Por Emilio Pradilla Cobos
Hace unos días la Cámara de Diputados aprobó la minuta, enviada por el Senado, de la propuesta presidencial de modificaciones a las normas constitucionales y legales que rigen el funcionamiento del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) (EL UNIVERSAL, 1/2/2025). Los cambios que le introdujeron los diputados al texto original exigen que vuelva al Senado para su validación, lo cual parece garantizado por la práctica conocida del manejo legislativo del partido de Estado.
Según los políticos de Morena, el “nuevo” Infonavit garantizará que la presidenta cumpla su promesa de construir en su sexenio un millón de viviendas “de interés social” y “mejorar” 500 mil más; pero esta meta es muy limitada pues el déficit existente en el país, según la Cámara Nacional de Desarrollo y Promoción de la Vivienda (Canadevi), es de más de 9 millones de unidades (EL UNIVERSAL, 26/12/2024), concentrado en los sectores populares empobrecidos, lo cual implica que estaremos muy lejos de resolver, por segundo sexenio seguido, el problema de la vivienda para los trabajadores, ya que el faltante sigue acumulándose. Recordemos también, como elemento contradictorio de las políticas estatales de vivienda que no cambia sustantivamente en la actual reforma, que en la década de 2010, cuando ya habían quebrado las mayores inmobiliarias vivienderas que eran base de su versión neoliberal, se hablaba también de 5 millones de viviendas no vendidas, abandonadas por sus compradores, desvalijadas o invadidas por el crimen organizado y los migrantes, debido a sus pésimas condiciones de habitabilidad. Esta fue, entre otras, una causa de la quiebra de esas empresas.
En realidad, la “nueva ley” es un retorno al pasado pues la obligación de los empresarios de dar vivienda a sus trabajadores, o la vivienda en renta administrada por los organismos estatales, ya habían estado vigentes antes de la creación del Infonavit; y este organismo pudo llevar a cabo la construcción de vivienda durante 30 años, hasta la reforma de 1992 hecha por Salinas de Gortari. Con la “nueva” reforma, solo volvemos tímidamente al pasado intervencionista estatal keynesiano, que no resolvió en esa época la penuria de vivienda.
En nuestra realidad, la escasez de vivienda para los sectores populares está causada por la falta de empleo estable y bien remunerado que los haría “sujetos de crédito” en el mercado público o privado de vivienda, pero que lleva al 55% de la población económicamente activa (PEA) a la llamada informalidad, incluido el mortal sicariato para el crimen organizado, y al alto costo de la vivienda, añadida la llamada “de interés social” (EL UNIVERSAL, 26/12/2024). De hecho, el Infonavit no financia actualmente unidades al alcance de cerca de 9 millones de sus inscritos, de donde saldrán, en parte, los 2.4 billones de pesos del fondo de cotizantes que la reforma autoriza al Estado a utilizar, a riesgo de su pérdida por los trabajadores, para los programas del Instituto. ¿O piensa Morena que siempre estará en el gobierno para “protegerlos”? Estas causas reales del déficit de vivienda popular no son tocadas siquiera por la “nueva ley” del Infonavit, la que no afecta la operación de otros muchos organismos estatales nacionales —el Fovissste por ejemplo— ni por otras acciones de la 4T.
Resolver el déficit de vivienda popular implica tocar otros muchos aspectos del patrón de desarrollo vigente en México. Como hemos señalado en repetidas ocasiones en las publicaciones de Por México Hoy, es necesario, al mismo tiempo, avanzar hacia la absorción formal de la informalidad, reduciendo el desempleo estructural, garantizar su estabilidad laboral y la elevación del salario real de todos los trabajadores —no solo de los que perciben el salario mínimo y que son los más pobres de los pobres—; al mismo tiempo, establecer subsidios reales crecientes en proporción inversa al ingreso hasta llegar a la gratuidad para los más pobres, y también controlar el mercado de suelo para esta vivienda y los precios de los materiales utilizados en la construcción. ¿Estará el gobierno federal actual interesado en estas verdaderas reformas que, desde luego, afectarán negativamente a quienes acumulan ganancias y capital gracias a la producción de vivienda popular?
Integrante de Por México Hoy
