Emilio Pradilla Cobos
Durante las cuatro décadas transcurridas bajo el patrón neoliberal de acumulación de capital, en el mundo, en América Latina y México, el capital financiero ha sido la fracción dominante en la economía capitalista, fundiéndose con los demás sectores del capital, incluido el inmobiliario, basándose en su apetito de financiamiento, y dominándolos.
Debido a la necesidad de los inmobiliarios y constructores de disponer de capital adelantado para el proceso de construcción, prolongado en el tiempo, y la recuperación de la inversión y la ganancia de todos los actores empresariales participantes en períodos de veinte o más años, causada por el alto costo de los productos, la participación financiera se hace indispensable en sus negocios, llegando así a definir qué, donde, para quien y cuando se construyen inmuebles.
En México y sus grandes metrópolis, incluyendo la capital, durante las cuatro décadas pasadas, hasta hoy, ante una desindustrialización acelerada, solo la construcción actúa como forma de producción objetiva de valor y creación de empleos informales estacionales y con bajos salarios, por tanto, sustento de la economía capitalista real, por lo cual los gobiernos locales y el nacional han apoyado irrestrictamente al capital inmobiliario-financiero tanto con la poca planeación, regulación y control urbano, como en la integración en la legislación de formas de evadirla como la fusión de predios, los polígonos de actuación, la transferencias de potencialidad, las alianzas público-privadas y las áreas estratégicas de desarrollo que permiten evadir la regulación establecida por los planes de desarrollo, y subsidios y devoluciones de impuestos y otras leyes.
Nuestras ciudades, por lo general carentes de planes de desarrollo y regulaciones de urbanización, se han llenado de edificios en altura, altas torres que compiten por el deshonroso título de “la más alta de América Latina”, y se encuentran cientos en proceso, que desde luego no podrán ser accesibles a la mayoría de población trabajadora, de informales sin empleo estable y con muy bajos salarios -incluyendo a los obreros de la construcción- , ni adquirir en el mercado un bien de este costo y requerimientos. El capital inmobiliario-financiero se ha convertido en el sector privilegiado y apoyado por todos los gobiernos locales de las grandes metrópolis, creando las condiciones objetivas para corrupciones tan graves como las cometidas por el cartel inmobiliario. La solución de los agobiantes problemas urbanos requiere, por tanto, enfrentar este gravísimo problema.
Sostenemos, con las razones objetivas en la mano, que los gobiernos a punto de elegirse, deben imponer al capital inmobiliario-financiero constructor y a sus diseñadores, estrictas e inviolables medidas de regulación y control que impidan las graves afectaciones a la planeación, la vida cotidiana de los ciudadanos en las metrópolis afectada cada vez más por el tráfico vehicular -no resuelto por su electrificación- la disponibilidad de agua y otros servicios, la contaminación ambiental y el cambio climático generadas por el capital inmobiliario-financiero y sus patrones de construcción, hoy dominantes en las metrópolis del país bajo la forma de alejadas, cualitativamente muy deficientes y carentes de servicios públicos y bienes urbanos de las unidades de vivienda producidas desde los años noventa mediante las reformas de Salinas de Gortari -aún vigentes- y la reconstrucción de áreas internas mediante altas torres encerradas en si mismas por las amenidades, que usan el aire como bien común sin pagarlo, en una competencia irracional y dañina para la comunidad urbana toda. No damos recetas, pues debe ser la tarea de los planificadores en cada lugar específico.
Además de la regulación, que debe aplicarse estrictamente, hay que reformar aquellas otras normas que permiten judicialmente -urbanismo de barandilla- evadir esta regulación y control, introducir normas que eliminen los despojos y expulsiones de habitantes populares, y las adquisiciones leoninas de suelo por los constructores y aplicar medidas que permitan al Estado y sus diversos gobiernos locales recuperar una parte sustancial de las ganancias de renta que obtendrían los propietarios territoriales individualmente a partir de la acción estatal o de toda la población urbana, financiada colectivamente por la ciudadanía. Solo así podrá algún gobierno sostener con razones ciertas que la población vive mejor, tiene bienestar, sale de la pobreza y muchas otras frases que oímos a todas horas en tiempos electorales.
Profesor-investigador universitario, miembro de Por México Hoy.
