El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Datos Personales (INAI) ha sido clave para desentrañar algunos de los escándalos políticos más importantes en la historia reciente, pues entre sus tareas se encuentra la de encauzar y resolver las solicitudes que interpone cualquier persona interesada en obtener información sobre las autoridades y dependencias que ejercen recursos públicos.
A pesar de su importancia, el INAI es uno de los siete organismos autónomos que la 4T pretende eliminar a través de una reforma constitucional, la cual estaba prevista para discutirse en el pleno de la Cámara de Diputados este miércoles 13 de noviembre. No obstante, la discusión fue aplazada.
Pese a este retraso, ante la aplastante mayoría que Morena y aliados han afianzado en el Congreso de la Unión, todo apunta que el organismo se encuentra en la antesala de su desaparición.
A través de viñetas de cómic, te presentamos cuatro escenarios de universos alternativos que imaginan cómo habría afectado la ausencia del organismo autónomo en algunos de los casos de corrupción y violaciones de derechos humanos más importantes de los últimos años.
No son todos, pero creemos que son los casos más representativos. Bienvenida, bienvenido, a lo que hemos denominado: “El multiverso del INAI”.
La Casa Blanca de Peña Nieto
En noviembre de 2014, la investigación periodística “La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto”, reveló que el entonces Presidente poseía una casa en la calle de Sierra Gorda 150, en Lomas de Chapultepec, con un valor de 7 millones de dólares.
La mansión fue construida por Grupo Higa, un conjunto de empresas que ganaron la licitación del tren México-Querétaro y que previamente obtuvo contratos para múltiples obras cuando Peña Nieto fue Gobernador en el Estado de México. El equipo de periodistas de Aristegui Noticias realizó solicitudes de información vía transparencia para obtener contratos que exponían la relación de Higa con el político priista, así como copias del trámite y planos de la obra construida en la Alcaldía Miguel Hidalgo.
Lee también Retroceso de 25 años en transparencia si desaparece Inai, advierten
Además, las respuestas a solicitudes de transparencia ayudaron al equipo de periodistas a confirmar que el Estado Mayor Presidencial resguardaba la propiedad porque ahí se encontraba el exmandatario. Sin el INAI y la legislación en materia de acceso a la información, habría sido mucho más difícil obtener los documentos que evidencian la relación de Peña Nieto y su entonces esposa, Angélica Rivera, con el inmueble.
Las empresas fantasma de Javier Duarte
En 2016, el medio Animal Político dio a conocer que la administración del entonces Gobernador de Veracruz, Javier Duarte, otorgó 73 contratos a una red de 21 empresas fantasma, por un monto de 647 millones de pesos.
El mismo año, la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) reveló otras 45 empresas fantasmas que recibieron contratos por 623 millones de pesos en la entidad. Las investigaciones recurrieron a información obtenida a través de solicitudes de transparencia.
Actualmente, el exgobernador se encuentra privado de su libertad cumpliendo una sentencia por los delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Tras ser detenido y encarcelado, se le confiscaron 40 propiedades que expusieron el lujoso estilo de vida que llevaba Duarte junto con su ex esposa, Karime Macías.
Lee también Llama presidente del Inai a no desaparecer instituciones
Corrupción en Segalmex
De 2019 a 2020, diversos medios de comunicación empezaron a documentar una serie de irregularidades en Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). Según Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, la red de corrupción está ligada a la entrega de convenios millonarios irregulares, el extravío de estados financieros y el otorgamiento de contratos a empresas fachada vinculadas con empresarios que ahora construyen lujosos desarrollos inmobiliarios.
Hasta ahora, el desfalco se ubica por encima de los 15 mil millones de pesos, de acuerdo con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. La propia administración de Segalmex durante el pasado sexenio intentó clasificar como información reservada durante 5 años todo lo relacionado con las denuncias por hechos de corrupción de sus propios funcionarios ante la Fiscalía General de la República (FGR).
No obstante, esta medida fue revocada por el INAI en 2023 y en abril de 2024 también instruyó a la Secretaría de la Función Pública revelar los actos de fiscalización que determinaron el presunto desvío de recursos en la dependencia federal.
René Gavira Segestre, quien fue titular de la Unidad de Administración y Finanzas de Segalmex, fue vinculado a proceso el pasado 1 de mayo por el delito de delincuencia organizada. El exfuncionario está acusado de autorizar un convenio fraudulento que dejó pérdidas al erario por más de 142 millones de pesos.
Lee también Adrián Alcalá llama a diputados a analizar con detenimiento desaparición del INAI; pide reflexión y diálogo
Las fosas clandestinas en San Fernando, Tamaulipas
El municipio de San Fernando, en Tamaulipas, ha padecido algunos de los casos más estremecedores ante la violencia ocasionada por el crimen organizado en México. En 2010 se registró el hallazgo de los cadáveres de 72 migrantes y en 2011 se encontraron 196 osamentas en 47 fosas clandestinas ubicadas en el mismo municipio.
Según ha documentado la periodista Marcela Turati, San Fernando es un municipio clave en las rutas de acceso a la frontera norte, donde el crimen interceptaba automóviles particulares y autobuses de líneas comerciales. Los criminales bajaban a personas que les parecían sospechosas de ser reclutadas por grupos rivales y las ejecutaban.
En mayo de 2023, la Suprema Corte de la Nación avaló la resolución del INAI que ordenó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) proporcionar una versión íntegra de un expediente relacionado con el hallazgo en 2010 de fosas clandestinas en San Fernando, por tratarse de una investigación sobre violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad.
La CNDH promovió ante la Suprema Corte una controversia constitucional, argumentando que el INAI se atribuyó competencias para determinar que la información del expediente se trataba sobre hechos relacionados con violaciones graves a derechos humanos, cuando esa facultad le corresponde a la Comisión Nacional. No obstante, la Corte falló a favor de la resolución del INAI.
