Por CARLOS LAVORE
La pesca extractiva consiste en capturar, cazar, segar o recolectar recursos hidrobiológicos sin limitaciones de ningún tipo.
Cuando pronunciamos “México” automáticamente nos remitimos al mapa territorial con exclusión de los mares. La dimensión marítima no se dibuja en nuestras mentes. Parece que ocurre lo mismo con el gobierno. Los mares del país están mal atendidos y su gran riqueza se encuentra en situación de riesgo por sobreexplotación, pesca ilegal, vulneración de áreas marinas protegidas, degradación de ecosistemas, efectos del cambio climático e indolencia gubernamental.
El territorio mexicano tiene la parte continental con 1,964,375 km2 y los mares territoriales y zonas económicas marítimas exclusivas que en conjunto constituyen el mar patrimonial con 3,149,920 km2. Es decir, un total de 5,114,295 km2, con una población estimada de casi 130 millones de personas (INEGI, 2024).
Los litorales de México tienen una extensión de 11,122 km en su parte continental, sin incluir los litorales insulares. De estos, 7,828 km corresponden al Océano Pacífico y Golfo de California y 3,294 km al Golfo de México y Mar Caribe.
Existen 102 puertos marítimos y 15 terminales fuera de puerto. 62 en el Pacífico, 7 en el Mar Caribe y 48 en el Golfo de México. Hay 451 pesquerías oficialmente reconocidas, según datos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (CONAPESCA). Estas pesquerías están distribuidas a lo largo de las costas en los océanos y golfos mencionados, además de aguas continentales como lagos y ríos.
Según el Registro Nacional de Pesca y Acuacultura, al mes de julio del 2021 la flota pesquera nacional se conformaba por 89,814 embarcaciones, de las que 2,353 eran embarcaciones mayores activas y operando y 87,461 embarcaciones menores destinadas a la llamada pesca ribereña.
México ocupa el 17° lugar a nivel mundial en producción pesquera. En 2023, produjo más de 1 millón 900 mil toneladas de especies pesqueras y acuícolas (sardina, atún, camarón, tilapia, huachinango, etc.). La cuarta parte es pesca ribereña que se realiza en aguas costeras, interiores y continentales, a bordo de embarcaciones menores como lanchas o pangas, que tienen menos de 10 pies de eslora.
La pesca ilegal es un problema mundial y representa aproximadamente 20% de la captura total. En México este porcentaje se duplica. Según CONAPESCA, la cifra alcanza un 40%, estimando entre 500 mil y 1 millón de toneladas adicionales a la pesca regular. Incluye camarón, pepino del mar, totoaba, vaquita marina, abulón, tiburón, raya y otras especies.
De la actividad ilegal participan flotas pesqueras extranjeras (chinas, coreanas taiwanesas), empresas nacionales con prácticas prohibidas, vulneración de vedas y sobrepesca. También, pescadores locales no regulados, por necesidad económica y falta de apoyos.
La presencia del crimen organizado se ha incrementado en los últimos años en el tráfico de especies de alto valor, en la extorsión y control de áreas, amenazas a comunidades pesqueras, lavado de dinero y corrupción de autoridades. No solo afecta la economía y la seguridad de las comunidades pesqueras, sino que también tiene graves consecuencias ambientales.
Entre 35 y 40% de las especies pesqueras se encuentran en deterioro. Sus poblaciones no toleran más capturas irregulares: están decreciendo por malas prácticas, sobreexplotación, contaminación del agua, crisis climática y por la destrucción de los hábitats costeros como manglares, humedales y arrecifes de coral, indispensables para la reproducción. La sobreexplotación de especies en peligro pone en riesgo la biodiversidad marina en México, uno de los países con mayor riqueza.
A pesar de ello, hay iniciativas oficiales como el Proyecto Saguaro (México Pacific Limited), para la construcción de un gasoducto desde Texas y de una planta de gas natural licuado en Puerto Libertad, Sonora, que afectaría seriamente la vida en el Golfo de California, dada la actividad y el tránsito de grandes buques de transporte. Es un despropósito con graves consecuencias y tiene la oposición de activistas, organizaciones ambientales y comunidades pesqueras.
En los últimos años la pesca ribereña ha disminuido notoriamente y, en consecuencia, el ingreso de los pescadores. Se estima que se ven afectados entre 250 mil y 300 mil pescadores, sus familias y su vida, organizada en torno a la actividad.
La Comisión Nacional de Pesca tiene registro de 10 mil organizaciones, que en su mayoría son sociedades cooperativas pesqueras. Ni asociaciones ni pescadores cuentan con el respaldo de programas de apoyo, económicos, financieros, técnicos y tecnológicos.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales contabiliza 232 Áreas Naturales Protegidas en 2024, de la cuales 68 son áreas marinas y costeras (según la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas), sin protección adecuada y con planes de manejo que no se aplican o no existen (cerca de la mitad de las áreas carecen de él).
La Secretaría de Marina no dispone de recursos suficientes, capacidad de equipo y tecnología adecuada para contener la pesca ilegal y el crimen organizado. La extensión de los mares, la gran demanda de productos ilegales, debilidades del marco legal y judicial, insuficiente colaboración interinstitucional, son parte del desafío a superar para tener eficacia.
Hay acciones implementadas por distintas instancias de gobierno como las que intentan proteger a la totoaba, la vaquita marina y otras especies, que tropiezan con las dificultades mencionadas de recursos, personal, tecnología, planes y con la sectorización y fragmentación operativa.
CONAPESCA depende de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación y CONANP de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) es responsable de la vigilancia y protección de especies y ecosistemas, pero carece de los recursos e instrumentos apropiados. En tanto la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO) juega un papel crucial en la investigación, monitoreo y generación de conocimiento para la conservación de la biodiversidad, pero está relegada.
Como puede verse la atención de los mares y las costas dispone de un amplio soporte institucional formal. En los hechos, prevalece la falta de coordinación, insuficiencia de recursos financieros, atraso tecnológico y de capacidades y ausencia de políticas integrales razonables.
Aun reconociendo la complejidad y magnitud del problema que afecta a mares y costas, el Estado Mexicano hace muy poco por enfrentarlo. Su repliegue no es casual, responde a la lógica del modelo impuesto que privilegia a las fuerzas del mercado y al capital privado, subordinando su desempeño y cediendo soberanía. En los mares se repite lo mismo que sucede con la minería, la agricultura, la maquila o los megaproyectos: el país se organiza en función de las prioridades globales y deja de lado el aprovechamiento racional de los bienes naturales, el apoyo a su población y el despliegue de las capacidades propias.
En contrapartida, muchas comunidades pesqueras trabajan en la recuperación de especies y restauración de pesquerías, pocas veces con apoyo oficial, dando un ejemplo que debería expandirse y tener más respaldo. Algunas de ellas:
La Organización de Pescadores Rescatando la Ensenada, en La Paz, trabaja en la recuperación del callo de hacha; Pacífica Sur, en Baja California, lo hace en las poblaciones de abulón y el Corredor San Cosme-Punta Coyote, con la restauración de una pesquería de escama. Las Almejeras de la Santa Cruz, en Altata, Sinaloa, están recuperando la almeja chocolata.
La Federación de Cooperativas Ribereñas del Alto Golfo de California impulsa la implementación de zonas de refugio pesquero y restricciones en la pesca para proteger especies en peligro, como la vaquita marina y la totoaba. En colaboración con las autoridades, han trabajado en proyectos para reducir el uso de redes que capturan incidentalmente a esta especie en peligro.
La Comunidad pesquera de Puerto Libertad, Sonora, se ha organizado para establecer zonas de no pesca y utilizar técnicas selectivas para minimizar la captura incidental, en protección de diversas especies. Allí mismo, pobladores locales, comunidades indígenas seris y treinta organizaciones ambientales se oponen al Proyecto Saguaro.
La Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera de Pescadores en Vigía Chico en la Reserva de la Biósfera de Sian Ka’an, Quintana Roo, impulsa pesca sustentable de langosta espinosa y cuidado del ecosistema.
La Cooperativa "Pescadores de Dzilam", Yucatán, ha establecido temporadas de veda y áreas de protección para asegurar la conservación de las especies. Además, implementan artes de pesca selectivas para minimizar el impacto en el ecosistema marino y, en paralelo, ofrecen actividades ecoturísticas controladas.
La Cooperativa Mujeres Pescadoras del Manglar, en Lagunas de Chacahua, Oaxaca, despliega una gestión comunitaria de las lagunas y el uso de métodos tradicionales de pesca que respetan las temporadas de reproducción de las especies, en particular la tichinda. La comunidad trabaja en la protección de los manglares, fundamentales para la reproducción de diversas especies marinas.
El Estado debe tener mayor presencia en el sector y definir políticas públicas integrales y coordinadas, con participación de los involucrados, para gestionar adecuadamente los mares y los recursos pesqueros, recuperar las especies en riesgo, controlar la actividad pesquera de gran escala, apoyar a los pescadores ribereños y perseguir con eficacia a la pesca ilegal.
Impulsar y fortalecer las organizaciones cooperativas y la cohesión de las comunidades. Para muchas de ellas, la pesca no es sólo una actividad económica, es una forma de vida con valores sociales y culturales transmitidos por generaciones
Desarrollar una estrategia integral con recursos suficientes, que incluya programas de apoyo, sistemas de créditos, desarrollo tecnológico y de capacidades, provisión de equipos, modernización de flotas, construcción de infraestructura, integración de cadenas de valor, comercialización y asesoría técnica.
Propiciar la coordinación, en todos los órdenes de gobierno, de las diversas instancias que intervienen en la atención de mares y litorales, tanto en la elaboración de planes y programas con participación social como en la gestión y operación
Retomar y actualizar la reforma a la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables (presentada en noviembre de 2022), para regular las intervenciones en el complejo sistema marítimo, priorizando sustentabilidad, compromiso gubernamental y participación de los pescadores en la toma de decisiones.
Eliminar las asimetrías que favorecen la importación de especies pesqueras en desmedro de los productos nacionales y los pescadores.
Impulsar que todas las pesquerías cuenten con plan de manejo sobre aprovechamiento sustentable de las especies, recuperación de las deterioradas, limpieza de las aguas, mantenimiento de los ecosistemas costeros.
Asumir el combate a la pesca ilegal en sus distintas variantes y, en particular, la presencia del crimen organizado, con la elaboración de programas específicos y el compromiso de los gobiernos locales, las fuerzas armadas y las policiales.
Impulsar el desarrollo de una cultura marítima integral en el conjunto de la población, por lo que significan los mares en la provisión de alimentos, como fuente de bienes naturales y por su pertenencia al espacio del país. Los mapas de México deben incluir el mar patrimonial.
La actividad humana depredatoria propicia el cambio climático y amenaza la biodiversidad y la vida. Lo que ocurra a futuro en nuestros mares y costas debe contribuir a disminuir la amenaza y preservar nuestro patrimonio, desde una visión soberana y participativa. Ello requiere un gobierno sensible, con el enfoque apropiado.
NOTA: Los datos consignados son de Conapesca, Semarnat, Conanp, Oceana, Mongabay Latam y revista Cámara (LXVI Legislatura).
@pormxhoy
