e institucional, así como a los mecanismos de impartición de justicia internacionales, en donde los casos se han concentrado principalmente en regiones como América Latina, África y el Medio Oriente.
Desde su nacimiento en la década de los ochenta, la justicia transicional ha servido como un parteaguas en los mecanismos disponibles para hacer frente a abusos a gran escala y atender las consecuencias de conflictos de una manera integral. Especialmente, ha servido como una salida alternativa a las medias tradicionales, en general meramente económicas o punitivas, que han desembocado en una escalada del conflicto en el corto o mediano plazo. A través de distintos mecanismos, se pretende que la sociedad en su conjunto llegue a un punto de reconciliación y entendimiento con las causas, actores y efectos del conflicto. La parte más positiva de este proceso es que las víctimas son las protagonistas, teniendo la posibilidad de dar su testimonio y ser reconocidas al compartir sus experiencias.
El hecho de que actualmente Estados Unidos no atraviese un proceso de transición per se al ser una democracia consolidada, no exime la posibilidad de pensar en un modelo de resolución de conflictos de este tipo. Por el contrario, la base de cualquier proceso de justicia se basa en la aceptación. Mientras que se ha admitido un pasado esclavista y explotador, esta nación ha sido incapaz de reconocer abiertamente y en su totalidad su presente realidad: una crisis de derechos humanos a nivel nacional. La profunda inequidad estructural que perpetúa estos eventos no solamente se refleja en la brutalidad policial, sino en cada ámbito de la vida cotidiana. Romper con la retórica de un país libre de atrocidades y epítome del “deber ser”, puede ser el inicio de un ejercicio de autorreflexión que lleve a nuevos puertos.
En la actualidad, ya se están realizando algunas medidas que, aunque no bajo ese término, se encaminan hacia un proceso de justicia transicional. Entre éstas se encuentran el establecimiento de la Comisión de verdad y reconciliación de Maryland en 2019, para esclarecer los linchamientos raciales en este estado, así como la propuesta de una Comisión nacional de la verdad sobre raza, iniciativa de la Representante demócrata Barbara Lee y similar a la presentada en el Senado por el demócrata Cory Booker. Cabe destacar que los esfuerzos no han venido únicamente del gobierno. Un ejemplo en el ámbito educativo es la iniciativa de la Universidad de Berkeley en California para investigar casos de racismo en el campus, lo cual, condujo a reformas en el departamento de seguridad y a la creación de becas como medida de reparación. Aunque todas ellas son importantes y necesarias, evidencian la falta de una solución integral y multidimensional.
Por su parte, existen por lo menos tres retos a considerar. Si bien durante los primeros 100 días de la administración de Joe Biden se han realizado acciones que demuestran su compromiso con la causa, no debe dejarse de lado que el Partido Demócrata cuenta con una flexibilidad limitada en el quehacer legislativo, en especial en el Senado, lo cual dificulta la posibilidad de una reforma policial ambiciosa. Asimismo, y pese al punitivismo que esto implica, la responsabilidad penal es uno de los pilares fundamentales de la justicia transicional en términos de rendición de cuentas. Sin embargo, en Estados Unidos enjuiciar a elementos de la policía es la excepción a la regla. En gran medida, esto se debe a que, para hacer efectivo lo establecido en el código penal, la fiscalía debe demostrar más allá de la duda razonable la deliberación en el actuar del responsable, así como probar que la fuerza utilizada fue desproporcional e irracional. Este estándar es lo que ha hecho que muy pocos casos sean perseguidos penalmente a menos que haya pruebas irrefutables, sumado a la presión social y mediática. Y, finalmente, la idea de un establecimiento de comisiones de la verdad y la creación de canales de comunicación se ha visto obstaculizada. Aunque este déficit de participación pública y comunicación puede plantearse como parte de una crisis global, el desgaste de las relaciones Estado-víctimas frente a los eventos recientes aunado al clima de polarización que se vive en el país, puede deteriorar este paso fundamental en pos de la verdad, la reparación del daño y la garantía de no repetición.
En su obra La idea de justicia, el economista y Premio Nobel, Amartya Sen, hace una crítica de la noción de justicia como perfecta e impoluta. Entenderla como tal ayuda a clarificar que los procesos de construcción de paz son tan imperfectos como la propia justicia, pero no por ello carecen del potencial de transformar los abusos e injusticias pasados y presentes. Parte de lo que implica la reconciliación, como la etimología de la palabra lo indica, es un retorno a la asamblea, a la unión y al acuerdo con otros, teniendo presente que no hay libertad sin justicia; no hay seguridad sin justicia; y no hay paz sin justicia.
Raquel López-Portillo Maltos
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