Por: Clara Jusidman
El PRI logró mantenerse en el poder durante siete décadas. Construyó instituciones públicas, distribuyó la tierra, desarrolló la infraestructura y las grandes empresas básicas del Estado, los servicios de salud, educación y seguridad social, apoyó el desarrollo industrial y el crecimiento económico y elevó el nivel de vida de las familias de las y los trabajadores hasta que decidió abrirse al mercado global deprimiendo los salarios.
Lo hizo controlando los procesos electorales y a los medios de comunicación; otorgando concesiones, contratos y trasladando empresas a los “cuates”; permitiendo la corrupción, manejando a los gobiernos locales, a los congresos y a los poderes judiciales; limitando la organización y la participación ciudadana en las decisiones sobre el proyecto de país. Trató a las disidencias con violencia y propició una sociedad crecientemente desigual.
Impidió el desarrollo del espacio cívico entendido, de acuerdo con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), como “el contexto que propicia que la sociedad civil desempeñe una función en la vida política, económica y social. En particular, permite que las personas y los grupos contribuyan a la elaboración de políticas que afectan a sus vidas, al facilitarles, entre otros: acceder a la información, participar en el diálogo, manifestar disidencia o desacuerdo, y unirse para expresar sus opiniones”.
Desde la década de los años 70, después del Movimiento del 68, empezaron a surgir organizaciones ciudadanas y movimientos urbanos populares que no fueron controlados por ese partido como solía hacerlo con sindicatos, organizaciones campesinas y populares. Organizaciones feministas, otras en defensa de la tierra, del medio ambiente y de los derechos humanos empezaron a crearse. Algunas vinculadas a grupos eclesiales de base y a diversas órdenes de la iglesia católica o de centros de educación.
Fue sólo hasta el quiebre propiciado por la Corriente Democrática a finales de la década de los años 80, que el PRI-gobierno se vio obligado a abrirse a otros partidos, a avanzar en reformas electorales importantes y a permitir el desarrollo del espacio cívico.
Este espacio empezó a crecer con movimientos indígenas, populares y estudiantiles, con organizaciones de la sociedad civil, de pequeños empresarios, de profesionistas, de organizaciones políticas que exigían participar en las decisiones de políticas, en las legislaturas y en los gobiernos mismos.
Después de la amplia participación de la población frente a los sismos de 1985 y ante el pasmo mostrado por los gobiernos federal y del DF, en los años 80 y 90 se crearon muchas organizaciones ciudadanas.
El cambio del partido en el poder en México en el año 2000 fue resultado, entre otros aportes importantes, del activismo ciudadano organizado. El ejemplo más emblemático fue la creación de Alianza Cívica en 1994 como una red de organizaciones en todo el territorio nacional que depusieron temporalmente sus agendas específicas para luchar por la democracia y observar las elecciones presidenciales.
A partir del año 2000 se avanzó en la creación de un ambiente propicio para la organización y participación ciudadana mediante fondos, instituciones, legislación y diálogo. El espacio civil se amplió y diversificó.
Desde ese espacio han surgido importantes aportaciones al bienestar de la población, a cerrar brechas de desigualdad y exclusión y en la defensa de los derechos humanos.
Un grupo de organizaciones se dedica a prestar servicios directamente a la población; otro defiende los derechos de personas y colectivos frente a perpetradores de abusos; otros más promueven legislación, políticas públicas y desarrollo de instituciones del Estado, vigilan y transparentan su desempeño, exigen transparencia y acceso a la información y denuncian la corrupción.
Las organizaciones y movimientos ciudadanos detectan y colocan en la agenda nacional problemas y necesidades que surgen en el territorio sin que las autoridades los hubiesen percibido. Es notable su capacidad para innovar y desarrollar buenas prácticas, incorporar nuevas tecnologías y estar al tanto y participar en los desarrollos internacionales que permiten un beneficio para las poblaciones nacionales.
La existencia de un espacio cívico abierto, amplio, diverso y libre, así como de un ambiente propicio para su desarrollo, hacen parte esencial de la vida democrática de los países. Lamentablemente los espacios cívicos están siendo sujetos de destrucción y de controles muy severos por las autocracias y el creciente autoritarismo en el mundo.
La ACNUDH sostiene que “Un espacio cívico abierto y pluralista que garantice la libertad de expresión y opinión, así como la libertad de reunión y asociación, es un requisito indispensable para que el desarrollo y la paz sean sostenibles”.
Integrante de Por México Hoy
